El día miércoles 15 de junio el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno venezolano formalizó la solicitud de extradición de Luis Posada Carriles ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Dicha petición para ser satisfecha cuenta con el respaldo de: el Tratado de Extradición Venezuela y Estados Unidos, suscrito el 19 de enero de 1922; el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado, en Montreal, el 23 de septiembre de 1971, y el Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, rubricado el 15 de diciembre de 1997, en Nueva York.

La abundante información aunada a las opiniones y comentarios de los "entendidos" y los tecnicismos jurídicos de los "expertos jurisconsultos" impiden al ciudadano común reparar en algunos aspectos de este caso. Una somera observación realizada a cierta distancia de lo ocurrido, permiten apreciar ciertos datos que la profusión de información intencionadamente oculta.

Algo de historia de historia del caso Posada Carriles

La Presidenta de Panamá,(a tan sólo cinco días de entregar su cargo), Mireya Moscoso, lo indulta el 26 de agosto del 2004, junto a otros cuatro terroristas acusados de preparar y casi llevar a la práctica un atentado contra el Presidente Fidel Castro y otros cargos en su contra. No se conoce de manera fidedigna cómo salió de Panamá Posada Carriles y los pasos que siguió ya que desapareció de la escena pública.

El 13 de abril del presente año, el abogado de Posada Carriles solicitó formalmente asilo político para él en Estados Unidos. Para darle solidez a su petición, el abogado sustentó que su cliente merece el asilo pues "durante cuatro décadas apoyó los intereses de Estados Unidos."

A partir de la petición de asilo hecha por el abogado de Posada Carriles la República Bolivariana de Venezuela solicita el 13 de mayo su detención preventiva por ser un prófugo de la justicia venezolana desde 1985 por estar acusado de ser el autor intelectual la voladura del avión cubano en donde fallecieron 73 personas. La solicitud fue entregada en forma oficial y directa, a los funcionarios de la Oficina Legal y de Extradición del Departamento de Estado Norteamericano. Según lo establecido en el Tratado de Extradición firmado entre los dos países.

Inicialmente el gobierno estadounidense no reconoce que Posada Carriles se encuentre en su territorio, pero le fue imposible negarla, después de varias declaraciones del terrorista a medios informativos norteamericanos, entre ellos, el periódico The Miami Herald. que publicó un reportaje completo en donde aparecían declaraciones de oficiales federales que afirmaban "no estar buscando activamente a Posada porque no hay órdenes de su arresto en Estados Unidos".

Luis Posada Carriles, cubano naturalizado venezolano, fue detenido el 17 de mayo en la ciudad de Miami por agentes del Departamento de Seguridad Interior (DSI) de Estados Unidos, y trasladado en medio de una fuerte presencia policial a una base en el sur de La Florida, donde son recluidos personas con problemas migratorios. Posada Carriles fue colocado bajo custodia inicial, por 48 horas, para determinar su condición migratoria. Posteriormente es trasladado a Texas por su ingreso a Estados Unidos desde México a través de ese estado.

Las contradicciones

El abogado de la defensa de Posada Carriles, Eduardo Soto, argumentó que su cliente es residente legal en los Estados Unidos y que nunca abandonó ese estatus, pese a que "su involucramiento con el gobierno estadounidense durante 24-30 años, le impidió retornar a Estados Unidos". Lo que no dijo el abogado fue que Posada Carriles estuvo en Venezuela varios años, antes de organizar la voladura del avión, por lo que este argumento no es válido para defender la residencia en Estados Unidos, si el juez se apega estrictamente a la ley norteamericana. El abogado también pidió un cambio de sede de la audiencia de El Paso, Texas, a Miami, Florida, y renovó la petición de asilo político para su defendido, a la que había renunciado cuando el terrorista fue detenido el pasado 17 de mayo por el Departamento de Seguridad Interna (DHS).

El único cargo contra Luis Posada Carriles en USA es un cargo civil, no penal, de carácter migratorio, vinculado estrictamente con su ingreso ilegal a ese país. A partir de este concepto, los abogados consideran tener suficientes razones para pedir a un juez de inmigración en El Paso que lo libere bajo fianza.

El juez William Abbott, de El Paso, Texas, fijó el 29 de agosto como fecha para el inicio del juicio migratorio contra el terrorista Luis Posada Carriles. La audiencia del 29 es para decidir sobre si incurrió en un delito en la violación de las normas de inmigración de EEUU

Los medios de difusión norteamericanos al igual que las agencias internacionales de noticias, así como la mayoría de los medios comerciales de difusión venezolanos presentan a Posada Carriles como un "cubano anticastrista" ignorando casi en su totalidad su condición de agente de la CIA.

Recientemente documentos desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia y el Buró Federal de Investigaciones confirmaron la participación directa de Posada Carriles en el plan de asesinato al presidente cubano, Fidel Castro, durante la celebración de la X Cumbre Iberoamericana en Panamá, en el año 2000. En los mismos documentos se le imputa al terrorista la autoría desde territorio venezolano de un atentado contra un avión cubano en 1976 que dejó 73 muertos, atentados contra hoteles en La Habana en 1997, con un muerto, y múltiples atentados con bomba contra intereses cubanos en el extranjero durante los años setenta, en conexión con la CIA.

¿Todos los inmigrantes "ilegales" tienen igual trato?

Cuando Posada Carriles es detenido en la Florida, las cámaras de televisión presentaron el trato que recibió el terrorista al ser detenido. No lo esposaron, como es costumbre cuando detienen a cualquiera en este país.. Lo llevaban del brazo, como si se tratara de un "abuelito" inofensivo rumbo a la misa del día.

Actualmente grupos civiles se organizan en Estados Unidos para combatir en forma armada, la inmigración ilegal, principalmente mexicana, y operan paralelamente a la labor de las autoridades de inmigración de ese país. Numerosas son las denuncias de organizaciones de derechos humanos acerca de la persecución de la que son objeto quienes tratan de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Sobre esas brigadas civiles pesan acusaciones de realizar verdaderas "cacerías" de inmigrantes y muertes no del todo investigadas.

Los Estados Unidos dentro de su política inmigratoria ha tomado medidas tan particulares como el establecimiento de un muro en su frontera con México. Sin embargo, en las épocas de cosecha nada dicen las autoridades de inmigración de los miles de mexicanos que llegan a ese país a desarrollar ese trabajo. El bajo costo de la mano de obra ilegal es preferido por los granjeros estadounidenses. Una vez finalizada la etapa de la recolección nuevamente la persecución a los "ilegales" arrecia.

Raramente las agencias de noticias internacionales y la prensa estadounidense informan sobre los "ajusticiamientos" que se producen en esa extensa frontera. Esos medios de difusión son los mismos que publicitaban profusamente cualquier incidente ocurrido años atrás en el desaparecido Muro de Berlín. Interesante sería conocer un estudio comparativo entre las muertes que se produjeron en el mencionado muro y las que se han producido en la frontera de México y Estados Unidos.

La noticia de la llegada del terrorista a Miami, y de su posible legalización, sale a la luz en momentos en que la Administración Bush presumía de una guerra contra el terrorismo, en nombre de la cual mantiene prisioneras a miles de personas en cárceles en Estados Unidos y en Guantánamo.

Cómo es posible que un terrorista tenga el derecho a pedirle un juez de inmigración que lo libere bajo fianza? ¿Por qué el gobierno de George W. Bush solamente lo acusa de ser un indocumentado y no lo certifica como terrorista?, aún cuando la solicitud de extradición, prevalece sobre el delito en materia de inmigración.

Al no certificar a Posada Carriles como terrorista, el gobierno de George W. Bush actúa en forma calculada y consciente de la situación, pues la intención es otorgar a Posada Carriles el derecho "a pedirle a un juez norteamericano de inmigración" intervención a su favor y lo libere. Si existiera un reconocimiento de su condición real de terrorista, la situación legal de Posada Carriles en los Estados Unidos sería otra diametralmente opuesta a la existente actualmente.

¿Está en condiciones el gobierno de un país que otorga un trato preferencial a una persona de las características de Posada Carriles, de "certificar" a otros países. ¿Es ésta una actitud moral?