Los feroces y continuos ataques al Poder Electoral que llegan al extremo de caricaturizar a sus autoridades y su labor, no son nuevos ni únicos, están inscritos en un objetivo de mayores dimensiones, salir del Presidente Chávez para poner fin al proceso revolucionario de cambios.

Primero, los grupos oligárquicos y reaccionarios de Venezuela trataron de impedir el acceso del actual mandatario a la presidencia. Después de su triunfo al no poder comprarlo o dominarlo con sus amenazas comenzaron a oponerse abiertamente a su gobierno. Una vez promulgada la Constitución e instaladas las nuevas autoridades se inició un nuevo período, indispensable para crear el nuevo ordenamiento jurídico acorde con los principios establecidos en el texto constitucional, que permitiera la implementación de los cambios contenidos en ella.

En ese período el Presidente es habilitado mediante Ley para producir Decretos con Fuerza de Ley en las materias que en ella se delega. En noviembre del año 2001 se promulga un paquete de 49 Leyes entre las cuales se encuentra la Ley de Tierras, la Ley de Pesca, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, entre otras. (http://www.asambleanacional.gov.ve)

Salir del Presidente Chávez ha sido el pregón mediático del oposicionismo, incursionando en todos los campos, realizado todas las acciones posibles y conseguir por cualquier medio al margen de la ley su objetivo. Particularmente significativa fue la violenta y enconada reacción del sector latifundista con la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, convalidada posteriormente, mediante la firma del Decreto Carmona. Con el tiempo la reacción de este sector incluye el asesinato de más de 130 campesinos. La oposición a las 49 Leyes lleva a los grupos opositores a realizar un paro patronal el 10 de diciembre de 2002. (El texto de dicho decreto puede ser consultado en: http://www.nodo50.org/alerta/carmona.htm )

A las acciones iniciales que culminaron en el Golpe de Estado del 11-A del 2002, prosiguieron marchas de "luto activo" durante varios meses y otras tantas exigiendo ¡Elecciones Ya!, ¡Vete Ya!, ¡Vamos a Contarnos! y ¡Ultimátum!; la recolección de firmas para la realización de un referéndum consultivo, en octubre de 2002, el que quisieron "obstinadamente" presentar como revocatorio desatendiendo la norma constitucional; el "paro nacional" el 21 de octubre de 2002 realizado sin cumplir los extremos legales del caso; la "toma" de la Plaza Altamira por los militares declarados "en desobediencia civil" en cuyo ínterin, se produjo el asesinato de varias personas; la entrega el 4 de noviembre de 2002, con gran despliegue publicitario y cobertura mediática de presuntamente "27 millones de firmas" recolectadas; el sabotaje a PDVSA y otro paro patronal en diciembre 2002 y enero 2003 con pérdidas a la Nación estimadas en US$ 20 mil millones; el "firmazo" el 2 de febrero de 2003 y la violencia callejera que generó cuantiosos daños en vías, bienes y cobró la vida de algunas personas conocida como: "guarimba".

¿Por qué hoy el ataque al Poder Electoral?

El afán golpista y desestabilizador hacia las Instituciones Públicas del Estado, que realizan algunos sectores oposicionistas no se reduce únicamente al CNE, otros Poderes han sido y son objeto del más despiadado ataque opositor. Ello es comprobable en los reiterados intentos –guión repetido- por desprestigiar a la Asamblea Nacional. La falta de respeto a este poder ha llevado a algunos parlamentarios de oposición desde romper y quemar leyes hasta introducir cerdos en sala de sesiones. El Tribunal Supremo de Justicia, cuyos tentáculos de la corrupción hizo posible la sentencia que exculpó a los golpistas en una vergonzosa sentencia el 14 de Agosto de 2000 también ha recibido los embates de los grupos opositores, tampoco escapan el Poder Ciudadano y más recientemente la Fuerza Armada Nacional. Todas estas acusaciones y ofensas las justifican con el fatuo argumento según el cual en el país no existe división de poderes.

Este sistemático ataque a las instituciones, que desde el partido mediático realiza el variopinto oposicionismo, busca mellar la credibilidad, deteriorar su imagen ante la opinión pública. Los señalamientos al Poder Electoral acusándolo de "ilegítimo" y "no independiente", persiguen descalificarlo como árbitro. Estos ataques son el medio que le sirven de excusa a algunos sectores de la oposición para señalar que en el país están "secuestradas" las instituciones, que "no existe gobernabilidad", argumento que no constituye ninguna novedad.

En repetidas ocasiones cuando en el país está próximo a realizarse algún evento especial o en los casos en los cuales participa Venezuela o cuando está prevista la participación del Jefe del Estado, surge el aquelarre mediático oposicionista con mayor fuerza. De esa forma ocurrió durante la XII Cumbre del G-15, que sirvió una vez más para que se minimizaran los acuerdos alcanzados al tiempo que se exacerbó la acción de los "guarimberos"; como probablemente tengan previsto ejecutar ante el advenimiento de eventos como la Cumbre de las Américas (Argentina) y la que tendrá lugar en Venezuela para abordar la Carta Social de las Américas, a la que se espera asista José Miguel Insulza, Secretario General de la OEA.

¿Es sólo de hoy el feroz ataque al CNE?

Los ataques y amenazas al Consejo Nacional Electoral no son nuevos, forman parte de un continuo que tiene ya algunos años de recorrido. Comenzó en el momento en que debía hacerse efectiva la ampliación de los derechos políticos establecidos en la nueva Constitución Nacional, aprobada en referendo popular, en diciembre de 1999. Esa ampliación exige la existencia de un órgano que los implemente. Por esa razón, la creación del nuevo poder que se encargue de esa responsabilidad se encuentra estipulada en el texto constitucional, desde el artículo 292 al 298.

En contraposición con los mandatos constitucionales los planes diseñados por los "tanques de pensamiento" al servicio de las empresas transnacionales y del Gobierno de los Estados Unidos, le asignaron como misión a los grupos opositores lograr la salida del Presidente Chávez para detener el Proceso Bolivariano. Del cumplimiento de dicha misión se derivan:

· La demora en la Asamblea Legislativa primero, en la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Electoral.
· La dilación en la designación del Comité de Postulaciones, encargado de seleccionar los candidatos a dirigir el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano rector del Poder Electoral.
· El tratar de reducir la función del CNE, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, a la realización del referéndum revocatorio del mandato del Presidente.

La designación y el mantenimiento de un Poder Electoral cumpliendo sus funciones entorpece los planes del Departamento de Estado. De allí la necesidad de seguir atacándolo.

Los ataques al CNE se intensificarán….

Dos eventos de trascendental importancia para la consolidación del Proceso Bolivariano tendrán lugar en diciembre de 2005 y 2006, ambos son contiendas electorales. El primero de ellos para elegir los miembros a la Asamblea Nacional y el segundo la elección del Presidente de la República. Dichos acontecimientos preocupan al gobierno de Washington, principal benefactor del sector oposicionista a través de la National Endowment For Democracy (NED), cuyo financiamiento para desestabilizar el gobierno bolivariano ha quedado en evidencia gracias a la investigación de la abogada estadounidense-venezolana Eva Golinger cuyos documentos pueden ser consultados en: http://www.venezuelafoia.info/espanol.html

La directriz de la administración Bush desde Washington es clara, todo cabe, todo vale con tal de deslegitimar al CNE. Por ello, a coro el oposicionismo-mediático no cesa en su alarido diciendo: "vamos a crear una crisis en la calle"; "el CNE es ilegítimo"; "el CNE es ilegal"; "hay un desbarajuste electoral, series de fraude"; "la directiva del CNE es ilegal"; "si le trampean las elecciones a los presos políticos" –en realidad políticos presos- "salimos a la calle". En cualquier caso, la intención es debilitar la institucionalidad del Poder Electoral, inhabilitándolo e incluso haciendo todo cuanto sea posible para que no exista, al menos con autonomía, sino subordinado como en la Cuarta República a los dictámenes de los obedientes partidos del "Pacto de Punto Fijo".

El objetivo por salir del Presidente Chávez, se frustra cada día que avanza el proceso revolucionario. Aunado al fracaso en los nueve procesos electorales -única vía legal y constitucional para acceder al poder- los grupos opositores añaden ahora los resultados ofrecidos por encuestadoras insospechadas de ser "chavistas", que sitúan la popularidad del Presidente Chávez en más del 60% de aceptación.

La carta que a cualquier costo se juegan los oposicionistas es deslegitimar a las instituciones, reiterando el llamado a la violencia callejera, producir disturbios y desordenes que permitan acusar de "ingobernabilidad" al Gobierno Bolivariano, justificando de ese modo la intervención de la OEA a través de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. A su pesar también será una nueva derrota al oposicionismo, a sus medios y a sus financistas en Washington.