Tema sobre el cual la oposición intenta engañar a incautos haciéndoles ver que Chávez quiere acabar con la propiedad privada
El derecho de propiedad como efectivamente lo han dicho voceros del gobierno, comenzando por el propio Presidente Hugo Chávez y hasta por el actual Presidente del Consejo Moral Republicano, el Defensor del Pueblo, Dr. Germán Mundaraín, no es sagrado, ni absoluto, tanto en nuestro país como en cualquier otro rincón del mundo, independientemente del régimen de gobierno que sea. De manera que es una impudicia del mayor calibre intentar engañar a los venezolanos con una campaña de ataque persistente a la institución de la expropiación, de la cual ha estado haciendo uso el gobierno en algunos casos últimamente, como instrumento eficaz previsto en el derecho público para atender las demandas y exigencias del desarrollo del país en beneficio del derecho colectivo nacional, con la falsa afirmación de que con ello se está atentando contra el derecho sacrosanto de la propiedad.
Es una insensatez y una absoluta ridiculez pretender sobre la base de la inquina y la mentira descarada, causar angustia y zozobra a la ciudadanía con el cuento de que el gobierno al decretar la expropiación con fines de utilidad pública está atentando contra el derecho a la propiedad. Los diseñadores de tal engañifa deben estar convencidos de que los venezolanos somos mentecatos y que nada o muy poco sabemos que el Estado para construir autopistas, líneas de transporte masivo, como el Metro o el ferrocarril hacia los Valles del Tuy que se inaugurará a finales del próximo año, tiene a su disposición como instrumento primario infaltable para acometer tales obras, la respectiva ley de expropiación pública o de interés social.
Braulio Jatar, abogado venezolano, quien –entendemos- en lo absoluto comulga con el chavismo y cuyo progenitor lo fue, según creemos recordar, un importante dirigente del partido Acción Democrática, haciendo gala de un alto sentido de la decencia y de la ética profesional, le salió al paso a esa campaña a través de un artículo publicado en un periódico capitalino especializado en temas económicos, a través del cual sostiene que la misma sólo pretende satanizar la expropiación, obviando ex profeso que es una figura del derecho público adoptada por todos los países del mundo, dejando muy en claro, además, que la legislación venezolana en el tema es muy tímida si la comparamos con la norteamericana, a cuyos efectos puso como ejemplo una decisión reciente de la Corte Suprema de ese país (junio/05), en la cual se acordó la expropiación de un conjunto de viviendas de particulares en beneficio de unos intereses económicos privados, quienes habían solicitado la media de la expropiación forzosa, con vista al desarrollo de un hotel y un centro comercial. El referido escrito fue parcialmente leído por el Presidente Chávez en su programa Aló Presidente del pasado domingo 9 de octubre.
De manera que el abogado Jatar cumplió el elemental deber de colocar las cosas en su justo lugar desenmascarando una farsa realmente vergonzante que el poder mediático quiso hacer pasar como otra de las decenas de atropellos que, en su incansable prédica, le hace el gobierno a los venezolanos de manera reiterada, buscando con ello, más allá de las gracias del régimen, creemos entenderlo así, la dignificación de la práctica jurídica, tan asquerosamente ejercida por algunos sujetos que últimamente se les ha visto figurar con una muy amplia cobertura en los llamados grandes medios escritos y radioeléctricos, actuando como líderes y/o asesores de primera línea de esa oposición que ha perdido el rumbo y que ha desistido encontrarlo, perpetuando en su estrategia política la opción de una insurgencia que se expresa sólo en la retórica de las falsedades y de las iniquidades, simple y llanamente porque no tiene apoyo alguno en el pueblo.
El tema de la expropiación, por lo demás, tiene en nuestro país expertos que lo han estudiado en profundidad y han escrito sobre el mismo tratados de alto valor, como lo es el caso del Dr. Allan Brewer Carías, a quien se le señala como coautor del “famoso” decreto dictatorial de Carmona Estanga leído aquel nefasto 12 de abril/02. No es posible descartar que el Dr. Jatar al ver que ese personaje ni otros de sus muchos colegas del derecho conocedores destacados de la institución de la expropiación, hacen mutis ante tantas mentiras que sobre el tema se elaboran en los laboratorios del poder mediático, para con ello manipular a la opinión pública y convencerla de que Chávez, efectivamente, no tiene otro objetivo sino el de acabar con la propiedad privada en Venezuela, haya decidido salir a la palestra pública con la verdad por delante.
Las elecciones parlamentarias fijadas para diciembre próximo y más aún las presidenciales del año que viene son ocasiones que una oposición totalmente extraviada, carente de liderazgos de todo tipo y que a pesar de los estruendosos fracasos que ha acopiado en su empeño por salir de Chávez como sea desde que éste asumió la Presidencia en 1.998, las quiere ver como nuevas oportunidades para el logro de ese objetivo, sin importarle que para ello opte por recurrir a la mentira como arma de lucha política, como siempre lo ha hecho.
Dice en su escrito Braulio Jatar que la “oposición tiene el derecho y la obligación de denunciar los errores, tropelías e injusticias del Gobierno nacional, pero con el compromiso ético de fundamentar su crítica en la verdad y no abusando de la buena fe de nacionales y extranjeros”. Y es así como debe actuar toda oposición aquí y en la “cochinchina”. No creemos que sobre ello pueda haber otro tipo de consideración que niegue la pertinencia de que la verdad debe prevalecer en todo tiempo y lugar.
Pero hay más de lo que ha dicho el Dr. Jatar sobre lo que significa dicha figura en la jurisprudencia norteamericana, en donde -como hemos visto- se admite en ese país, supuestamente el más respetuoso de la propiedad privada en el mundo, la expropiación para privilegiar intereses económicos privados, si vemos sólo a título de ejemplo para no extendernos demasiado, lo que prescriben sobre la materia las constituciones de Italia y de Alemania:
Constitución Italiana:
“La propiedad privada será reconocida y garantizada por la ley, la cual determinará sus modalidades de adquisición y de goce y los límites de la misma, con el fin de asegurar su función social y de hacerla accesible a todos.”
“La propiedad privada podrá ser expropiada por motivos de interés general en los casos previstos por la ley y mediante indemnización.”
“La ley podrá, con finalidades de interés general, reservar a título originario o transmitir mediante expropiación y con indemnización al Estado, a entes públicos o comunidades de trabajadores o de usuarios determinadas empresas o categorías de empresas que exploten servicios públicos esenciales o fuentes de energía o situaciones de monopolio y tengan carácter de interés general predominante.”
“Con el objeto de conseguir el aprovechamiento racional del suelo y de establecer relaciones sociales equitativas, la ley impondrá obligaciones y cargas a la propiedad rústica privada, fijará límites a su superficie según las regiones y las zonas agrarias, promoverá e impondrá la bonificación de las tierras, la transformación del latifundio y la reconstitución de las unidades productivas.”
Constitución Alemana:
“La propiedad obliga. Su uso deberá servir, al mismo tiempo, el bien común. Sólo procederá la expropiación cuando sea en interés común, y se producirá únicamente por ley o en virtud de una ley, que determinará la modalidad y el alcance de la misma. La indemnización se ajustará mediante una justa ponderación de los intereses de la colectividad y del afectado. En caso de conflicto se dará recurso ante los tribunales ordinarios en cuanto al importe de la indemnización.”
“La tierra y el suelo, los recursos naturales y los medios de producción podrán, con fines de socialización, ser transferidos a la propiedad pública u otra forma de economía colectiva mediante una ley que regulará la modalidad y la cuantía de la indemnización.”
Como vemos, el Dr. Jatar tiene toda la razón cuando afirma que nuestra legislación en materia de expropiación es tímida. Ciertamente, decimos nosotros, más que tímida es muy atrasada, por lo que sea ésta la inmejorable ocasión para reexaminarla de manera que en el próximo período de sesiones de la Asamblea Nacional, cuyos integrantes serán elegidos en los comicios de diciembre venidero, se le ponga a tono con las más avanzadas en la materia y de esa manera transformarla en una efectiva palanca de cambio para que la propiedad privada que no cumpla fines sociales y se le mantenga improductiva, sin excepción, sea trasmitida su propiedad al propio Estado o a grupos de trabajadores, así como todas aquellas que se correspondan con la explotación de servicios públicos estratégicos y/o que tengan el carácter de interés general predominante, al igual como lo prescriben las normas alemana e italiana, para que de esa forma entren a formar parte de los activos en plena productividad al servicio de un proyecto de país donde tenga relevante predominio el interés colectivo sobre los intereses individuales o de elites.
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