Tras varios días con el tema en boga, la fecha fue ya escogida: el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, asistirá este martes a la Asamblea Nacional (AN) para solicitar poderes especiales que le permitan legislar contra la corrupción y la guerra económica existente en el país.

Con el pueblo como guía, Maduro promete adecentar el ejercicio de la política dentro de las instituciones públicas, además de vigilar al sector privado que, de acuerdo a la lógica de Miraflores, se convierte en el cómplice principal de las irregularidades administrativas en las que incurren algunos funcionarios.

“Hay otros pasos que estamos evaluando en la alta dirección político-militar de la Revolución, y apenas yo tome la decisión de las distintas variantes que tenemos en el panorama, ese día convocaré al pueblo a lo que he dicho: tiene que ser una nueva etapa de la Revolución socialista”, advirtió durante el acto de entrega de sables bolivarianos a los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), efectuado el sábado en el Campo de Carabobo.

Entre el sí y el no

Maduro, en sus alocuciones más recientes, ha manifestado tener listo todo el cronograma para combatir estos flagelos.

Los dirigentes de la autodenominada Mesa de Unidad Democrática (MUD), en ese sentido, afirman que hay “suficientes” instrumentos legales para luchar contra la corrupción, mientras que desde la perspectiva del chavismo consideran que hace falta más “severidad en las penas” y colocar condenas ejemplarizantes a quienes incurran en delitos contra la “cosa pública”.

Con más de 100…

El artículo 203 de la Carta Magna establece que para solicitar una habilitante, el Jefe de Estado deberá contar con la aprobación de las tres quintas partes de los diputados presentes. Esto supone reunir 99 parlamentarios que respalden la iniciativa que propuesta por Maduro en estos momentos.

Del lado de la bancada revolucionaria, cuentan, en la actualidad, con 98 votos, tan sólo haría falta uno para lograr el objetivo. Sin embargo, el chavismo asegura que a esta iniciativa se unirán más de lo previsto.

“La oposición corrupta está muy preocupada por el diputado 99, imagínense que en vez de 99 tengamos 100 ó 101. ¡El miedo es libre!”, exclamó el presidente del parlamento, Diosdado Cabello, en respuesta a los señalamientos de algunos voceros de la derecha, quienes afirman que la única manera de conseguir el apoyo adicional es a través de un supuesto “salto de talanquera”.

“Yo tengo confianza en nuestros diputados que están apegados a sus principios a la voluntad y a la conciencia”, manifestó el actual gobernador de Miranda, Henrique Capriles, para advertir cualquier acuerdo que pudiera suscribir algún parlamentario de la bancada derechista.

Sorpresa mayúscula

“Hemos escuchado de un sector de la oposición la indignación que le representa el hecho que, desde hace 14 años, han venido hablando de la corrupción, han hecho grandes shows y escándalos sin probar nada. Hoy, cuando ponemos sobre el tapete la necesidad impostergable de hacer una Ley Habilitante para reformar todas las leyes que tengan que ver con el castigo a la corrupción, entonces reculan y toman el viejo atajo de que van a hacer perseguidos políticos”, manifestó el diputado pesuvista por el estado Carabobo José Ávila, en conversación con el Diario Ciudad VLC.

“La sorpresa va a ser mayúscula, cuando el día de la votación, se determinen mucho más de 100 diputados los que van a aprobar esa iniciativa por ser consecuente con el pensamiento de los últimos 14 años”, argumentó Ávila, rechazando, a su vez, la tesis de la supuesta “compra de conciencias”, que la MUD le atribuye al chavismo, sin que hasta ahora hayan presentado los elementos probatorios de esa acusación.

Pasos a cumplir

Para lograr la aprobación de la Ley Habilitante, independientemente de su área de acción o competencia, se deben cumplir con cinco requisitos fundamentales:

Inicialmente se manifiesta todo lo inherente a la presentación del proyecto, luego de que la AN haya aprobado la solicitud del Mandatario Nacional en funciones, de acuerdo al artículo 204 de la Carta Magna.

En la primera discusión en plenaria, la junta directiva de comprobará si éste cumple con las exigencias, según el artículo 145 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional (RIDAN). Luego, el texto es distribuido por la Secretaría a los parlamentarios dentro de los cinco días siguientes a su presentación, en función de evaluar la exposición de motivos, los objetivos, alcance y viabilidad del proyecto de ley.

De allí, pasa a la revisión por la comisión especial. Si el programa recibe el respaldo durante el primer debate, inmediatamente se remite a la delegación encargada de la materia para su análisis, tal como lo establece el artículo 208 de la “ley de leyes”, a objeto de valorar cualquier recomendación u objeción que se tenga.

Una vez recibido el programa, la junta directiva ordenará su distribución entre los asambleístas y fijará, dentro de los diez días hábiles siguientes, la segunda discusión del proyecto, salvo que, por razones de urgencia, se decida un lapso menor al estipulado.

Ya en segunda discusión, los diputados debaten artículo por artículo. Cada uno puede ser objeto de rechazo, aprobación o diferimiento para otra ocasión, de llegar a presentarse datos confusos.

Por último, una vez sancionada la ley, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial, con el correspondiente “cúmplase” y, con ello, su entrada en vigencia, según consagra el artículo 215 del texto constitucional en pleno.