Como una “pandemia”, si es válido el término, podría calificarse el fenómeno del contrabando de extracción desde Venezuela a Colombia. Lo que antes inició sólo con la fuga de combustible de un lado al otro, hoy dio un viraje que hasta los mismos 360 grados se “quedaron cortos”.
Desde un cepillo de dientes hasta reses beneficiadas pasan la frontera “como alma en pena” por las ganancias que generan en suelo neogranadino. Los productos de la canasta alimentaria en Venezuela se consiguen entre 10 y 20 veces más baratos que en Colombia, lo que representa un atractivo para quienes se dedican a este oficio, al margen de las leyes de ambas naciones.
DIFERENCIA DE PRECIOS
Para tener una idea de lo que se expone, el salario mínimo en Colombia quedó fijado, durante el 2014, en 610 mil pesos mensuales. Un kilo de carne de segunda cuesta, allá, alrededor de 12 mil pesos. Eso, al cambio ilegal, representa unos 500 bolívares. El mismo rubro lo consigue en Venezuela, en el mercado privado en 150 bolívares, en Pdval se ubica en 75 bolívares y en Mercal 16 bolívares.
Esta diferencia en los precios hace que los contrabandistas prefieran comprar los alimentos en Venezuela, para luego incrementarles el valor en el vecino país, obteniendo “jugosas” dividendos por estas operaciones. Sin embargo, el colombiano común, para poder “estirar” su sueldo, opta por comprarle a las mafias, ya que éstas venden hasta 40% más barato que el comercio formal neogranadino.
De acuerdo a diferentes fuentes económicas, las pérdidas para Venezuela oscilan entre cinco y ocho mil millones de dólares al año, entre fuga de combustibles y alimentos. Pero la cosa va más allá: cauchos, baterías, repuestos, lubricantes de todo tipo, cemento, medicinas y hasta papel moneda son “bachaqueados” hasta los límites fronterizos, que agrupan unos cinco millones de personas, según estimaciones gubernamentales, aunque la situación ya trascendió, también, hacia otras provincias centrales.
LA MATERIA PRIMA
Para que el “bachaqueo” pueda ser efectivo se requiere poner en práctica un conjunto de factores que hacen viable esta modalidad delictiva. El principal de ellos es la adquisición de billetes de altas denominaciones. Como en las zonas limítrofes en los estados Zulia y Táchira la circulación de 50 y 100 bolívares ha escaseado, los contrabandistas pagan 40 bolívares por cada billete de 100 que le consigan desde otras regiones y 20 por uno de 50.
Este plan también es materializado a través de trasferencias bancarias desde distintas “casas de cambio” ilegales que operan en la zona y que, asimismo, conforman una ramificación de las mafias organizadas, las cuales establecen el diferencial cambiario, a favor de sus intereses, mediante la oferta y demanda.
De esta manera pueden comprar en suelo venezolano los rubros que serán objeto de contrabando, sobre todo los que reciben subsidio del Estado, como Mercal, Pdval, Abastos Bicentenario, además de sobornar a determinadas autoridades civiles y militares para que se hagan de la “vista gorda” cuando pasan por las alcabalas.
Pese a los controles binacionales impulsados desde hace dos semanas atrás, en Cúcuta, a pocos metros del Puente Simón Bolívar, los “maneros” (agitan las manos con pacas de billetes) aún “adornan” las calles de esa provincia. “Cambio pesos por bolívares.”, dígame papito, ¿cuántos quiere?”, son algunas de las expresiones que lanzan los sujetos dedicados a este oficio, quienes de un lado a otro, abanican sus manos ostentando dinero de ambas naciones, bajo la mirada indiferente de algunos funcionarios de la Policía Nacional de Colombia.
“Aquí mucha gente vive de eso”, asegura un señor de tez morena, de unos 55 años de edad, quien sentado al frente de su casa reposa el almuerzo que acaba de “meterse”.
“¡Venga, vea! Detrás del bachaqueo están los ‘paracos’ (paramilitares) y a quien se le ocurra tocar a un “manero”, no amanece para contarlo”, refirió aquel hombre, quien confesó que dos de sus tres hijos viven de la reventa de “gasolina veneca” (expresión para referirse a todo lo proveniente de Venezuela), aunque reconoció que se les ha hecho más difícil adquirir el carburante, debido a la presencia activa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
CUESTIÓN DE MODELOS
De acuerdo a la percepción del diputado a la Asamblea Nacional, José Ávila, el problema radica en los modelos político-económicos que prevalecen en ambas naciones.
“El contrabando de extracción es el impuesto que la oligarquía colombiana le impone a Venezuela, como forma de paliar su resolución a no hacer una justa distribución de la riqueza en ese país”, argumentó el parlamentario en conversación con Ciudad VLC.
Ávila consideró que Bogotá debe abordar el tema “en su justa dimensión” y, de esta manera, emular políticas de inclusión social que ayuden a mitigar este flagelo, más allá del despliegue armado.
El representante del Poder Legislativo sostuvo que se debe establecer un patrón que les impida a las mafias que operan en los límites entre ambas naciones sacar provecho de esta realidad que afecta a la economía nacional, de manera de generar una dinámica con mayores controles que, a su vez, asigne un precio a los rubros comercializados en la frontera, en función de hacer poco atractivo esta práctica delincuencial.
@OswaldoJLopez
