El Congreso del PSUV tiene la oportunidad histórica de relanzar la revolución bolivariana, concretando el “golpe de timón” legado por el Comandante Chávez como testamento político póstumo, en el cual llamó a la autocrítica para rectificar y a consolidar la unidad de los revolucionarios para garantizar la victoria. Dos directrices que hay que interpretar con un enfoque dialéctico, vale decir, asumiendo que sin crítica y autocrítica dialógica permanente no será posible la unidad, porque esta es la resultante de una diversidad de fuerzas sociales y políticas que convergieron bajo el liderazgo del Comandante. Así fue como la izquierda se convirtió en una opción de poder frente un bipartidismo adeco-copeyano que parecía invencible. Pretender castrar la crítica con el argumento de que conspira contra la unidad, podría retrotraernos al escenario de una izquierda fragmentada y dispersa, sin contundencia para garantizar la continuidad de la revolución.
El Congreso debe hacer un balance autocrítico de la gestión de estos 15 años de gobierno revolucionario, para identificar aciertos y errores tanto en la concepción como en la ejecución de los planes y políticas públicas. Debe evaluar el proceso de construcción del Poder Popular para determinar hasta qué punto es realmente el motor de la transformación revolucionaria, sí está libre de sectarismos, de clientelismos y de la tutela de la burocracia estatal o partidista y, si tiene la capacidad efectiva de ejercer el autogobierno y la contraloría social para enfrentar la corrupción y el burocratismo.
Debe hacer una revisión de la política económica, para corregir su rumbo estratégico ante el fortalecimiento del modelo capitalista rentístico-importador, de la cual debe generarse una Nueva Política Económica para la transición, que promueva la construcción de un nuevo tejido productivo endógeno, que articule las PYMES, las empresas del Estado y la economía social, apoyándose en una política de inversiones soberana.
Para impulsar “la revolución dentro de la revolución”, el Congreso debería modificar el artículo 5 de los estatutos para eliminar la “cooptación” dedocrática en las elecciones internas, sencillamente porque es un método antidemocrático que bloquea esa posibilidad.
