Se trata de tres (3) aportes para el análisis del III Congreso Nacional del PSUV sobre adaptaciones del texto del autor: "Lucha de clases y rentismo petrolero en Venezuela", de agosto 12 de 2013. Rafael Enciso, Economista Investigador.
Caracas, julio 20 de 2014
Obstáculos para avanzar en la construcción del Poder Popular y el Socialismo en Venezuela y su superación (I)
Entre los principales obstáculos que hay que superar progresivamente para la construcción del Poder Popular y el Socialismo del Siglo XXI en Venezuela: con sus Consejos Comunales y Comunas; y con sus Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, que apliquen la Democracia Participativa y el Control Obrero como aspectos esenciales de la Gestión Socialista, están los siguientes:
1. La desarticulación de las instituciones públicas y la falta de eficiencia y eficacia en su gestión; la mentalidad pequeño burguesa, la ineficiencia, la falta de planificación y el pragmatismo inconsistente de la mayor parte de la burocracia con capacidad de decisión, del Estado y las empresas estatales (una parte de ella incrustada en los niveles de dirección del PSUV), con su interacción contradictoria y a veces complementaria con los sindicatos economicistas y con algunos de ellos que además tienen prácticas corruptas y mafiosas; todo lo cual el Presidente Maduro ha empezado a combatir aunque de manera aún insuficiente. Ambos, por sus intereses e ideología burguesa (en algunos casos pequeño-burguesa, pero burguesa al fin), con su expresión reformista liberal, reproducen constantemente el modelo capitalista rentista petrolero y el clientelismo político que de él se deriva. A la par que los elementos esenciales del sistema de explotación capitalista: La división social entre trabajo intelectual y material y la estructura jerarquica del trabajo, la alienación social, y la propiedad privada sobre los medios fundamentales de producción.
2. La fragmentación de la conciencia social, consecuencia de 500 años de colonialismo, neocolonialismo y capitalismo dependiente, con su característica división internacional y nacional, social y técnica del trabajo; de la alienación que a ella le es inherente; el egoísmo individualista, la mentalidad consumista, la falta de valores humanistas y de una conciencia realmente socialista en la mayor parte de los trabajadores y las comunidades; y por tanto, de una ideología revolucionaria anticapitalista, - aunque muchos de ellos sean honestos, de buena voluntad y aparentemente estén comprometidos con el proceso de transformaciones revolucionarias-, (les induce, aún de manera completamente contraria al heroico comportamiento que tuvieron los días 12 y 13 de abril de 2002, con el cual restituyeron al Presidente Chávez en el poder y luego con el cual resistieron el golpe petrolero de 2002-2003), a tener comportamientos oportunistas y a generarse privilegios personales y de grupo, cuando asumen cargos de dirección o de poder sobre recursos públicos o comunitarios, porque no pueden diferenciar con claridad qué es capitalismo y qué es socialismo; qué políticas públicas, qué tipo de gestión, qué decisiones y qué comportamientos o acciones, en las empresas y en el Estado, reproducen el sistema de explotación capitalista con sus variables reformista, socialdemócrata, o de capitalismo asistencialista, o “con rostro humano”, o cuáles contribuyen en verdad a construir el socialismo.
3. La división social entre trabajo material e intelectual y la estructura jerárquica del trabajo, que se reproducen amparadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y por la falta de aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras (LOTTT); lo que en conjunto constriñe la aplicación de las leyes del Poder Popular aprobadas entre los años 2010 y 2011), mediante las cuales, unos pocos, en general las élites burocráticas y los propietarios o gerentes de las empresas privadas, piensan, planifican y ordenan, mientras los demás, los trabajadores operativos, científico-técnicos o administrativos, en todas las escalas, cumplen operativamente las órdenes de los primeros, con lo cual se reproduce la alienación social y las bases fundamentales del sistema del capital y no solo del capitalismo, de acuerdo con Istvan Mészáros, con sus diferentes modos de producción y formaciones económico-sociales basadas en el antagonismo de clases, donde unos seres humanos son explotados por otros. La estructura jerárquica del trabajo se ve reforzada por el alto nivel de participación de militares en el Estado, quienes han hecho importantes aportes al proceso de la revolución bolivariana, empezando por el propio Presidente Chávez y los que participaron en la insurrección patriótica político-militar del 4 de febrero de 1992 y su complemento el 27 de noviembre del mismo año; pero que, como toda organización castrense: con su mentalidad y cultura de ordeno y mando, donde las ordenes no se discuten sino que se cumplen, y de obediencia debida de los rangos inferiores a los superiores, reproducen la estructura jerárquica vertical del trabajo, que paradójicamente se contrapone a la democracia participativa y protagónica, esencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), elemento fundamental para la transición al socialismo. Es necesario tener en cuenta que, el Presidente Chávez, consciente de la necesidad de avanzar en este sentido, desde principios del año 2007, incluyó en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013, la directriz IV, que dice: <
En la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadores (LOTTT), aprobada desde el año 2012, se establecen condiciones jurídicas claramente favorables para avanzar en la construcción de relaciones socialistas en el mundo del trabajo. Sin embargo esta Ley aún no se aplica en la práctica y es muy poco conocida por el conjunto de la sociedad, por los mismos trabajadores e incluso por los activistas revolucionarios, debido a que, ni el gobierno ni los mismos dirigentes de los trabajadores y sus organizaciones, han realizado campañas para difundirla.
En el capítulo III, DEL DERECHO AL TRABAJO Y DEL DEBER DE TRABAJAR – Objetivo del Proceso social del trabajo, art. 25., se dice lo siguiente: “El proceso social del trabajo tiene como objetivo esencial, superar las formas de explotación capitalista, la producción de bienes y servicios que aseguren nuestra independencia económica , satisfagan las necesidades humanas mediante la justa distribución de la riqueza y creen las condiciones materiales, sociales y espirituales que permitan a la familia ser el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas y lograr una sociedad justa y amante de la paz, basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria de los trabajadores y trabajadoras en los procesos de transformación social, consustanciados con el ideario bolivariano. En consecuencia, el proceso social de trabajo debe contribuir a garantizar:
- La independencia y la soberanía nacional, asegurando la integridad del espacio geográfico de la nación.
- La soberanía económica del país asimilando, creando e innovando técnicas, tecnologías y generando conocimiento científico y humanístico, en función del desarrollo del país y al servicio de la sociedad.
- El desarrollo humano integral para una existencia digna y provechosa de la colectividad, generando fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional y crecimiento económico que permita la elevación del nivel de vida de la población.
- La seguridad y soberanía alimentaria sustentable.
- La protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales.
En el proceso social del trabajo se favorecerá y estimulará el diálogo social amplio, fundamentado en los valores y principios de la democracia participativa y protagónica, en la justicia social y en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, para asegurar la plena inclusión social y el desarrollo humano integral.”
Aunque en esta Ley se incluyen nuevos y amplios derechos para la clase trabajadora y su espíritu general, sobre todo en título V, DE LA FORMACIÓN COLECTIVA, INTEGRAL, CONTINUA, COLECTIVA Y PERMANENTE DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADOREAS EN EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO, apunta a desarrollar la organización de los trabajadores y la formación de su consciencia y capacidades para ejercer la gestión plena del proceso social nacional del trabajo, los artículos de la Ley que contienen estos aspectos no han sido reglamentados y por tanto no han sido aplicados hasta el momento.
De manera real y permanente, consciente o inconsciente, las personificaciones del Estado en las instituciones públicas fomentan la división social y técnica del trabajo, así como la estructura jerárquica del mismo, y mantienen y estimulan la división entre trabajo directivo, operativo y de inspección. Esto deberá ser resuelto, para avanzar al socialismo, con la aplicación plena de la LOTTT y con la aprobación del proyecto de Ley de Consejos de Trabajadores, presentado desde el año 2007 por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) con el apoyo del Movimiento de Trabajadores por el Control Obrero y los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, cuyo debate, no por casualidad ha sido aplazado en la Asamblea Nacional durante siete años.
Todo lo anterior, limita o impide el ejercicio consciente de la democracia participativa y protagónica; hace posible marginar a los trabajadores y a las comunidades organizadas del poder real (económico, social, político y cultural); dificulta que los trabajadores tengan una actitud honesta, consecuente y favorable frente al trabajo, que permita aumentar la producción y elevar la productividad en las empresas; facilita su manipulación, así como la de las comunidades y hace posible que el control de los presupuestos sea ejercido en muchas de las instituciones públicas y en muchas de las organizaciones sociales, por todo tipo de oportunistas, capitalistas, burócratas y tecnócratas del Estado, o de contrarrevolucionarios saboteadores, algunos de ellos infiltrados en el PSUV y en los sindicatos, sobretodo en sus niveles directivos. Esto también ocurre en buena medida, en los mismos Consejos Comunales y Comunas, y Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, cuyos integrantes deben desarrollar su conciencia socialista, como expresión auténtica del Poder Popular en los territorios, en las instituciones y en las empresas.
Como apoyo a la construcción del Poder Popular y el Socialismo, en abril del año 2013, el Consejo Federal de Gobierno (CFG) con su Fondo de Compensación Interterritorial, aprobó los Lineamientos –de obligatorio cumplimiento- para elaborar los planes de desarrollo de los 23 estados del país para el período 2013-2016. En ellos se establecen: El Concepto de Desarrollo del Socialismo Bolivariano hacia el cual queremos avanzar, claramente diferenciado del desarrollo capitalista. Incluye seis dimensiones de la dinámica de la sociedad a tener integralmente en cuenta para la planificación: política, cultural, económico-productiva, social, ambiental y territorial. Establece la obligatoriedad de que, las Organizaciones de Base del Poder Popular y de los Movimientos Sociales participen activamente en todo el proceso de elaboración, ejecución y control de los planes, y de que los planes de desarrollo por ejes territoriales, denominados Planes de Inversión Comunal Participativa (PICP) elaborados por ellos para el año 2013, fueran tenidos en cuenta e incorporados en los planes estadales. Incluye una metodología de Planificación Estratégica Situacional Participativa y de Planificación-Formación- Acción, que establece como centro el cumplimiento del Programa de la Patria 2013-2019 con sus cinco grandes objetivos históricos y nacionales en los territorios de los estados, con sus poblaciones, culturas y características específicas, para definir las metas, y a partir de ellas, los problemas a resolver por medio de proyectos, acciones y demandas, que serán financiados con los recursos públicos. Se indica también el inicio del proceso de transferencia de competencias, gestión de servicios y otras atribuciones de los Poderes Públicos: nacional, estadales y locales al Poder Popular.
El Consejo Federal de Gobierno, es la institución inspirada por Chávez y creada por él, con las atribuciones y recursos necesarios para impulsar la transición del capitalismo al socialismo; superar de manera progresiva las desigualdades y desequilibrios territoriales acumulados a lo largo de 500 años de colonialismo, neocolonialismo y capitalismo dependiente, deformado y rentista petrolero; y promover y supervisar la transferencia de competencias de los poderes públicos al Poder Popular. En el CFG participan representantes del Gobierno Central, de los Gobernadores, Alcaldes y voceros del Poder Popular, cuya forma de elección debe ser cada vez más democrática, diseñando los perfiles socialistas adecuados para su elección y asegurando que los candidatos presenten sus propuestas programáticas, asegurando su cumplimiento o la revocatoria del mandato. El CFG, tiene la función de establecer los lineamientos que permitan articular y armonizar los planes de desarrollo nacional, estadales, regionales, sectoriales y del Poder Popular en un Sistema Nacional de Planificación Participativa Territorial (SNPPT) construido conjuntamente con la Comisión Central de Planificación (CCP), organismo que desafortunadamente no cumple sus funciones en este sentido y que en general quedó relegado en el cumplimiento de inspecciones a proyectos de especial importancia e interés para el Estado. Esto es algo que está realmente en mora y que debe ser objeto de urgente atención por parte del Gobierno. Este sistema tiene que apuntar necesariamente a crear los mecanismos que hagan posible la distribución de la renta petrolera y la elaboración del Presupuesto Nacional, su ejecución y control, con plena participación de los sujetos sociales del trabajo y el pueblo organizado en Consejos Comunales y Comunas, así como en Consejos de Trabajadores y Trabajadoras. Para que ambos, renta petrolera y presupuesto nacional, dejen de ser medios que impulsan la reproducción del Estado burgués y la reproducción ampliada del sistema capitalista; y en cambio se conviertan en medios e instrumentos claves de la transición del capitalismo al socialismo.
En este aspecto, es muy importante evaluar en profundidad el impacto que ha tenido en la planificación impulsada por el Consejo Federal de Gobierno, el método de gobierno en la Calle del Presidente Nicolás Maduro. Porque aunque este método permite efectivamente el acercamiento del gobierno al pueblo en barrios y comunidades para escuchar sus planteamientos, la aprobación pública e inmediata de las propuestas no permite realizar una evaluación política y técnica con metodología consistentemente socialista, que permita saber si esos proyectos contribuirán a mejorar sustancialmente la vida de las comunidades contribuyendo a construir el socialismo del siglo XXI en Venezuela, o si con algunos beneficios puntuales y temporales para las comunidades, contribuirán a reproducir el capitalismo dependiente y rentista petrolero que padecemos.
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El poder de la burocracia del Estado y su lógica de acción en la República Bolivariana de Venezuela y su influencia negativa en la construcción del socialismo (II)
“No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente, el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Este es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo; direccionarlo hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo.”
“Para avanzar hacia el socialismo, necesitamos de un Poder Popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana, capaz de configurar una nueva socialidad desde la vida cotidiana donde la fraternidad y la solidaridad corran parejas con la emergencia permanente de nuevos modos de planificar y producir la vida material de nuestro pueblo. Esto pasa por pulverizar completamente la forma Estado burguesa que heredamos, la que aún se reproduce a través de sus viejas y nefastas prácticas, y darle continuidad a la invención de nuevas formas de gestión política.”
Presidente Hugo Chávez
Programa de Gobierno presentado en 2012 al pueblo de Venezuela para los años 2013-2019, el Programa de la Patria
El poder de la burocracia del Estado y su lógica de acción
El poder de una parte significativa de las elites burocráticas, es decir, con poder de decisión y acceso a los presupuestos, en las empresas públicas y en el Estado, es transitorio en cada funcionario individual. Tienen con frecuencia un discurso aprendido de memoria, con el cual aparentan ser socialistas para mantener el cargo y engañar al pueblo.
Por supuesto, que también hay funcionarios honestos dentro del Estado y algunos son también auténticos revolucionarios, pero parecen ser una minoría en los cargos de decisión. Es expresión de la lucha de clases en el Estado y la sociedad, lucha entre revolucionarios y contrarrevolucionarios. El poder de las elites burocráticas, se articula de múltiples maneras, con el poder del capital privado nacional y transnacional en los sectores: financiero, agroindustrial y comercial importador, y con el de los terratenientes criollos, -a los cuales sirve funcionalmente y a los que en algunos casos logran integrarse los burócratas de acuerdo al capital acumulado en desarrollo de sus funciones-, que en conjunto, hacen parte del núcleo económico de la oposición política contra-revolucionaria.
Desde el mismo Estado, sabotearon sistemáticamente la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar (PNSB) 2007-2013, con sus 7 líneas estratégicas, y por supuesto, sabotean el Programa de la Patria 2013-2019. En esencia, impiden u obstaculizan que el país avance en la transformación de su modelo económico capitalista, subdesarrollado, rentista petrolero y dependiente, hacia uno soberano, productivo, diversificado y socialista.
El carácter transitorio del poder burocrático y la condición de sus personificaciones de estar des-vinculados como individuos, de la propiedad de las empresas públicas o comunitarias, hace que -sin consciencia socialista-, objetivamente, el interés personal de los burócratas no esté centrado en desarrollar la producción e incrementar la productividad para satisfacer necesidades de la población y fortalecer la soberanía nacional. Porque esto requiere de estrechos vínculos con el Poder Popular naciente, gran voluntad política, valores humanistas y compromiso personal, conocimientos científicos, técnicos y en gestión socialista, que en general no tienen ni pueden adquirir por su autosuficiencia y falta de interés y disciplina para estudiar; también porque desarrollar las fuerzas productivas y producir con eficiencia exige esfuerzos sostenidos, una visión sistémica de la sociedad y su desarrollo y mucha planificación. Y por último, porque sus ingresos no están vinculados a la productividad de las empresas que dirigen, ni dependen de los resultados alcanzados. Sus sueldos mensuales, -cuando los burócratas son corruptos-, sólo representan una pequeña parte de sus ingresos.
Desafortunadamente, para mal de la nación, su interés está centrado generalmente en conseguir el mayor presupuesto posible y ejecutarlo por medio del Plan Operativo Anual (POA), aunque esto no signifique la transformación de la realidad ni la solución de los problemas sociales a los cuales se debería dar respuesta; por ello es que en todo el país se encuentran infraestructuras y equipos completamente improductivos, construidos o a medio construir y adquiridos por el gobierno bolivariano, sobre todo en el sector de la agricultura: casas de cultivo protegido, mataderos, plantas de procesamiento agroindustrial.
Su objetivo es capturar por medio legales y también por medios fraudulentos (corrupción administrativa), en el menor tiempo posible, a través de la ejecución de los presupuestos asignados por la nación y los contratos que de ellos se derivan, la mayor parte posible de la renta petrolera para su beneficio personal y de grupo.
Como los cargos con acceso al control de presupuestos son de libre nombramiento y remoción, y el burócrata no sabe cuánto tiempo estará allí, trata de saquear el erario público con la mayor velocidad posible. La impunidad, hasta ahora muy generalizada en Venezuela, lo estimula a robar sin temor a ser castigado. Esta se facilita con prácticas nepotistas, o sea, con el nombramiento de familiares en cargos de importancia administrativa. Si lo botan de una empresa o ministerio, probablemente se irá para otra u otro, a hacer lo mismo, porque no existe una base de datos poderosa donde se verifiquen los comportamientos laborales previos, ni una Comisión Nacional de Desarrollo y Control de Cuadros del Estado. En los últimos meses varios funcionarios de alto rango, algunos vinculados al partido de gobierno han sido encarcelados.
Este tipo de burócratas saqueadores del Estado, ejercen el control sobre la producción de las empresas e instituciones en que actúan; definen sin participación de los trabajadores, sus precios de venta y a quien venderle la producción. De esta manera, pueden obtener ingresos extraordinarios al desviar parte de los productos a intermediarios especuladores y recibir por ello una parte del sobreprecio.
Por lo común y para desgracia de los trabajadores, estos burócratas, de los cuales dependen temporalmente –mientras el control obrero no se haga realidad-, no destinan parte de los ingresos obtenidos para mantenimiento preventivo, reparaciones o reposición de equipos, con lo cual aumentan los riesgos de accidentes laborales. Tampoco hacen inversiones para ampliar la capacidad productiva de las empresas, y si lo hacen, compran los equipos y maquinarias con sobre-precios, para asegurar una buena comisión por parte de las empresas fabricantes o proveedoras; porque con frecuencia las compras se hacen a empresas comercializadoras y no fabricantes, con lo cual los costos son aún mayores. Y la tendencia predominante es a importar productos, maquinarias y equipos, a pesar de que en algunos casos sean o puedan ser producidos en Venezuela, actuando en contra del desarrollo productivo del país, porque con ello, la burocracia de niveles directivos puede acceder a divisas compradas a tasas de cambio preferenciales, de las cuales una parte puede ser luego vendida al precio del dólar en el mercado paralelo, lo cual crea enormes oportunidades de enriquecimiento personal.
Los trabajadores sufren de angustia permanente porque las líneas de producción se van desgastando por el uso y en cualquier momento pueden quedar paralizadas. Los trabajadores temen perder su fuente de trabajo y quedar desempleados. Además, las empresas disminuyen paulatinamente su capacidad productiva y el pueblo deja de recibir cierta cantidad de productos a precios justos y regulados por el Estado. Si las empresas del Estado se paralizan, la escasez, el desabastecimiento y la especulación afectarán principalmente a la población más pobre del país y el Gobierno Bolivariano será responsabilizado por ello. Se puede apreciar claramente el efecto contrarrevolucionario de su nefasta gestión.
Para tratar de perpetuar su poder alienante y explotador, las elites burocráticas, personificaciones de lo que el sociólogo Max Weber llamó la alienación psicopática del burocratismo del Estado, reprimen y aniquilan de manera sistemática todo esfuerzo por desarrollar el auténtico Poder Popular, en especial los Consejos Comunales verdaderamente autónomos, la Gestión Socialista con Control Obrero, los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, y la Contraloría Social.
Afianzar la soberanía nacional y avanzar en la construcción del socialismo en Venezuela
Avanzar en la construcción del socialismo implica, de manera simultánea: fortalecer y afianzar la soberanía nacional, desarrollar la producción y elevar la productividad en todos los sectores de la economía, desarrollar valores humanistas y consciencia socialista en la población y en los trabajadores, fortalecer y generalizar el Poder Popular, los Consejos Comunales y las Comunas, como formas de autogobierno del pueblo en sus territorios; el control obrero y la gestión socialista del Estado, la economía y las empresas.
Sólo será posible afianzar la soberanía nacional y avanzar en la construcción del socialismo en Venezuela:
1. Transformando de manera progresiva la economía rentista petrolera en una economía soberana, productiva, eficiente y diversificada.
2. Si a la vez que luchan por el Poder Popular y la gestión socialista con control obrero, los trabajadores y las comunidades realizan procesos planificados permanentes de formación y desarrollo de la conciencia socialista (colectiva e individual), que les permita modificar sus psiquis, mentalidad y comportamiento, incorporando en su ser social valores de igualdad, equidad, solidaridad y justicia social; honestidad, responsabilidad social, conocimientos y habilidades técnicas, científicas y productivas suficientes para realizar una gestión de las empresas y del Estado, que permita a la sociedad aprovechar los recursos de todo tipo, de manera honesta, eficiente y eficaz, para aumentar la producción y la productividad, generar y desarrollar relaciones socialistas con su cultura correspondiente, para así satisfacer sus necesidades prioritarias, tanto materiales como culturales y morales.
3. Si, organizados en Consejos de Trabajadoras y Trabajadores, en Consejos Comunales y articulados entre ellos y con otras formas organizativas del Poder Popular, logran, con su acción revolucionaria, desplazar a esa parte de la burocracia psicopática, ineficiente y corrupta, de los cargos de poder, para ejercerlo de manera directa y conjunta, con voceros auténticamente revolucionarios del gobierno, quienes también deben formarse para serlo.
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Rentismo petrolero y lucha por la plusvalía. Burocratismo contra el Poder Popular y la gestión socialista con control obrero (III)
Plusvalía y renta petrolera
El objetivo de todo explotador en cualquier parte del mundo es apropiarse de los excedentes generados por los trabajadores. En el capitalismo, el objetivo de los capitalistas es apropiarse de la plusvalía, que no es otra cosa que la parte del valor: trabajo social cristalizado en bienes, servicios o conocimientos generados por los trabajadores, que no les es retribuido en forma de salarios u otros beneficios sociales, sino que es apropiado y acumulado en forma de ganancias por los capitalistas.
La renta petrolera, o minera, muy generalizadas en América Latina por el modelo extractivista exportador de la globalización neoliberal, es en esencia, plusvalía generada por los trabajadores de todo el planeta. Como Venezuela es un país de baja producción industrial y agrícola, importador de la mayor parte de los bienes que se consumen en el país, los trabajadores en Venezuela generan sólo una pequeña parte de la plusvalía, que es el mayor valor generado en los trabajos de exploración, extracción, transporte y refinación del petróleo.
Pero la mayor parte de la plusvalía llega a Venezuela en forma de renta por el pago del petróleo vendido en el mercado internacional. Su magnitud, es igual al diferencial entre los costos de producción totales y los precios de venta totales.
Luego, esta renta o plusvalía de origen internacional se distribuye en el país a través de los presupuestos del Estado, con sus expresiones en Ministerios, Gobernaciones y Alcaldías. La distribución de la renta abarca además todos los poderes públicos: ejecutivo incluyendo Fuerzas Armadas y Policía, legislativo, judicial y “poder moral”, que hasta ahora ejerce con poca eficacia la Contraloría General de la República. La impunidad sirve de estímulo a la corrupción administrativa.
Cuando los precios del petróleo en el mercado mundial aumentan, aumenta la cantidad de plusvalía que fluye a Venezuela y crece también la lucha de grupos y clases sociales por su uso o apropiación. Los precios de este recurso energético, ya de por sí muy elevados por el control monopólico de los mercados y por el agotamiento progresivo de las reservas mundiales de esta materia prima energética, hoy esencial para la industria y el transporte en todo el mundo, tienden a crecer constantemente. Los precios crecen aún más con las guerras e invasiones imperialistas desatadas para apoderarse del petróleo, como en los casos de Irak y Libia. Se exacerba entonces cada día más la lucha en el Estado por el uso y apropiación de la renta petrolera. Se desata la ambición y la voracidad de aquellos que tienen poder de decisión sobre presupuestos y contratos.
El destino contradictorio de los ingresos y la renta petrolera
Una parte importante de la renta ha sido y es destinada desde la llegada al gobierno del Presidente Chávez a partir del año 1999 a satisfacer las necesidades sociales y al desarrollo del país, lo cual ha sido continuado por su sucesor el Presidente Nicolás Maduro; a dignificar, por medio de las Misiones Sociales, la vida del pueblo venezolano, satisfaciendo necesidades y carencias acumuladas durante cinco siglos de gobiernos oligárquicos; a hacer posible el acceso de toda la población a los servicios de salud por medio de los módulos de Barrio Adentro, Centros de Diagnóstico y Rehabilitación Integral, o de su atención en Cuba por medio del Convenio Cuba-Venezuela y a la construcción de decenas de nuevos hospitales; a garantizar el acceso de los alimentos para los 30 millones de habitantes que tiene el país, otorgando enormes subsidios a los alimentos que se distribuyen por medio de la Misión Mercal, Abastos Bicentenario, PDVAL, casas de alimentación, almuerzos escolares; universalizando el acceso a la educación pública y gratuita a todos los niveles (básica, media y universitaria) por medio de las Misiones Robinson, Ribas, Vuelvan Caras, Sucre y construyendo más de 10 universidades de alcance nacional; a dignificar la vida de las mujeres en condiciones de pobreza extrema con la Misión Madres del Barrio; a desarrollar con un sentido profundamente humanista la Misión Milagro, para que los que habían perdido la vista pudieran y puedan volver a ver, no solo en Venezuela sino en toda América Latina y El Caribe (ya van cerca de cien mil beneficiados); la Misión Sonrisa, para quienes han perdido la dentadura o nacieron con labio leporino, etc., etc., para solo mencionar algunas de las misiones.
En cuanto a la diversificación de la producción, con los recursos de la renta petrolera, el gobierno bolivariano ha destinado muchos miles de millones de dólares para nacionalizar industrias como las del cemento (que estaban en manos de monopolios: mexicano, francés y Suizo) y la siderúrgica más grande del país (SIDOR), así como a construir muchísimas fábricas en todos los sectores de la economía, especialmente en el sector de alimentos.
El problema es que aún no se ha logrado una gestión eficaz, eficiente y en armonía con la naturaleza de estas empresas, lo cual debe hacerse de manera acelerada por medio de la formación integral, continua y permanente de todos los sujetos sociales del trabajo, en los aspectos sociopolíticos, científico-técnicos, en gestión directa y democrática del proceso social del trabajo, y en defensa de la Patria y la Revolución.
La renta petrolera ha servido también para poner en órbita los Satélites Simón Bolívar y Francisco Miranda; para construir nuevas infraestructuras y vías en todo el país y para hacer muchas otras obras que han beneficiado al pueblo, como las realizadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), que ya ha construido más de 600.000 viviendas para las familias damnificadas por las vaguadas de los años 2009, 2010 y 2011 y para las familias más necesitadas y pobres del país. El gobierno del Presidente Maduro ha adquirido el compromiso de construir 3.000.000 de viviendas para el pueblo hasta el año 2019. El gobierno revolucionario ha distribuido además, miles de millones de bolívares a los Consejos Comunales para los proyectos presentados al Consejo Federal de Gobierno. Todo esto es innegable.
Pero al mismo tiempo y de manera contradictoria, dadas las grandes magnitudes de la renta petrolera y la falta de control sobre ella por comunidades y trabajadores organizados, una parte sustancial de esta renta es apropiada por sectores burocráticos egoístas y con mentalidad capitalista. Esto se hace por lo general por medio de la corrupción administrativa heredada de la IV República. Esta parte de la renta que es saqueada al Estado y por tanto robada al pueblo venezolano, sirve para reproducir el sistema capitalista. Ella no puede ser consumida -ni siquiera gastando y despilfarrando en los mayores lujos-, y tiene que ser convertida necesariamente en capital: una parte se convierte en capital al ser invertido de manera privada en Venezuela, principalmente en empresas comerciales y una pequeña parte en empresas productivas agrícolas, industriales o agroindustriales; pero con toda certeza, la mayor parte de este capital es convertido en capital rentista y especulativo. Esto lo consiguen los saqueadores del erario público, al invertir en tierras, bonos y certificados de depósito a intereses en los bancos tanto nacionales como extranjeros. Pero como se trata de dineros obtenidos por medio de la corrupción prefieren colocarlo en dólares en el exterior.
Para ello necesitan convertir los bolívares en dólares, algo que hacen comprándolos en el mercado paralelo con lo cual, debido a que la demanda es mucho mayor que la oferta, encarecen su precio a niveles exorbitantes; o accediendo a una parte de los dólares que asigna el Estado a la tasa de cambio oficial para las importaciones (anteriormente CADIVI). Esto lo han hecho en buena medida creando empresas de maletín y realizando importaciones frecuentemente con sobre-facturaciones o importaciones ficticias, por montos o volúmenes mayores a los que realmente ingresan a Venezuela, o comprando bonos en dólares emitidos por el Estado, en particular, por el Banco Central y PDVSA, los que reciben intereses en dólares y pueden ser negociados en el mercado financiero internacional. Para combatir estas prácticas, es cuando menos necesario verificar y hacer públicos los nombres de quienes han comprado o compran estos instrumentos financieros y verificar la procedencia legal y legítima de los recursos con que lo hacen.
El gobierno del Presidente Chávez destinó enormes recursos para la ejecución del Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013, para beneficio del pueblo de Venezuela, pero por las razones anteriores, esta se hizo de manera lenta, a altos costos, con muchas deformaciones y contradicciones.
Esperemos que esto sea superado, mediante la ejecución coherente del Programa de la Patria 2013-2019 con sus 5 grandes objetivos históricos y nacionales, por parte del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, lo cual sólo será posible con el desarrollo de la conciencia socialista de la población y los trabajadores organizados y su lucha revolucionaria; y con la solidaridad internacionalista de los trabajadores y movimientos sociales revolucionarios, y de los gobiernos progresistas y antiimperialistas de América Latina y el mundo. Porque sólo unidos y compartiendo sistemáticamente conocimientos y experiencias, podremos superar la oscura y larga noche del sistema del capital, para construir la nueva sociedad socialista, libre de explotación, que haga posible el desenvolvimiento pleno de las potencialidades humanas y la mayor suma de felicidad posible para nuestros pueblos.
¡CHAVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE!
¡Viva el Internacionalismo Socialista! ¡Viva la lucha por el socialismo!
