Cuando leemos el Informe presentado por el Comité contra la Tortura en Venezuela en noviembre 2014, estamos leyendo un informe oposicionista cuyo interés es desacreditar al Estado Venezolano y su gobierno, mediante las “informaciones” de ONGs, supuestas veladoras de derechos humanos, salteadoras de mentiras e infundios interesados.
Por ejemplo el aparte 10 del informe señala; “El Comité expresa su alarma ante informaciones concurrentes que denuncian actos de tortura y malos tratos de personas arrestadas en el marco de las manifestaciones ocurridas entre febrero y julio de 2014. Dichos actos incluirían palizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, violación sexual y amenazas, presuntamente con el objeto de destruir pruebas de las actuaciones de las fuerzas de seguridad”. El informe no certifica la veracidad de estas “informaciones recurrentes” de manera que queda en el tintero la demostración de dichas denuncias.
Y más adelante señala en cuanto a supuestas agresiones a periodistas: “Asimismo, el Comité expresa su profunda preocupación por las informaciones que dan cuenta de las descalificaciones públicas a defensores por parte de altos dirigentes gubernamentales, incluso tras el trascurso del diálogo con el Comité, como las proferidas a Carlos Correa, Humberto Prado y Marino Alvarado por parte del Presidente de la Asamblea Nacional, citando informaciones de “patriotas cooperantes”(…) De nuevo el Comité sustenta su documento en “informaciones” no sustentadas en certificaciones o verdades probadas.
Pero la corona del Informe da cuenta de otra mentira que se cae al constatar la verdad de los hechos: “(…) el Comité nota con preocupación las informaciones, negadas por el Estado parte, según las cuales los opositores políticos Leopoldo López, Enzo Scarano, Daniel Ceballos y Salvatore Lucchese habrían permanecido detenidos en régimen de aislamiento durante meses y Enzo Scarano habría sido golpeado”.
Hay que decirlo, más bien repetirlo, que Claudio Grossman Presidente del Comité contra la tortura en la ONU y principal acusador contra Venezuela, fue abogado del partido UDI, Unión Democrática Independiente de Chile, brazo político e ideológico del dictador Augusto Pinochet, que excelencia, con esos “méritos” mal podríamos obtener una calificación menor a las observadas por dicho comité, que además de este siniestro personaje, está compuesto supuestamente, por 10 expertos independientes” en asuntos de derechos humanos, habría que ver quien los certifica porque si son del tipo del señor Grossman, es sin dudas una siniestra celada mediática contra Venezuela en la que ingenuamente caímos y que ahora tenemos el deber de develar especialmente en los días de los derechos humanos, como el de estar informado de manera oportuna y veraz. Este informe es sin dudas una pieza magistral de engaños y mentiras aparatosamente colocado en algunas medias verdades salidas de laboratorios de conspiración política.
La credibilidad de “las informaciones” que tuvo dicho Comité para elaborar el Informe contra la Tortura en Venezuela, también resta credibilidad a la institución que la emite, sin embargo en aras de la ética y la responsabilidad política que debemos al pueblo venezolano y al mundo el nombre de ese documento debió ser titulado “Informe contra Venezuela” porque sin dudas da muestras de haber sido hecho con la premeditación de los oposicionistas venezolanos que gobernaron al país durante la aplicación del terrorismo de estado entre 1958 y 1998, la anuencia de los asesores que intentaron incendiar al país el pasado febrero y medios de comunicación privados nacionales e internacionales que replican dicho Informe.
Gracias a Dios que Venezuela vive en paz unas navidades en medio de dificultades que sabremos superar con unidad de propósitos.
