Miles de pequeños propietarios que alquilaron su vivienda principal o secundaria, por estudio, trabajo o necesidad económica, antes de la promulgación de la Ley de Arrendamiento de viviendas en 2012, así como aquellos que no alquilaron, pero compraron legalmente un inmueble luego que el inquilino no acepto la compra, o que el inquilino dejo el inmueble pero dejo otras personas: ocupantes o subarrendados.
Este numeroso grupo de pequeño propietarios tienen años solicitando legalmente a los inquilinos/ ocupantes, la entrega de las viviendas, bien porque quieren volver a habitarlas o porque sus hijos que ya crecieron la necesitan para vivir con sus familias, porque ambos viven arrimados o alquilados.
Pero NO ha sido posible. Diferentes causas lo impiden:
La Ley estableció un procedimiento administrativo previo a la demanda, muy largo, (un año 1/2) que no discrimina entre inquilinos que cumplen la Ley y aquellos que si, al final solo se logra la autorización para ir a la vía judicial.
Vía judicial, (año ½ más) bien por los lapsos, o por que los inquilinos no se dan por citados, o realizan acciones dilatorias que requieren tiempo para ser investigadas.
Pero luego, que se consigue la Sentencia a favor del pequeño propietario, vienen las notificaciones para que el inquilino diga si tiene vivienda o no, y empezar el proceso de solicitud de refugio en el órgano administrativo. (Un año más)
Pero todos estos pasos legales que ha seguido pacientemente el pequeño propietario a lo largo de cuatro años parecen no valer nada, debido a la posición de algunos inquilinos, que no solo retrasaron con su ausencia los procedimientos, si no que se niegan a entregar el inmueble aún con fecha de desalojo legal, indicando que no quieren refugios sino viviendas definitivas.
Para agravar la situación, desde el año 2012, el 70% de los inquilinos dejaron de cancelar los cánones, incluso los servicios básicos, incumpliendo la Ley y afectando al pequeño propietario, y a la comunidad donde habitan.
Una Ley novedosa como es la Ley de Arrendamientos, no tiene mecanismos eficaces para evitar estas situaciones, ya que ni sanciona al inquilino infractor, ni dicta medidas de protección para los pequeños propietarios afectados cuando se convierten en débiles jurídicos.
Después de cuatro años deambulando por Sunavi y los tribunales, nos preguntamos si alguna vez recuperaremos nuestros inmuebles, y hacemos un nuevo llamado a Ministerio de Vivienda y Hábitat, y Asamblea Nacional para que se aboque a corregir este grave problema que afecta a parte de la familia venezolana. La Ley de Arrendamiento ha demostrado en estos 3 ½ años no ser equitativa y justa. Los hechos así lo demuestran.
Pequeña Propietaria que reclama su vivienda principal desde hace 7 años. Inquilino no paga cánones, ni servicios ni desocupa el inmueble. 05/07/2015
