La destrucción de bosques en Venezuela continúa a tasas alarmantes. Según la FAO, la CEPAL, el Banco Mundial y la OIMT (Organización Internacional de la Madera Tropical), entre el 2000 y el 2010 se deforestaron en Venezuela un promedio de 280.000 hectáreas por año, lo que contribuye con la emisión anual de más de 140 millones de toneladas de CO2. Sumado a las emisiones de CO2 por el consumo de combustibles fósiles, el total se eleva a 10 toneladas por habitante. Venezuela se coloca así entre los 20 países más contaminantes del planeta en emisiones de CO2 por habitante.
Sólo por concepto del consumo de combustibles fósiles, Venezuela es el país de América Latina con mayores emisiones de CO2 por habitante en el 2014, el de mayores emisiones acumuladas de CO2 por habitante durante el período 1970-2014 y el de mayores emisiones de CO2 de la región por unidad del producto interno bruto.
Según la FAO y el Banco Mundial, la tasa de deforestación se redujo a un promedio de 164.000 hectáreas anuales durante el período 2010-2015 (FAO Forest Resource Assessment 2015, WB WDI Feb 2015). Las emisiones promedio de CO2 por este concepto se reducen así a aproximadamente 82 millones de toneladas anuales. Para el 2015 los bosques naturales del país se habían reducido a 45,7 millones de hectáreas.
Según el Ministerio de Ambiente, entre el 2006 y el 2014 se reforestaron 45.000 hectáreas a través de la Misión Árbol, menos del 3% de los 1.8 millones de hectáreas perdidas en el mismo período por el avance de la deforestación (FAO Forest Resource Assessment 2010 y 2015). Debido a la enorme diferencia en biomasa entre lo que se deforesta y lo que se reforesta, la Misión Árbol difícilmente ha compensado el 2% de las emisiones de CO2 provenientes de la destrucción de bosques naturales en el país desde su establecimiento en el 2006.
Según las estadísticas del Ministerio del Ambiente, la superficie boscosa se redujo de 58 a 47,6 millones de hectáreas entre 1980 y el 2010, a una tasa promedio de 347.000 hectáreas anuales durante 30 años consecutivos (MPPA-Indicadores Ambientales 2012). Se reconoce así un crimen ecológico de gigantesca magnitud, cometido con absoluta impunidad. Entre los responsables de este asalto contra la estabilidad de la nación no sólo se encuentran ganaderos, agroindustriales, madereros y latifundistas, sino también las autoridades competentes que permitieron tan insólita destrucción.
Urge la definición de una política nacional para reducir significativamente la contribución de Venezuela al calentamiento global, detener la deforestación y la destrucción del patrimonio genético de la nación, mejorar la eficiencia energética de la economía nacional y minimizar el despilfarro de electricidad, gasolina, gasoil y gas natural.
Una de las medidas más urgentes es impulsar un verdadero plan nacional para el reverdecer de la nación, con la plantación de al menos 6 millones de hectáreas en los próximos 20 años, especialmente en las cuencas hidrográficas más importantes para asegurar el abastecimiento de agua a generaciones futuras, utilizando mezclas de especies nativas de cada zona para reconstruir bosques permanentes similares a los que alguna vez existieron en esos territorios. Un reto de esta naturaleza tiende inevitablemente a capturar de la atmósfera el equivalente a 2.700 millones de toneladas de CO2 en 40 años. El costo de este reto a precios actuales sería de aproximadamente US$ 5.000 millones, menos de 2 dólares por tonelada de CO2 mitigado (US$1,85/ton CO2).
El consumo de cada barril de petróleo emite en promedio 420 kilogramos de CO2. El costo de mitigar tales emisiones es menos de un dólar por barril, equivalente a menos del 2% del precio promedio de exportación del 2015 ($60/barril). Aunque en la actualidad el precio internacional promedio se haya reducido a menos de US$ 30/barril, las principales agencias especializadas en la materia, como la Agencia Internacional de Energía, el American Petroleum Institute, el Banco Mundial, Bloomberg y la OPEP entre otros, coinciden en estimar la nivelación del precio promedio en aproximadamente US$ 60/barril para el 2016.
Venezuela podría así exportar petróleo "verde", libre de emisiones netas de CO2, invirtiendo menos del 2% del precio promedio de exportación en la reconstrucción de bosques permanentes con mezclas de árboles de especies nativas. El carbono removido de la atmósfera a través de la plantación de 6 millones de hectáreas sería equivalente al emitido por el consumo de un millón de barriles diarios de petróleo durante 20 años consecutivos. PDVSA podría así compensar parte de los daños ambientales acumulados por la explotación petrolera, contribuiría a garantizar un suministro más confiable de agua a generaciones futuras, minimizaría el impacto de sequías e inundaciones y mejoraría su imagen corporativa y el acceso a los mercados.
Sin embargo, no es necesario compensar la totalidad de las emisiones provenientes del consumo de petróleo. Al menos durante las próximas décadas sería suficiente equiparar las emisiones netas del consumo de petróleo con las que se generarían si fuese reemplazado por gas. Esto implica reducir las emisiones netas en aproximadamente un 40%, cuyo costo de amortización sería de aproximadamente medio dólar por barril a precios actuales.
Venezuela es uno de los 8 países con mayor diversidad genética del planeta, asociada principalmente a sus bosques naturales. La deforestación implica la pérdida irreversible del patrimonio genético de la nación, el principal legado de generaciones futuras. Más del 80% de los bosques remanentes del país se encuentran al sur del Orinoco, rio que divide a la nación en dos partes aproximadamente iguales en superficie. Al norte del Orinoco, donde se encuentra la mayor parte de la población, los bosques cubren menos del 20% de la superficie. Se encuentran además fraccionados, intervenidos y severamente degradados, con escasas probabilidades de sobrevivencia. Cerca de dos tercios de la superficie forestal original de Venezuela al norte del Orinoco ya ha sido destruida.
Una de las consecuencias es la escasez de agua que hoy afecta a una buena parte de la población venezolana, tanto para el consumo doméstico, como para la irrigación de tierras agrícolas o la producción de energía eléctrica. La escasez más pronunciada se registra en la altamente poblada zona costera central, incluyendo a las ciudades de Caracas y los centros industriales de Valencia y Maracay, una región con más de la mitad de los habitantes del país.
Otras consecuencias incluyen la pérdida progresiva e irreversible de buena parte del patrimonio biológico del país; un significativo aumento en la frecuencia e intensidad de sequías e inundaciones, con daños a la producción agrícola, represas hidroeléctricas, sistemas de irrigación, vías de comunicación, empresas y hogares; erosión y pérdida de la fertilidad de los suelos; y crecientes dificultades en el suministro de alimentos, medicinas, materiales de construcción y otros productos tradicionalmente suministrados por los bosques a comunidades indígenas y campesinas.
La destrucción de bosques en Venezuela implica la pérdida de uno de los principales soportes de modelos efectivamente sostenibles de desarrollo. De no establecerse a corto plazo una política efectiva y coherente para la protección, el manejo y el aprovechamiento de los recursos forestales del país, se estaría profundizando un espantoso crimen contra intereses fundamentales de generaciones futuras.
La humanidad se encuentra en un período de transición de la época de la electrónica a la época de la genética. Sin embargo, el patrimonio forestal de Venezuela aunque cubre cerca de la mitad del territorio aporta menos del 1% al producto territorial bruto, mientras sus fabulosas riquezas biológicas no sólo están siendo destruidas, sino despojadas, con absoluta impunidad, por toda clase de exploradores, saqueadores y piratas; presuntos científicos, misioneros o grupos religiosos; turistas y presuntos defensores de los derechos indígenas, así como transnacionales con vestimenta ambientalista frecuentemente operando a través de sucursales o dependencias localizadas en el país. Por estas mismas vías se expolian conocimientos y saberes indígenas relacionados con usos medicinales, farmacológicos y mágicos de los recursos genéticos de las selvas venezolanas.
Eliminar la deforestación es una necesidad, no una opción. Continuar con la destrucción de los bosques naturales del país es sinónimo de un suicidio colectivo a largo plazo. Sin bosques no hay agua, ni tierra fértil, ni energía hidroeléctrica, ni sistemas de riego, ni producción de alimentos. Estaríamos también destruyendo el patrimonio genético de la nación, la principal riqueza estratégica y económica de generaciones futuras. Detener este proceso destructivo es una cuestión de seguridad nacional.
