Revisión y adaptación a la realidad venezolana del artículo del Profesor panameño Olmedo Beluche

"Propuestas para elaborar un programa agrario revolucionario"

Mejorar la situación del sector agropecuario de cualquier país, depende de factores internos (es decir, decisiones políticas y políticas públicas nacionales), pero también, dada la alta interdependencia económica de los países en un mundo cada día más globalizado, de factores internacionales sobre los que no se tiene control, al menos desde la esfera nacional.

Modificar la situación y las tendencias negativas que pesan sobre el agro requiere la adopción de una serie de medidas en ambos ámbitos, nacional e internacional. Aunque desde lo internacional siempre habrán importantes aspectos fuera de control que, en última instancia pesarán sobre las decisiones que se puedan adoptar dentro del país.

Mientras el mercado mundial sea una economía que obedezca a las leyes económicas del sistema capitalista persistirán factores que pesan sobre las políticas nacionales: competencia, monopolios, subsidios, acceso o restricciones a mercados, precios de productos en el mercado internacional, intervencionismo político y militar, etc.

Como han señalado los clásicos marxistas del tema, empezando por el propio Carlos Marx y especialmente por V. I. Lenin, la superación de la contradicción entre el campo y la ciudad, que implica la producción agropecuaria con técnicas industriales, con una creciente división del trabajo y cooperación del mismo, sólo será plenamente posible superando la explotación de clases capitalista, que muchas veces se apoya en las diferencias para aumentar las tasas de ganancia.

Pese a las sobredeterminaciones externas, de todos modos, es posible tomar decisiones de políticas públicas que mitiguen los efectos acumulados de la economía rentista, monoproductora y extraccionista, el éxodo de nuestros campesinos a las grandes ciudades, la falta de cultura agraria de la población venezolana, una cultura de importación que sustituyó nuestra producción agrícola que afectaron en su conjunto nuestro modelo agrícola y modificó nuestros patrones de consumo. Consumimos también gran cantidad de productos que no se producen en Venezuela y que por condiciones ambientales no es posible el autoabastecimiento de estos productos . Todos estos factores condicionan el agro en nuestro país.

Entre las propuestas que sugerimos implemantar están:

La Constituyente del agro y agroindustrial.

La Contraloría y auditoría de la inversión agrícola y agroindustrial.

La Conformación de organizaciones campesinas agroindustriales y técnico artesanal de baja escala.

La consulta y toma de decisiones a través de la constituyente agraria, para la implementación del extrativismo en el arco minero, para garantizar la minimización del impacto ambiental y protegiendo los suelos cultivables proclives de ser desarrollados por un sistema agrario óptimo y libre de contaminantes, evitando también la deforestación a un mínimo posible frente a la explotación del arco minero, bajando el impacto medio ambiental de está política a su mínima expresión. Si bien la minería aumentara y diversificara las exportaciones, pudiendo también ser fuente de recursos paria las políticas agroindustriales de desarrollo de productos agropecuarios, agrícolas y agroindustriales, evitar a toda costa que por el contrario se refuerce la condición rentista este tipo actividad económica, como lo ha sido hasta ahora el recurso petrolífero.

Pero hay que ser conscientes de que, adoptar las medidas de políticas públicas que vamos continuar proponiendo, tienen como requisito previo que el país se vuelque por un modelo político que supere los factores heredados de la Cuarta República y la revisión e impulso de las políticas nacionales que superen y optimicen la producción agrícola a nivel nacional, garantizando nuestra seguridad agroalimentaria, aprovechando el recurso humano con aprendizajes y valores agregados para la gestión agrícola, la formación masiva del trabajo artesanal y técnico agrícola, la consolidación en los hechos de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la organización para el trabajo que unifique a los productores desde el campesino hasta los productores de grandes y medianas extensiones. En el ámbito internacional se requiere el proteccionismo a nuestros rubros agrícolas nativos. En castigo ejemplarizante a los asesinos intelectuales y materiales de nuestros campesinos en indígenas, mártires por la lucha contra el latifundio agrario.

Se hace necesaria una alianza de clases entre trabajadores asalariados, campesinos pobres y medios, comunidades agrarias, pueblos originarios y capas medias urbanas, unidas en un gran proyecto político revolucionario,de carácter antiimperialista, democrático, popular y socialista. Sin este quehacer político, sin ese prerrequisito político y social, no es posible empezar los cambios en la esfera de las políticas públicas. Porque, en última instancia, los problemas que enfrentamos no son de tipo técnico, como pretenden algunos "desarrollistas",sino estructurales, es decir, sociales. Por ende, las soluciones no son de carácter "tecnocrático", de medidas, sino políticas. La forma específica que adquiera este quehacer político de transformaciones, sólo el tiempo, las circunstancias concretas y condiciones objetivas lo dirán. De lo general a lo particular, un nuevo tipo de cultura política, debería adoptar un conjunto de medidas como las siguientes,para ayudar al sector agropecuario a superar la crisis actual: 1. En el aspecto internacional a. Continuar con la política de romper los acuerdos económicos que nos obligan a adoptar criterios de tipo neoliberal y que suelen imponer entidades financieras internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. En particular, hay que abandonar el criterio neoliberal que condena toda intervención económica desde el Estado como negativa. Porque se requiere una participación activa del Estado para poner orden y sacar de la crisis al sector agropecuario. "Sólo quien conoce de donde viene podrá construir el camino hacia donde irá, así que habiendo vivido el modelo neoliberal desde mucho antes del caracazo en 1989, sabemos que la propuesta de la bancada mayoritaria en la Asamblea con su propuesta de ley de producción nacional lo que realmente busca es privatizar las empresas estatales, cogestionadas y autogestionadas por los trabajadores. De llegar a ser gobierno la derecha, llamada así por un instinto conservador, pero que siendo realistas representan la ultraderecha y el fascismo, aplicarían un Gobierno neoliberal con la reducción del Estado, que es el principal empleador del país, entregando nuestros recursos a Estados Unidos y a Israel, aplicando una represión brutal. Para garantizar una refundación del modelo agrario en Venezuela es necesaria la unidad como estrategia, táctica, política, acción alrededor de la figura del Presidente Nicolás Maduro Moros y apostar por la construcción colectiva y la superación de las fallas para lograr el socialismo del siglo 21 legado de nuestro gigante Hugo Chávez Frías.

¿Qué tipo de modelo económico agrario se requiere, socialista o keynesiana?

Las circunstancias presionan en un sentido, la experiencia ha demostrado que cualquiera de las dos es mejor al enfoque neoliberal, pero la decisión para Venezuela ya está tomada y es el socialismo. Si nosotros no profundizamos las medidas revolucionarias, como nacionalizar la banca y el comercio exterior e interior vamos a retroceder y en ese caso, la opción será la barbarie, en este momento sufrimos de escasez y carestía producto de la Guerra Económica que busca vencer nuestra fortaleza moral y, es que hay una presión brutal contra el poder adquisitivo, y el desmoronamiento personal, familiar y grupal ante la carestía, es decir, inexistencia de los productos y la escasez, es decir, la limitación de los recursos que se reparten durante su distribución al azar.

Debemos revisar los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio que nos obligan a adoptar criterios de apertura de mercado para volver a esquemas proteccionistas en los rubros que se definan como estratégicos para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria del país.

Acompañar a nuestros socios del ALBA, UNASUR, MERCOSUR al repudio del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos de América porque condena a una competencia desleal al sector agropecuario en un plazo de menos de 20 años.

Mantener y profundizar acuerdos de comercio internacional que promuevan la integración económica desde el punto de vista de la complementariedad y la solidaridad de las economías nacionales entre naciones hermanas, y no la competencia e imposiciones monopólicas de países imperialistas. En ese sentido, multiplicar y acercar nuevos miembros a instancias como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Todas las propuestas políticas y programáticas antes expuestas, podrían colocar al país en colisión con los intereses políticos y económicos que controlan el mercado mundial, lo cual podría traducirse en otros factores adversos como sanciones económicas y presiones políticas. Como el sabotaje y boicot económico que impide que los repuestos más elementales lleguen a nuestro país, entre otros rubros, todas estas son fuerzas contrarrevolucionarias.

En el aspecto nacional es necesario un estudio más profundo que éste para precisar la realidad socioeconómica del agro, diferenciando los diversos sectores sociales que lo integran, el régimen de propiedad y su distribución, así como los mercados y su acceso.

Estudio cuya conclusión debe establecer un modelo del agro auto sustentable y con precisas estrategias de seguridad alimentaria. Mantener y preservar la eliminación del agronegocio y las semillas transgénicas, fuera de nuestro territorio. Aplicar la ley de tierras y desarrollo agrario al poner límites a la propiedad privada de la tierra, así como al control monopólico sobre la producción y comercialización de determinados rubros. Control monopólico que es uno de los obstáculos en el control de precios de mercado para la canasta básica alimenticia.

Comercialización y distribución que logre un perfil real de precios justos para el productor y los consumidores, impedir el aumento artificial de los precios originado por la carestía y la escasez, interviniendo con políticas proteccionistas, y políticas de inclusión para la inteligencia social, auditorías públicas y controlaría social, incluyendo actores sociales individuales, familiares, consejos comunales, comuna y constituyente del agro.

Mantener los precios regulados de la cesta básica alimentaria y el control de precios para todos los productos, solo permitir los productos sin control de precios para bienes suntuarios.

Incentivo a la producción a través de un estudio previo, integral e inclusivo mediante la constituyente del agro.

Combatir el aumento artificial de los precios originado por la carestía y la escasez, con una campaña de formación que nos refuerce moralmente y nos lleve a rechazar el bachaqueo, y el remarcaje de precios, el acaparamiento y el manejo de las colas por procedimientos internos fallidos. Realizar un comercio exterior con nuestros socios en el mercado mundial, habiendo ya estatizado el comercio interno y exterior, y por supuesto habiendo nacionalizado la banca, para llevar la moneda nacional a un punto de equilibrio, que permita también ajustar los salarios al nivel de inflación real, es decir, indexación salarial.

Definidos los rubros estratégicos cuya producción hay que promover y garantizar, se requiere controlar las importaciones que les compitan en el mercado interno, recurriendo a las medidas tradicionales: desde prohibición total de importaciones, limitación de volúmenes (mientras no se sea autosuficiente) hasta castigos arancelarios.

La única forma de garantizar cierto control, ya que el control total no es posible porque gran parte de los insumos debe importarse con lo cual escapa de las decisiones nacionales, es establecer una empresa o entidad pública que los suministre a los productores. Sea que la empresa los importe buscando las mejores opciones en el mercado internacional,o a través de acuerdos comerciales, o se proponga su producción nacional (lo cual puede ser factible rápidamente en cuanto a semillas mejoradas y algunos agroquímicos, pero no es tan fácil en cuanto a maquinaria).

En cuanto al precio sostén y accesibilidad al mercado el gran enemigo a vencer son los "intermediarios" o especuladores nacionales que controlan la comercialización. Esto requiere una política que vaya más allá que las llamadas "ferias" ocasionales, mercales a cielo abierto, entre otras. Se requiere una empresa pública que controle la comercialización y la "cadena de frío", que procure equilibrar "precios justos al productor" y"precios justos al consumidor".

Hay una serie de medidas ambientales, sociales y económicas que se requieren, y que están demandando tanto los pueblos campesinos y originarios, y el resto de las comunidades, producto de los despojos e imposiciones de la burguesía, o de políticas de inversión nacional. El debate realmente democrático y la consulta seria a las comunidades, es la única forma de que se equilibre con racionalidad, la aparente contradicción entre: demandas económicas nacionales y la protección de los ecosistemas y formas de vida de las comunidades, en medio de la inversión productiva de gran impacto ambiental, ejemplo: agronegocio, minería a cielo abierto, etc. Salvo alguna crisis aguda, el Estado deberá legislar a favor de la demanda popular de eliminar tanto la minería a cielo abierto, como los grandes proyectos agroindustriales cómo la inversión en cultivos para producir agrocombustibles, que dañan el ambiente y dañan a los seres vivos.

Nuestra política agraria también debe contemplar una legislación completa y efectiva para la clase trabajadora del campo y sus derechos laborales, los cuales no se han respetado hasta ahora, convirtiéndola en el sector más explotado del país. Se requiere que todas las garantías que preveé nuestra legislación en materia laboral tengan plena vigencia para nuestros campesinos e indígenas, desde la estabilidad laboral, las prestaciones de todo tipo, la negociación colectiva y la libertad .sindical, la prohibición del trabajo infantil, hasta salarios justos. La igualdad de derechos y la igualdad salarial deben ser los principios de los que parta la política estatal en favor de la clase obrera del agro.

Texto revisado y adaptado por Greti Richard y Juan Martorano.

grettyrichard@gmail.com

jmartoraroster@gmail.com



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Greti Richard y Juan Martorano

Educadora y Comunicadora Popular. TSU en Administración. Activista Social. Artista Plástico.


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