La iniciativa también contó con la asistencia ─de manera remota─ de dirigentes de la Federación Sindical Mundial, la Unión Internacional de Sindicatos de Jubilados y Pensionados, la Federación Sindical Mundial de Maestros, así como de centrales, federaciones, uniones y frentes de trabajadores y obreros de las Islas Canarias, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Marruecos, México, Níger y Uruguay.
Además, se sumaron juventudes comunistas de Brasil, Ecuador, España, Paraguay, México y Palestina; activistas de movimientos de mujeres de América Latina y periodistas de medios de comunicación de Estados Unidos y Alemania.
La conferencia magistral estuvo a cargo del Secretario General del Comité Central del PCV, Oscar Figuera, quien presentó un análisis de la crisis política que atraviesa Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
En primer lugar, Figuera abordó la situación de la clase trabajadora en el país: «El mandato de Nicolás Maduro se ha caracterizado por la imposición de una política de ajuste económico al servicio del capital que tiene entre sus ejes fundamentales el rediseño de las relaciones laborales en el país, con el objetivo de crear un paraíso para la inversión privada a costas del sacrificio de la clase trabajadora y de los sectores populares».
El Secretario General precisó que durante los últimos seis años se ha impuesto un programa «basado en la destrucción del salario y las prestaciones sociales; la eliminación de las convenciones colectivas; el abaratamiento extremo de los despidos y, en general, en el desmontaje de derechos y conquistas de la clase trabajadora, acompañado de un creciente autoritarismo».
Figuera explicó que la más reciente Conferencia Nacional del PCV concluyó que« la deriva autoritaria de la cúpula del Gobierno-PSUV, la destrucción de las condiciones de vida del pueblo venezolano, el desmontaje del estado de derecho, la sistemática violación de los derechos humanos, la judicialización de las luchas» había configurado «una nueva situación en la que la recuperación de los derechos democráticos garantizados en la Constitución se convierte en una tarea de primer orden»
Finalmente, atendiendo a la decisión de participar en las elecciones presidenciales, la Conferencia Nacional acordó que se requería «construir un acuerdo político-electoral con sectores políticos más allá de la izquierda» para «derrotar las pretensiones del Gobierno de instaurar una tiranía disfrazada de falsa democracia».
Tal acuerdo debía estar basado en un programa mínimo que tuviera en su centro la restitución de derechos políticos y sociales arrebatados por la cúpula gubernamental.
El dirigente del PCV presentó los pormenores de las irregularidades cometidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante las elecciones y la incertidumbre que motivó a miles de habitantes de sectores populares a salir a las calles a rechazar los resultados presentados por el Poder Electoral.
«Durante los días 29 y 30 de julio se desató una brutal represión contra las protestas populares ─en su mayoría pacíficas─ que rechazaban los resultados presentados por el CNE. El propio Presidente Maduro informó de más de 2 mil detenidos a quienes presentó como terroristas», relató Figuera.
«El Gobierno también desató una escalada de allanamientos y detenciones sin orden judicial en numerosos barrios populares. Además, el PSUV ordenó a sus estructuras de base delatar a vecinos que hubieran manifestado. Desde la cúpula, se instauró una campaña de propaganda para presentar el derecho a la protesta como un delito», agregó.
Figuera advirtió que el gobierno de Maduro «no muestra ninguna intención de restablecer las libertades y derechos democráticos secuestrados» y que, en el otro lado, «las fuerzas políticas de la derecha tradicional apuestan nuevamente a la agenda de la injerencia, presiones y sanciones internacionales, como estrategia para derrotar al gobierno autoritario».
El Secretario General reiteró que el PCV «defiende el legítimo reclamo del pueblo venezolano para que el Consejo Nacional Electoral publique los resultados desagregados por mesa y centro de votación, y de ser necesario, se haga un conteo público de los votos depositados en las cajas electorales, como ya se ha hecho en otras ocasiones».
«Con esta posición, no defendemos los intereses de candidato alguno, sino la recuperación de las libertades democráticas del país; condición mínima para que la clase trabajadora pueda organizarse y luchar contra sus enemigos de clases», explicó.