La confrontación política en Venezuela cada vez adquiere matices más profundos. La pugna constante por el poder entre oposición y gobierno, tensa la cuerda encarnizadamente y aleja los acuerdos para buscar salida a la crisis política, producto del conflicto de competencias, entre el poder ejecutivo y el legislativo.
En los últimos días, se ha evidenciado una actuación más decidida de los organismos de seguridad del estado. La necesidad de asegurar el orden constitucional obliga a la represión selectiva a los dirigentes opositores. En la medida en que se acorta el año 2016, la tensión aumenta. El poder político, ocupa el interés fundamental en la diatriba diaria.
Los alcances de participación por vía constitucional son pasos importantes logrados en la instauración por vía electoral de la revolución bolivariana, en la implantación de la democracia participativa, no obstante, se desdibujan ante la difícil encrucijada económica que afecta al país.
Las importaciones y el desarrollo de la agricultura en algunos rubros de carácter estratégico, han ido creando una nueva situación, se abre de nuevo un espacio para tratar de detener la escasez e inflación y con ello el descontento popular.
La actual coyuntura ha generado gran conmoción en el sector de la llamada clase media y profesional, asalariados y jóvenes que emigran del país, en búsqueda de nuevas oportunidades, es inconveniente soslayar esta realidad. La capacidad económica de la ciudadanía para asegurarle el futuro a las nuevas generaciones, se reduce de forma dramática.
La derrota electoral en las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015, demostró el rechazo de un sector muy numeroso de la población venezolana ante las medidas adoptadas en los últimos tres años por el gobierno nacional dirigido por el Presidente Nicolás Maduro. El llamado a una necesaria, profunda e impostergable reflexión es conveniente.
Sin embargo, el diálogo puede convertirse en agua entre los dedos, si predomina el desconocimiento de la fuerza social que cada bloque político representa y su importancia para las decisiones. Tiene que existir un reconocimiento entre ambos bloques, Venezuela entró en una repolitización y repolarización evidente.
El revocatorio, como derecho establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puede ser aplicado, es completamente legal, las reglas están planteadas y de acuerdo a ellas se aplica. El tiempo para su desarrollo lo determinan los organismos competentes y las acciones de los interesados en revocar el mandato del Presidente Maduro.
El diálogo entre oposición y gobierno debe tener un amplio campo de difusión. Se deben hacer públicas las conversaciones y discusiones en torno a esta materia de interés nacional. Importa que el pueblo venezolano tenga claridad en los puntos álgidos de los encuentros entre los adversarios y saber los aportes de cada uno en la resolución del conflicto.
La experiencia social y política de los habitantes de Venezuela ha sido muy contundente, enriquecedora y de gran motivación. Los problemas del país y el mundo interesan ahora a millones de venezolanos. El desenlace político por vía pacífica le conviene al país, la convivencia, dentro de las diferencias nos fortalecerá a todos.
El revocatorio debe concretarse. La aplicación de este mecanismo puede disminuir la tensión actual y acercar el proceso de paz.
