La diatriba política en Venezuela se agudiza en grado superlativo. El tiempo del revocatorio está en su fase más crítica, pues la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ratificó que la recolección de firmas para obtener el 20% de los electores que legitimen el proceso electoral, para revocar o no el mandato del Presidente Nicolás Maduro, debe hacerse en los 23 estados y el Distrito Capital.
La opinión ante esta medida del principal ente rector de la justicia venezolana está abismalmente dividida, pues se trata de remover al presidente de la república, mediante la participación de la mayoría, y por lo tanto, es el voto en toda la nación, que en última instancia, debería decidir.
Dirimir la situación y aclararla ante la ciudadanía, es lo más sano. La paz del territorio venezolano depende del respeto y reconocimiento de los factores en pugna por el poder. Sesgar la negativa del referendo desde el poder político, tiene connotaciones muy peligrosas desde el punto de vista de la estabilidad de la sociedad. Debe tratarse el asunto del revocatorio como un problema de seguridad nacional, el menos interesado en un clima de violencia civil y militar es el gobierno de Venezuela.
Hasta ahora, el argumento esgrimido para validar la imposibilidad del revocatorio se refiere a la extemporaneidad de su solicitud. A esto se suma el supuesto fraude cometido con la falsificación que atenta contra la voluntad de varios firmantes que nunca asentaron sus rúbricas para pedir el 20%. Existen algunas demandas por estos casos de falsificación de identidad; de ser cierto, entonces estaríamos ante un elemento distorsionador que afecta la confianza en la nueva etapa para cumplir con el porcentaje indicado y activar el referéndum.
Venezuela está hoy en una encrucijada marcada por la debilidad gubernamental producto de la crisis económica y la inflación. Al mismo tiempo, la oposición enfrenta una realidad desfavorable desde el punto de vista de su división interna por la lucha candidatural y la aplicación de estrategias para acceder al poder. En este sentido, un sector de la población venezolana se siente defraudada por la Mesa de Unidad Democrática y también por la orientación que ha tomado la gestión del gobierno nacional y sus autoridades regionales como alcaldes y gobernadores, que no se diferencia del pasado cuartorepublicano.
Insisto (de acuerdo a mis escritos anteriores), sobre la necesidad de establecer vías para el diálogo. Éste es el camino indicado para desaparecer tensiones y lograr condiciones favorables en los próximos eventos electorales pendientes, que no solamente se refieren al referéndum revocatorio, sino también al vencimiento de los periodos de los gobernadores que necesitan ser renovados en nuevos procesos de elecciones populares, universales y secretas, tal como lo establece la constitución nacional venezolana.
Reconocer las realidades en errores y aciertos desde gobierno y oposición es avanzar hacia la consolidación de un país con estabilidad política.
