¿Qué es lo que se discute? ¿Que no se puede legislar sobre la TV porque “la mejor ley es la que no existe” y el Estado no tiene derecho a intervenir en ese campo? Y si se puede, ¿no existen condiciones apropiadas para abrir ese debate?.

O ni uno ni otro, sino que esa es una “ley mordaza”, autoritaria, fascista, que atenta contra la libertad de expresión. Vamos por partes.

Primer negro. Comienzo por citar un filósofo conservador, austríaco, hace poco fallecido, Karl Popper, conocido por muchos comunicólogos y muy pocos políticos: “La democracia consiste en someter el poder público a un control. Esa es su característica esencial. No debería existir, en una democracia, ningún poder político incontrolado.

Ahora bien, la televisión se ha convertido en un poder colosal; se puede decir que es potencialmente el más importante de todos, como si hubiese reemplazado la voz de Dios. Y será así en tanto continuemos soportando sus abusos. La televisión ha adquirido un poder demasiado extendido en el seno de la democracia. Ninguna democracia puede existir sino se le pone freno a esta potencia”.

En Venezuela ha habido varios intentos del Estado por ejercer algún tipo de control.

El 10 de agosto de 1967 (Leoni), el Ministerio de Comunicaciones dictó una resolución restrictiva de la programación de TV, “por cuanto es deber del Estado velar porque no se difundan por las estaciones de TV programas, novelas y películas que atenten contra la moral, las buenas costumbres y el lenguaje”.

No se aplicó.

En cuatro ocasiones (1964: Leoni, 1969 y 1971: Caldera y 1974: Pérez) el Senado debatió sobre la televisión. No se aprobó ninguna ley, ni se abrió la investigación acordada sobre “restricciones a la libertad de expresión en TV”; los únicos resultados fueron la edición de 1.000 ejemplares del folleto “La televisión venezolana”, y el veto en los canales comerciales a Alfredo Tarre Murzi, presidente del Inciba (hoy Conac), por las críticas que hizo en la Comisión de Cultura del Senado.

Fue silenciado hasta su reciente muerte.

(Hablando de vetos, en 1980 el presidente Herrera Campins decretó la prohibición de publicidad de licores y cigarrillos en la radio y la TV. Sufrió igual sanción. Ni su partido ni sus amigos lo defendieron. ¡Bola!) En 1989 (oct. 11) tocó el turno a la Cámara de Diputados, después de largo debate se limitó a exhortar a la TV “a suprimir de sus programaciones el sexo, la violencia y el terror, durante horas dedicadas a la infancia”.

No le hicieron caso.

Desde 1941, cuando se dictó el reglamento de telecomunicaciones, el Ejecutivo no se atrevió a actualizarlo. Cada vez que lo intentó, debió engavetar sus intenciones por la presión de ese “poder colosal”.

Segundo negro. Veamos lo ocurrido en el sector privado. El Episcopado venezolano emite una declaración el 11 de julio de 1980 “a propósito de las recientes disposiciones sobre la televisión”; donde afirma que “dada la peculiar obligación que le in cumbe al Estado de velar por la salud y progreso de nuestro pueblo, es legítimo esperar que elabore una actualizada, coherente, clara, valiente y realista reglamentación en este campo y la lleve a la práctica con decisión y consecuente firmeza”.

Es importante subrayar cómo la Iglesia no se conforma con su pedimento, sino que conociendo el poder del sector, demanda “decisión y consecuente firmeza” en su aplicación. La Conferencia Episcopal fue consecuente con esta posición y durante años estuvo expresándola en sus mensajes. En los años más recientes, seguramente cansada de que nadie la escuche, ha optado por guardar silencio.

En 1982 (nov. 25) un grupo de mujeres profesionales y amas de casa fundó “Mejor TV”, después, Asociación Nacional de Televidentes. El Foro Salud Mental y Violencia en la Televisión llama a un boicot a algunos programas. No tienen éxito.

El 7 de marzo de 1991 aparece una página con un breve documento firmado por 1.327 mujeres (Lolita Borjas de Muci, Beatriz Avendaño de Ohep y María Graciela Oropeza lo encabezan), donde afirman que “la televisión venezolana se ha convertido en la mejor escuela del crimen, del desenfreno moral y la delincuencia”. Eso no puede seguir así. En la Universidad Católica se celebra (mayo 1995) el II Encuentro de la Sociedad Civil, donde se oyen serias críticas a la TV, le demandan autoregulación, la elección de un ombudsman, y al Estado “ser más diligente en su labor de regulación”. Poco después, en Valencia decretan una noche de “parada de televisión”, entre 7 y 11 pm.

El gobierno atendió los reclamos.

El 3 de febrero de 1995 el ministro Escovar Salom se reunió con representantes de las televisoras. Les dijo que el gobierno no quería intervenir, que debían hacerlo las televisoras.

Estas anunciaron que tenían hasta dos códigos de ética y nació la Asociación Venezolana de Televisión, que presidió Carlos Delgado Chapellín, con poderes para que procediera como un defensor del televidente.

Él lo intentó. El 5 de octubre renunció. El día de la medición del rating, los canales 2 y 4 programaron películas de homosexualismo en horario estelar, y Delgado trató de impedirlo.

Inútilmente. Se retiró y dijo que era la última oportunidad de autoregulación, que no tenía sentido esa Asociación y que el Estado debía asumir a plenitud su función contralora y sancionadora.

Debió ser en esos días cuando Ibsen Martínez, -citado por Teodoro Petkoff (5mayo95)escribió o declaró que creer en una autoregulación de las televisoras, “equivale a haberle pedido a Al Capone y a O’Bannion que hubieran elaborado un código de ética para la guerra de gangsters en el Chicago de la ley seca”.

Tercer negro. No hay condiciones para el debate, dicen. Uno debe creer que es así cuando observa la intolerancia de un grupo de artistas de la televisión que impidió en una asamblea que el actor Simón Pestana hablara en defensa del proyecto de ley. ¿Es concebible que en los medios, y en particular, en la televisión se abra una serie de foros para discutir la materia? ¿Se puede hablar de discusión de un proyecto que cuando apenas asomó la cara fue calificado de “ley mordaza”, de autoritaria, negadora de la libertad de expresión y de la libertad de trabajo? ¿Ha sido leído por todos los que han ocupado espacio en prensa, radio y TV para condenarlo? Es cierto que el país vive momentos de gran conflictividad, de pugnacidad, de contradicciones, sin embargo, es en ese ambiente que se han abierto negociaciones entre representantes de uno y otro bando. Es cierto que no se ha avanzado mucho, pero las dos partes parecen estar persuadidas, según lo ha dicho César Gaviria, su facilitador, de que no hay salida pacífica, democrática, fuera de esa Mesa. Y ha habido expresiones de una y otra parte coincidentes con esa opinión. Es decir, si son posibles el diálogo, la búsqueda de acuerdos, las negociaciones entre partes con posiciones diametralmente opuestas, ¿no es posible debatir ponderadamente, sensatamente, reflexivamente, racionalmente, una propuesta sobre algo tan importante para toda la sociedad como es la televisión? El contenido de la ley aparecerá en el último negro.