A principios del mes de diciembre, en el galpón de la distribuidora Kraisel en Boleíta Norte, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Sundde, decomisó unos 4 millones de juguetes que se encontraban ahí acaparados. Desde la tolda de la oposición se calificó el hecho como robo, y desde el Gobierno Nacional como una acción justa. Aseveró lo segundo, fue apegada a derecho y dentro del marco constitucional.
Los juguetes fueron adquiridos en 2008 con divisas equivalentes de 2,5 bolívares por dólar, y en 2013 a 4,50 Bs. La negociación se dio entonces en el contexto de la importación a tasa preferencial. Por ello debían venderse con un margen de ganancia razonable, no del 95 mil por ciento.
Asimismo, aunque algunos juguetes aparecían como agotados, se encontraban almacenados para ser comercializados a precios exorbitantes, a pesar de que tenían entre 4 y 8 años ocultos lo cual incidía en la reducción de la vida útil de estos por estar expuestos al deterioro.
El Estado favoreció su adquisición para asistir su venta a un precio justo, lo cual no ocurrió. Por ello estaba en su derecho de decomisarlos para darles un mejor destino: su repartición a través de los Comités Locales de Abastecimiento, CLAP.
¿Quién roba a quién? ¿Quién pretendía la venta de estos muy por encima de su costo después de años guardados? Al calificarlo como un robo, se obvia que los dueños de Kraisel no son fabricantes sino importadores y distribuidores, lo que se llama burguesía parasitaria: sin producir se benefician del Estado, sacan el máximo provecho y favorecen una economía dependiente de la renta petrolera.
Finalmente, como la mano invisible del capital se hizo presente mediante el acaparamiento y especulación, estos juguetes comprados a dólar subsidiado se incautan y redistribuyen para garantizar la justa distribución de la riqueza, de acuerdo con nuestra Constitución, Art 112.
@isabelrivero70
