Definitivamente, el contrabando de extracción en la frontera colombo-venezolana, favorecido por el cambio ilegal de pesos por bolívares para comprar dólares, se promueve desde el Gobierno de Colombia, donde los derechos sociales, tales como alimentación, salud, vivienda, educación y trabajo, no se cumplen.
El país neogranadino tiene el índice más alto de desigualdad en Latinoamérica; al contrario del nuestro que ostenta el más bajo, según la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que en 2015 reconoce el esfuerzo de Venezuela en erradicar el hambre y el desempleo. La FAO argumenta en 2016 que aquí no hay crisis humanitaria, contradiciendo así a los medios de derecha.
En septiembre del 2015 cuando el presidente Maduro denunció que colombianos contrabandeaban alimentos y gasolina de Venezuela, la canciller de ese país, María Ángela Holguín, declaró que nuestras autoridades eran responsables de ello por mantener subsidios que garantizaban una mejor calidad de vida a sus habitantes; y propuso eliminarlos.
Para contrarrestar el tráfico ilegal de la gasolina, a principios de enero de 2017 el mandatario nacional venezolano toma la medida de la venta del combustible en la frontera en peso colombiano. A ello responde Holguín que su país no abrirá paso de carros para su compra.
Igualmente, como continúa vigente la resolución Nº 8 del 2000, que legaliza en la hermana república la compra de nuestra moneda por debajo de su valor alimentando Dolar Today, el Ejecutivo Nacional anuncia la apertura de casas de cambio en zona fronteriza para la convertibilidad de pesos por bolívar.
Finalmente, tales decisiones, y otras aquí comentadas, son necesarias, pues la nación hermana, integrante de la OTAN y con 9 bases militares de EEUU, intenta seguir legitimando estas prácticas fraudulentas, pues, como lo ha afirmado el alcalde de Cúcuta, su economía depende de estas.
