Venezuela es un país soberano y democrático. Su pueblo mediante elecciones democráticas en 1998, decidió quién sería el Presidente de la República. Mediante referéndum aprobó una Constitución y decidió conformarse como una sociedad democrática, participativa y protagónica, cuyos mandatos o gobiernos fueran revocables. De este modo, Venezuela ejerció el derecho democrático a elegir su destino, como suprema manifestación de su libertad, y actuando de acuerdo al principio de autodeterminación de los pueblos.

En la Constitución que se dio el pueblo venezolano, se contemplan las diferentes formas de participación democrática para tomar decisiones que afecten a todo el colectivo, entre ellas el pleno ejercicio de la alternancia en el ejercicio de gobierno mediante elecciones. De acuerdo al Artículo 70 “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros (...)”

Sin embargo, desde el pasado 11 de abril de 2002, sectores opositores apoyados internacionalmente se han valido de actos terroristas, ilegales, y del uso de la violencia, con el objetivo de forzar una decisión que corresponde a las mayorías venezolanas, como es la de cambiar cualquier gobierno. Tales conductas, tipificadas por las leyes venezolanas como delitos, cuando son sancionadas por las instituciones del Estado venezolano causan “preocupación” en sectores opositores y gobiernos extranjeros. ¿Por qué preocupa que un país soberano aplique sus leyes?.

Es curioso el hecho de que las argumentaciones esgrimidas por algunos sectores opositores, confundan intencionalmente el pleno ejercicio de la justicia con posturas supuestamente dictatoriales, autocráticas, totalitarias, ilegales y terroristas, descalificativos éstos profusamente transmitidos a través de los servicios de divulgación comerciales (quienes irresponsablemente insisten en su actitud desinformativa y desestabilizadora), apuntando a identificar al gobierno venezolano como una especie de “dictadura electa”, de carácter pseudo legal.

El afán descalificador de algunos voceros de oposición ha llegado al extremo de manifestar públicamente que solicitan la declaración del Estado venezolano como un “Estado forajido”, término por demás ambiguo y sin fundamentación jurídica alguna, que no persigue otra cosa que generar confusión en procura de intereses políticos y económicos inconfesados o que obedecen al ejercicio de dominación a nivel planetario.

El inconsistente e irresponsable discurso opositor se ha proyectado con cierta eficacia en el plano internacional, en cuyo escenario, algunos grupos de intereses de carácter político y económico participan activamente en la conspiración enfilada contra la voluntad del pueblo venezolano, su Constitución y su gobierno, grupos estrechamente coordinados con los sectores golpistas del país. Al respecto, cabría preguntarse ¿dónde se ubica el epicentro de la conspiración?

Desacertadas declaraciones emitidas por funcionarios de algunos gobiernos aluden a la presunta ausencia de instituciones autónomas y de pluralismo democrático, asimismo, se acusa al ciudadano Presidente de la República de contribuir a la violencia en el país y de socavar el diálogo con la oposición mediante lo que califican extrañamente como el uso de una “retórica inflamatoria”.

Tales afirmaciones pudieran interpretarse como un ataque a la integridad misma del Estado venezolano, al deslegitimar las actuaciones de sus instituciones, en momentos en los cuales resulta imprescindible el fortalecimiento de los Poderes Ciudadano y Judicial de nuestro país, así como la mayor sinceridad y rigurosidad requerida por la ciudadanía ante el Ciudadano Presidente, quien responsablemente ha venido exigiendo justicia en nombre del pueblo venezolano, como corresponde a su alta investidura.

Quienes exigen respeto a la “investidura” y “jerarquía” del presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, acusado por la comisión de diversos delitos, obvian que al mencionado imputado se le garantiza el respeto a sus derechos, incluyendo el debido proceso, el derecho de apelación y su libertad de expresión. Por otra parte, son ajenas al ordenamiento jurídico y a la cultura política que se construye en nuestro país, las discriminaciones derivadas de la condición social de las personas, ya que, por el contrario, la igualdad ante la ley no admite excepciones, sean éstas de filiación aristocrática, oligárquica o cualquier otra.

La Organización Internacional de Empleadores (O.I.E.) denuncia al gobierno bolivariano ante la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), la presunta violación del Convenio 87 referida a la libertad sindical, a la vez que le exige explicaciones por la detención del Sr. Fernández. No deja de sorprender que estos organismos internacionales hayan omitido pronunciamiento alguno a favor del empresariado y de los trabajadores y trabajadoras venezolanas durante los días del autocalificado “paro cívico”, siendo que el mismo llevó a la violación flagrante de los derechos económicos y laborales de prácticamente toda la población del país.

Una vez más se equivocan quienes piden explicaciones al gobierno venezolano, omitiendo el hecho de que han sido los organismos competentes del Estado en materia de juicios y sanciones, los encargados del caso Fernández, como corresponde al estricto cumplimiento de la autonomía de los Poderes Ciudadano y Judicial, estipulada en la Constitución Nacional vigente refrendada por votación popular.