Al postergar las medidas económicas para reactivar la producción, la crisis humanitaria se ha agravado. La crónica escasez de alimentos y medicinas, el empobrecimiento generalizado de la población, la prolongada contracción del aparato productivo, la caída del ingreso en divisas, los fuertes pagos de la deuda externa, el derrumbe de las importaciones esenciales, el aumento del desempleo y del sector informal, el colapso de los servicios públicos, la corrupción administrativa, el contrabando, el narcotráfico y la creciente criminalidad que ha disparado el número de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, son parte de los terribles flagelos que azotan a la sociedad venezolana en general.

El control y la censura de los medios de comunicación

Para silenciar la tragedia nacional, el gobierno despliega un incesante acoso a los medios de comunicación a través de la detención y enjuiciamiento de periodistas, la prohibición de canales de televisión como CNN en español y NTN24, el control gubernamental de periódicos y emisoras locales de radio y televisión. Esta permanente persecución crea un ambiente de temor e induce a la autocensura que atenta contra la libertad de prensa y el derecho a la información veraz. Hasta las redes sociales están en la mira de Conatel.

El cierre de las vías electorales y pacíficas

La naturaleza antidemocrática del régimen se expresa en el cierre de las vías electorales y pacíficas para superar la crisis. Su talante autoritario lo llevó a demoler la independencia de los poderes públicos. Con este fin, colonizó el CNE y el TSJ con exministros, exdiputados y dirigentes políticos leales al oficialismo. La colusión de los poderes ejecutivo y judicial le ha permitido al gobierno evadir el control constitucional que debe ejercer la AN. A través de más de 50 sentencias, el TSJ ha vaciado de funciones al Poder Legislativo.
La sumisión del poder electoral a las conveniencias del gobierno hizo posible la suspensión de referendo revocatorio y de las elecciones de gobernadores que el oficialismo a todas luces iba a perder. Al mediatizar y anular a los demás poderes públicos, el gobierno ahora pretende imponer una ANC a su medida, sin ni siquiera someter su propuesta y las bases comiciales a la aprobación popular a través de un referendo.

La extensión de las protestas en el territorio nacional

A pesar del alto costo político que esta tragedia le genera, el gobierno despliega una tenaz represión tras el vano propósito de socializar el miedo y el terror, con el fin de desmovilizar a la ciudadanía que ha desbordado las calles.

Las protestas no son solo un fenómeno metropolitano o capitalino. Los estallidos sociales se han extendido a lo largo y ancho del territorio nacional. Hasta en pequeño y alejados pueblos de la geografía nacional, los habitantes han salido a las calles a levantar su voz de protesta contra un Gobierno que pareciera no termina de tomar consciencia de la grave crisis humanitaria que atormenta a toda la nación.

El costo irreparable de vidas humanas

Han sido muy altos los costos humanos y sociales. Desde que se iniciaron las protestas, más de 50 manifestantes han perdido la vida, los heridos y lesionados se cuentan por centenas y más de dos mil manifestantes han sido detenidos, muchos de los cuales han sido pasados a tribunales militares. La brutal represión ha quedado registrada en los centenares de videos y testimonios que diariamente circulan por las redes sociales.

El agravamiento de la crisis, la radicalización de las protestas, el agotamiento de la policía y guardia nacional, la condena internacional y las tensiones internas en el oficialismo van madurando las condiciones para retomar el diálogo político y la negociación que puede desembocar en un proceso de transición democrática y pacífica hacia un nuevo orden político, económico y social. Esto requiere la emergencia de nuevos interlocutores, despolarizados y moderados, que generen confianza mutua para que las negociaciones avancen y los acuerdos puedan concretarse.

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente

Con el argumento de retomar el diálogo político y recuperar la paz, el Presidente de la República propuso una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Pero por la falta de claridad en los mecanismos de elección, las bases comiciales y la participación de la ciudadanía en la convocatoria de la ANC, así como la forma a través de la cual se aprobará la nueva Constitución, el anuncio presidencial caldeó aún más los ánimos, atizó las protestas y reencontró a una oposición que va mucho más allá de la MUD, e incluye a los sectores de la izquierda no gobiernera y del creciente chavismo crítico y descontento.

Amplios sectores políticos, económicos y sociales del país coinciden en que confundir la propuesta de realizar una ANC con la convocatoria de la misma es un fraude a la Constitución y a la democracia. Sobre todo, cuando esta iniciativa proviene de un poder constituido, con lo cual se estaría usurpando el poder constituyente originario que reside intransferiblemente en el pueblo, según lo establece los artículos 5 y 347 de la CRBV.

La creciente consciencia ciudadana se expresa en una tenaz e incansable resistencia a lo largo y ancho del territorio nacional, y está demostrando que en Venezuela será muy difícil subyugar a un pueblo que no quiere terminar siendo un esclavo de la nomenklatura que ha pulverizado la autonomía e independencia de los poderes públicos y ahora pretende redactar una constitución a su medida que le permita atornillarse y perpetuarse en el poder.