"Encuentro de Constitucionalistas en Defensa de la Constitución de 1999: Participación y soberanía popular en la ANC: convocatoria, bases comiciales y los referendos"

DECLARACIÓN FINAL:

"UN LLAMADO A LA PAZ Y AL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN"

Nosotros, asistentes al "Encuentro de Constitucionalistas en defensa de la Constitución de 1999: Participación y Soberanía Popular en la Asamblea Nacional Constituyente: Convocatoria, Bases Comiciales y los Referendos", individualidades, movimientos sociales y políticos, plataformas en defensa de la Constitución, académicos; así como cualquier ciudadano que conozca la presente declaración y este de acuerdo en su contenido y manifieste su adhesión al mismo, ante la grave realidad del pueblo venezolano, pronunciamos y respaldamos la declaración final del evento, en los siguientes términos:

CONSIDERANDO:

1. Que Venezuela vive en la actualidad una profunda y compleja crisis, la cual se expresa en fracturas en el ámbito económico, social y político institucional.

2. Que el Presidente Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de manera inconstitucional, sin legitimidad y usurpando la soberanía popular.

3. Que esta convocatoria a una ANC significa un "FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN", ya que su intención no es un nuevo pacto social y de convivencia de los venezolanos, sino la preservación del poder político por quienes hoy lo ostentan, y el desconocimiento de otros actores políticos y sociales.

4. Que las bases comiciales anunciadas por el gobierno nacional y aprobadas por el CNE, no fueron consultadas al pueblo de Venezuela, y violan los principios de la Constitución de 1999.

5. Que el proceso constituyente de 1999 contó con la consulta y aprobación del pueblo soberano, tanto en su convocatoria, como en sus bases comiciales, en la elección de los constituyentes, y en el referendo aprobatorio como requisito previo a la entrada en vigencia de la Constitución.

6. Que de la lectura del Artículo 347 constitucional, así como del estudio de las "Actas Constituyentes", se desprende que es el "pueblo de Venezuela el depositario del poder constituyente originario", y que en ejercicio de ese poder es el único que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

7. Que el Artículo 348 constitucional solo otorga al Presidente de la República, entre otros, una iniciativa de convocatoria para activar el llamado a un referéndum para que el pueblo se pronuncie si quiere o no una ANC. Pero que en ningún caso, esta iniciativa puede equipararse a la convocatoria, ya que eso supone "usurpar" la soberanía popular, la cuál es INTRANSFERIBLE.

8. Que la actuación desproporcionada y desmedida de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a favor del gobierno nacional significa la deriva del proyecto constitucional de 1999.

9. Que la interpretación que hace la Sala Constitucional en la sentencia 378 de la convocatoria realizada, supone un cataclismo constitucional donde órganos del poder publico están por encima y con privilegios frente a la iniciativa popular. Dejando de lado los graves vicios de origen de esta convocatoria.

10. Que la Convocatoria a la ANC se hace bajo el manto de un "Estado de excepción", pretexto sobre el cual se pretende justificar "medidas extraordinarias", pero que suponen la limitación de principios y derechos constitucionales; así como el rompimiento de la forma de Estado y de Gobierno que contempla el sistema constitucional que nos dimos con la Constitución de 1999.

11. Que Poderes públicos desconocen las competencias y atribuciones de otros Poderes Públicos.

12. Que fracasó el diálogo propuesto e iniciado entre los dos actores que concentran la mayor fuerza de polarización. Habiendo una gran dispersión donde de ambos lados se vienen imponiendo los sectores extremos que juegan y justifican a la violencia por razones políticas.

13. Que las elecciones de gobernadores y consejos legislativos regionales debieron realizarse en diciembre del 2016, por lo que hoy dichas autoridades se encuentran con sus períodos constitucionales vencidos. Situación que se agrava al existir gobernadores que fueron sustituidos desde el gobierno.

14. Que este año se vence el período constitucional de los alcaldes y concejos municipales, sin que a la fecha se haya convocado a dichas elecciones.

13. Que por más de 60 días ha habido protestas por parte de la oposición, lo que ha dejado como consecuencia un saldo lamentable de 68 personas fallecidas.

14. Que los niveles de violencia van en aumento sin que se aprecie acciones para detenerla; lo que pudiese llevar a enfrentamientos superiores entre venezolanos.

15. Que la ANC en estos términos significa un cheque en blanco por período ilimitado al servicio del gobierno nacional y del partido de gobierno; que busca tomar por esa vía el control de todos los poderes del Estado y sustituir cualquier autoridad que le sea incomoda.

16. Que en caso de que siga adelante la ANC en los términos expuestos, se rompería con el principio axiológico de la participación que sustenta la democracia participativa y protagónica del sistema constitucional de 1999, dejando un cascarón normativo sin sustancia ni fuerza.

17. Que la Constitución de 1999 goza de suficiente legitimidad democrática, para que dentro de ella se estudien las salidas a la crisis actual. Todos los factores políticos que hacen vida en la realidad Venezolana, reconocen a la Constitución de 1999.

18. Que la ANC no resuelve los graves problemas económicos y sociales que atraviesa el país. No resuelve la escasez de productos y medicinas, ni el alto costo de la vida.

19. Que la realidad índica que una ANC impulsada desde un gobierno disminuido y sin legitimidad suficiente, donde no participen el resto de los sectores sociales, políticos y económicos del país, más que un llamado a la paz, significa el incremento del conflicto y tratar de apagar un fuego con gasolina.

DECLARAMOS:

Primero: Hacemos un llamado a la "PAZ NECESARIA". Al reconocimiento del otro, y sobre todo al derecho a la vida de todos. Todos somos seres humanos con derechos y garantías.

Segundo: Hacemos un llamado a la búsqueda de soluciones dentro de la Constitución, con las debidas garantías constitucionales de todos los actores.

Tercero: Hacemos un llamado al gobierno nacional, y específicamente al Presidente de la República Nicolás Maduro, para que retire la propuesta de la ANC en esas condiciones; y que en caso de insistir en la idea, se someta a la consulta popular la pertinencia de ella.

Cuarto: Hacemos un llamado al CNE para que con carácter preferente a cualquier otro acto, convoque los procesos electorales de autoridades de elección popular con los períodos vencidos, y publique el cronograma electoral de los procesos electorales pendientes. Como la única vía para quitarle base social a los sectores extremos que incitan la violencia.

En este orden de ideas, el Tribunal Supremo de Justicia debe resolver inmediatamente el proceso judicial respecto a la elección de los diputados del Estado Amazonas; y en caso de ser necesario, el CNE debe convocar las elecciones de diputados en dicha entidad.

Quinto: Hacemos un llamado a todos los actores políticos y sociales para que hagan un llamado a sus seguidores a la no violencia y a la protesta y movilización pacífica.

Sexto: Hacemos un llamado al gobierno nacional para que cese la represión desmedida contra las manifestaciones. Todo uso de la fuerza pública debe ser proporcional, y en ningún caso supone la muerte de manifestantes o personas que transiten cerca de éstas.

Hacemos un llamado a los sectores de oposición para que se desvinculen y señalen a quienes escudados en acciones y movilizaciones de ese sector, generen actos violentos, y sobre todo, causen la muerte, lesiones, agresiones y violaciones a la dignidad de otro ser humano. Condenamos cualquier acto que suponga la violación al derecho a la vida y a la dignidad de la persona, así como cualquier agresión física que implique la muerte o lesiones por motivos políticos.

Séptimo: Las personas fallecidas son venezolanos víctimas de esta escalada de violencia. En este sentido, llamamos a que no se politicen sus muertes. Y a que lo órganos competentes realicen las averiguaciones pertinentes y se castiguen los culpables de dichos crímenes, independientemente de la militancia política de las víctimas o de quienes pudieran ser culpables, sean funcionarios de las fuerzas del orden público o no lo sean.

Octavo: Atenta contra la Constitución (artículo 261) el uso de tribunales militares para causas de presuntos delitos cometidos por civiles. La Constitución expresamente señala que jurisdicción militar se limitará a delitos de naturaleza militar; por lo que dichos procesos son una violación al principio del juez natural y al debido proceso.

Noveno: Todo nuestro apoyo a la Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz, por sus valientes declaraciones respecto a la ruptura del orden constitucional, a la inconstitucionalidad en la convocatoria a la ANC, en la defensa de la Constitución vigente, y en las acciones jurídicas que ha emprendido para garantizar el cumplimiento y vigencia del orden constitucional.

En este sentido condenamos la decisión de la sala constitucional del TSJ donde se inadmite la solicitud de aclaratoria a la sentencia 378, ya que se desconoce las funciones constitucionales y legales del Ministerio Público. Hace apenas unos días, la propia sala modificó dos sentencias por un exhorto del Consejo de Defensa de la Nación, y hoy se niega la legitimidad a un órgano que constitucionalmente esta llamado a garantizar y defender la Constitución.

Hacemos un llamado a que masivamente la población se adhiera al recurso de nulidad introducido por la Fiscal General ante la sala electoral del TSJ en contra de los actos realizados por el Gobierno Nacional, y el CNE, respecto de la convocatoria a la ANC y de las bases comiciales aprobadas.

Firmas y adhesiones:

Adhesión a la declaración final del encuentro debe hacerse a este correo: declaracionfinal@gmail.com