El 8 de mayo de 2014, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense llevó a cabo una audiencia para abordar la situación en Venezuela con el fin de justificar un proyecto de ley impulsado por los senadores ultraderechistas Robert Menéndez y Marco Rubio que, una vez aprobado, permitió que el gobierno de Barak Obama sancionara a funcionarios del Estado venezolano. (1)
Luego del relato distorsionado de los eternos inquisidores, tales como Roberta Jacobson, Tom Malinowski, Patrick Duddy, Moisés Naím y José Miguel Vivanco, el senador Rubio tomó la palabra para justificar la aplicación de sanciones y compartir su lista inicial de nombres a ser sancionados.
Para el senador republicano era necesario imponer sanciones de forma inmediata a funcionarios venezolanos que, según su propuesta, torturan, asesinan y violan de manera grotesca los derechos humanos en Venezuela, y al mismo tiempo pasan sus fines de semana en Miami, alardeando en sus lujosos automóviles y apartamentos, gastando enormes sumas de dinero y riéndose de todos los senadores en la cara.
Un dato curioso, que hoy salta a la vista, es que entre los funcionarios venezolanos mencionados específicamente por el propio Rubio durante la audiencia, se encuentran la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, la entonces Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y el ex Ministro de Interior Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quienes recientemente se han manifestado expresamente contra el Gobierno Venezolano luego de su pública identificación con el chavismo.
En junio de 2014, el Congreso estadounidense aprobó el proyecto de Ley contra Venezuela, mientras el Senado hacía su parte el 8 de diciembre del mismo año, a pesar de la débil reticencia mostrada por la administración Obama. Dos días más tarde, el Congreso aprobó una versión enmendada que permite la imposición de sanciones como la congelación y exclusión de activos, la revocación de visas y otros documentos, y penalidades monetarias. El entonces presidente Obama procedió a su promulgación definitiva el 18 de diciembre de 2015 (2), horas más tarde de anunciar el restablecimiento de las relaciones con Cuba con la apertura de embajadas en ambos países.
Luego de hacer pública la lista inicial de personalidades venezolanas a ser sancionadas que elaboró el senador Rubio, principal arquitecto del proyecto de Ley, la Fiscal Luisa Ortega Díaz anunció la designación de un abogado para defenderse de dichas sanciones, arremetiendo duramente contra el gobierno de ese país. (EFE, 5/2/2015)
Sería muy audaz afirmar cómo se llevaron a cabo las gestiones del abogado de la Fiscal, ya que las mismas no han sido del conocimiento público. Sin embargo, éstas parecen haber sido exitosas en lograr que la Fiscal Ortega Díaz evitara, como dicta la ley norteamericana, la congelación y exclusión de activos, en caso de poseerlos, la revocación de su visa, si la tuviera, y penalidades monetarias.
El listado actual de personalidades sancionadas por Estados Unidos que publica la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, no incluye a la Fiscal Ortega Díaz, como tampoco a Ramírez, ni a Rodríguez Torres. Tampoco se encuentran los gobernadores de Bolívar y Táchira, mencionados en esa primera lista, pero sí aparece el de Trujillo, nombrado inicialmente por Rubio. Sí están los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Vicepresidente de la República, recientemente objetos de estas ilegales sanciones.
Notas:
(1) El proyecto de ley del Senado de Estados Unidos "Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014 asegura que el Gobierno de Venezuela respondió a protestas pacíficas con violencia y asesinatos por parte de sus fuerzas de seguridad, y en este sentido, en su sección sexta dedicada al "Apoyo para la Sociedad Civil en Venezuela", dispuso, entre otros, "construir la capacidad organizativa y operacional de activistas y organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, a nivel nacional y regional", y autoriza la entrega a la derecha venezolana de 15 millones de dólares, sólo para 2014, para sus actividades de desestabilización, adicionales a los recursos que reciben del gobierno y congreso estadounidense, la NED y la USAid, entre otras agencias y organizaciones. No obstante, toda esta sección fue eliminada cuando la Ley fue enmendada y aprobada por el Senado el 8 de diciembre de 2015. En su lugar, fue incluida así como una instrucción a la "Broadcasting Board of Governors" - agencia de inteligencia encargada de supervisar las transmisiones de la reaccionaria "Voz de América" y las transmisiones ilegales en Cuba de Radio Martí y TV Martí - de elaborar un informe sobre los obstáculos que supuestamente tiene la población venezolana en la transmisión y distribución física y digital de información, a fin de diseñar una estrategia para incrementar y expandir el financiamiento a los medios de comunicación y periodistas opositores.
(2) En el contexto de esta Ley, Obama decretó el 9 de marzo de 2015, la Orden Ejecutiva que declara a su país en "emergencia nacional" porque Venezuela constituye "una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos".
Referencias:
US Senate (May 8, 2014) "Assessing Venezuela's Political Crisis: Human Rights Violations and Beyond" [min: 03.09.55] https://www.foreign.senate.gov/hearings/assessing-venezuelas-political-crisis-human-rights-violations-and-beyond
Lista de Venezolanos Sancionados (Office of Foreign Assets Control, OFAC):
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/ctrylst.txt
EFE (5/2/2015) "Fiscal general venezolana nombrará abogado para defenderse de sanción de EE.UU." http://www.efe.com/efe/america/politica/fiscal-general-venezolana-nombrara-abogado-para-defenderse-de-sancion-ee-uu/20000035-2529464
