Se ha creado una fabula bastante grave entorno a la figura jurídica del desacato, que genera falsas creencias en un sector del pueblo venezolano que desconoce el alcance de dichas manipulaciones, por tanto son estafados en su buena fe.
En términos sencillos, el desacato es una sanción contra toda persona que no cumpla con un mandato judicial. La misma, resulta en una sanción personalísima, dirigida a una persona natural en concreto (es decir, de carne y hueso) y no jurídica (instituciones, empresas, asociaciones, etc.). En el caso de la Asamblea Nacional, el desacato a un mandato judicial, acarrea responsabilidades personales de quien la desacata, en el caso de la Asamblea Nacional, de la Presidencia de la Asamblea, o de su directiva, pero nunca supondría inhabilitación contra toda la institución que representa, y mucho menos aplicaría a todos los integrantes del cuerpo colegiado de forma indiferenciada (tanto los que votan o no por las decisiones), con el agravante de que se trata de representantes de un poder autónomo del Estado electos por voluntad popular. En todo caso, ante un desacato de la directiva a un mandato judicial, en cualquier país donde se respete el Estado de Derecho, y más un Estado Social de Derecho y de Justicia, operaría un antejuicio de mérito contra las personas naturales que desacataron el mandato judicial, para poder aplicar dicha sanción personal, y la verificación individual de los actos que realicen para constatar que esten ajustados a derecho, pero jamás implicaría una inhabilitación sui generis de todo el cuerpo para el cumplimiento de sus funciones constitucionales, incluyendo a los diputados del PSUV que nada tuvieron que ver con las decisiones de la directiva. Es como si el Presidente de la República desacatara una orden judicial, y ya no pudiera emitir decretos ni tomar decisiones para atender las responsabilidades y exigencias de su cargo por el cual fue electo, quedando completamente anulado su despacho, y que todo el tren ejecutivo que depende de él, incluyendo la Vicepresidencia, los Ministros, los Viceministros, etc., fueran inhabilitados para ejercer sus funciones, quedando en Estado venezolano sin Poder Ejecutivo. Venezuela no se puede quedar sin Poder Legislativo, y el TSJ no puede sustituirlo, tan es así, que el mismo TSJ tuvo que recular parcialmente con las sentencias que formalizaban la usurpación total de sus funciones, porque era algo simplemente delirante!
En ese sentido, el supuesto "desacato" que impide a la Asamblea ejercer sus funciones constitucionales, es una mentira que viola la propia Constitución, y desconoce la autoridad depositada por el pueblo venezolano en su Poder Legislativo, constituyendo en sí mismo un Golpe de Estado. Por tanto, desconocer a la Asamblea Nacional, es desconocer la voluntad del pueblo venezolano que ejerció su soberanía intransferible en elecciones de votación universal, directa, y secreta, eligiendo a sus representantes.
Inhabilitar a la Asamblea Nacional como institución con la figura del "desacato", que es un absurdo jurídico que no tiene ningún fundamento constitucional o legal, porque atenta incluso contra el sentido común, y luego pretender sustituirla por una Asamblea Nacional Constituyente, elegida por una minoría de la población con un voto corporativo (personas que votan dos veces o sola una según sector, o que su voto vale menos con respeto a otro según municipio) que viola la universalidad y proporcionalidad del voto consagrados en el artículo 63 de la Constitución, representa un Golpe de Estado y una traición a la tradición democrática del pueblo venezolano.
La Asamblea Nacional está en plena vigencia en sus funciones, y debe atender los pedimentos de la Fiscal General de la República, que valientemente defiende la Constitución de 1999, y que incluso ha jurado defenderla con su vida. Seamos consecuentes con nuestro amor a la democracia, y defendamos también la vigencia de nuestra Constitución.
Diony Alvarado