En defensa de Venezuela

Venezuela  vive  uno  de  los  momentos  más  críticos  de  su  historia. Acompaño crítica y solidariamente la Revolución bolivariana desde el inicio. Las conquistas sociales de las últimas dos décadas son indiscutibles. Para comprobarlo  basta  consultar  el  informe  de  la  ONU  de  2016  sobre  la evolución del índice de desarrollo humano.

Dice este informe: “El índice de desarrollo humano (IDH) de Venezuela en 2015 fue de 0.767 –lo que colocó al  país  en  la  categoría  de  alto  desarrollo  humano–,  posicionándolo  en  el puesto 71º de entre 188 países y territorios. Tal clasificación es compartida con Turquía. De 1990 a 2015, el IDH de Venezuela aumentó de 0.634 a 0.767, un aumento de 20,9 %. Entre 1990 y 2015, la esperanza de vida al nacer aumentó a 4,6 años, el período medio de escolaridad ascendió a 4,8 años  y  los  años  de  escolaridad  media  general  aumentaron  3,8  años.

El rendimiento nacional bruto (RNB) per cápita aumentó cerca de 5,4% entre 1990  y  2015”.  Se  hace  notar  que  estos  progresos  fueron  obtenidos  en democracia, solo momentáneamente interrumpida por la tentativa de golpe de Estado en 2002 protagonizada por la oposición con el apoyo activo de Estados Unidos. 

La muerte prematura de Hugo Chávez en 2013 y la caída del precio de petróleo  en  2014  causaron  una  conmoción  profunda  en  los  procesos  de transformación social entonces en curso. El liderazgo carismático de Chávez no tenía sucesor, la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones siguientes fue por escaso margen, el nuevo presidente no estaba preparado para tan complejas tareas de gobierno y la oposición (internamente muy dividida) sintió que su momento había llegado, en lo que fue, una vez más, apoyada por  Estados  Unidos,  sobre  todo  cuando  en  2015  y  de  nuevo  en  2017  el presidente Obama consideró a Venezuela como una “amenaza a la seguridad

nacional de Estados Unidos”, una declaración que mucha gente consideró exagerada, si no mismo ridícula, pero que, como explico más adelante, tenía toda lógica (desde el punto de vista de Estados Unidos, claro).

La situación se fue deteriorando hasta que, en diciembre de 2015, la oposición conquistó la  mayoría  en  la  Asamblea  Nacional.  El  Tribunal  Supremo  de  Justicia suspendió  a  cuatro  diputados  por  alegado  fraude  electoral,  la  Asamblea Nacional  desobedeció,  y  a  partir  de  ahí  la  confrontación  institucional  se agravó  y  fue  progresivamente  propagándose  en  las  calles,  alimentada también por la grave crisis económica y de abastecimiento que entretanto explotó. Más de cien muertos, una situación caótica.

Mientras, el presidente Maduro tomó la iniciativa de convocar una Asamblea Constituyente (AC) a ser elegida el día 30 de julio y Estados Unidos amenaza con más sanciones si las elecciones se producen. Es sabido que esta iniciativa busca superar la obstrucción de la Asamblea Nacional dominada por la oposición.

El pasado 26 de mayo suscribí un manifiesto elaborado por intelectuales y  políticos  venezolanos  de  varias  tendencias  políticas,  apelando  a  los partidos y grupos sociales en conflicto a parar la violencia en las calles e iniciar un debate que permitiese una salida no violenta, democrática y sin la injerencia de  Estados Unidos. Decidí entonces no volver a pronunciarme sobre la crisis venezolana.

¿Por qué lo hago hoy? Porque estoy alarmado con la parcialidad de la comunicación social europea, incluyendo la portuguesa, sobre la crisis de Venezuela, una distorsión que recorre todos los medios para demonizar  un  gobierno  legítimamente  electo,  atizar  el  incendio  social  y político  y  legitimar  una  intervención  extranjera  de  consecuencias incalculables.

La  prensa  española  llega  al  punto  de  embarcarse  en  la posverdad,  difundiendo  noticias  falsas  sobre  la  posición  del  gobierno portugués. Me pronuncio animado por el buen sentido y equilibrio que el ministro  de  Asuntos  Exteriores  portugués,  Augusto  Santos  Silva,  ha mostrado sobre este tema. La historia reciente nos muestra que las sanciones económicas afectan más a ciudadanos inocentes que a los gobiernos.

Basta recordar los más de 500 mil niños que, según el informe de Naciones Unidas de  1995,  murieron  en  Irak  como  resultado  de  las  sanciones  impuestas después  de  la  guerra  del  Golfo  Pérsico.  Recordemos  también  que  en Venezuela  vive  medio  millón  de  portugueses  o  lusodescendientes.  La historia reciente también nos enseña que ninguna democracia sale fortalecida de una intervención extranjera.

Los  desaciertos  de  un  gobierno  democrático  se  resuelven  por  vía democrática,  la  cual  será  tanto  más  consistente  cuanto  menor  sea  la interferencia  externa.  El  gobierno  de  la  Revolución  bolivariana  es democráticamente  legítimo. A lo largo de muchas elecciones durante los últimos veinte años, nunca ha dado señales de no  respetar los resultados electorales. Ha perdido algunas elecciones y puede perder la próxima, y solo sería criticable si no respetara los resultados.

Pero no se puede negar que el presidente  Maduro  tiene  legitimidad  constitucional  para  convocar  la Asamblea  Constituyente.  Por  supuesto  que  los  venezolanos  (incluyendo muchos chavistas críticos) pueden legítimamente cuestionar su oportunidad, sobre todo teniendo en  cuenta que  disponen  de  la Constitución de  1999, promovida por el presidente Chávez, y disponen de medios democráticos para manifestar ese cuestionamiento el próximo domingo. Pero nada de eso justifica  el  clima  insurreccional  que  la  oposición  ha  radicalizado  en  las últimas semanas y cuyo objetivo no es corregir los errores de la Revolución  bolivariana, sino ponerle fin, imponer las recetas neoliberales (como está sucediendo en Brasil y Argentina) con todo lo que eso significará para las mayorías pobres de Venezuela.

Lo que debe preocupar a los demócratas, aunque esto no preocupa a los medios globales que ya han tomado partido por  la  oposición,  es  la  forma  en  que  están  siendo  seleccionados  los candidatos. Si, como se sospecha, los aparatos burocráticos del partido de Gobierno han secuestrado el impulso participativo de las clases populares, el objetivo  de  la  Asamblea  Constituyente  de  ampliar  democráticamente  la fuerza política de la base social de apoyo a la revolución se habrá frustrado.

Para comprender por qué probablemente no habrá salida no violenta a la  crisis  de  Venezuela,  conviene  saber  lo  que  está  en  juego  en  el  plano geoestratégico global. Lo  que  está en juego son las  mayores reservas de petróleo  del  mundo  existentes  en  Venezuela.  Para  el  dominio  global  de Estados Unidos es crucial mantener el control de las reservas de petróleo del mundo.  Cualquier país,  por  democrático  que  sea,  que  tenga  este  recurso estratégico y no lo haga accesible a las multinacionales petroleras, en su mayoría norteamericanas, se pone en el punto de mira de una intervención imperial.

La  amenaza  a  la  seguridad  nacional,  de  la  que  hablan  los presidentes de Estados Unidos, no está solamente en el acceso al petróleo, sino  sobre todo  en el hecho  de que  el comercio mundial del petróleo se denomina  en  dólares  estadounidenses,  el  verdadero  núcleo  del  poder  de Estados Unidos, ya que ningún otro país tiene el privilegio de imprimir los billetes  que  considere  sin  que  esto  afecte  significativamente  su  valor monetario.

Por  esta  razón  Irak  fue  invadido  y  Oriente  Medio  y  Libia arrasados (en este último caso, con la complicidad activa de la Francia de Sarkozy). Por el mismo motivo, hubo injerencia, hoy documentada, en la crisis brasileña, pues la explotación de los yacimientos petrolíferos presal estaba en manos de los brasileños. Por la misma razón, Irán volvió a estar en peligro. De igual modo, la Revolución bolivariana tiene que caer sin haber tenido la oportunidad de corregir democráticamente los graves errores que sus dirigentes cometieron en los últimos años.

Sin injerencia externa, estoy seguro de que Venezuela sabría encontrar  una solución no violenta y democrática. Desgraciadamente, lo que está en curso es usar todos los medios disponibles para poner a los pobres en contra del chavismo, la base social de la Revolución bolivariana y los que más se beneficiaron  de  ella.  Y,  en  concomitancia,  provocar  una  ruptura  en  las  Fuerzas Armadas y un consecuente golpe militar que deponga a Maduro. La política exterior de Europa (si se puede hablar de tal) podría constituir una fuerza moderadora si, entre tanto, no hubiera perdido el alma.

*Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.



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Boaventura de Sousa Santos

(Coímbra, Portugal, 15 de noviembre de 1940) es doctor en Sociología del derecho por la Universidad de Yale y catedrático, ya jubilado, de Sociología en la Universidad de Coímbra.1​ Es director del Centro de Estudios Sociales y del Centro de Documentación 25 de Abril de esa misma universidad; además, profesor distinguido del Institute for Legal Studies de la Universidad de Wisconsin-Madison.1​\n\nSe le considera un intelectual con reconocimiento internacional en el área de ciencias sociales, popular en Brasil por su participación en varias ediciones del Foro Social Mundial.2​ Ha publicado trabajos sobre la globalización, sociología del derecho, epistemología, democracia y derechos humanos. Sus obras se tradujeron al español, Inglés, italiano, francés, alemán y chino.3​

 bsantos@ces.uc.pt

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