Los parlamentarios constituyentistas deberán legislar en torno a la negociación de particulares con el gobierno central y los locales, a los fines de evitar el raterismo..
Si hay algo a lo que le deben meter el ojo los más de quinientos parlamentarios que integran la Asamblea Nacional Constituyente, es al modo o la manera de cómo ciertos personajes vienen haciendo negocio con el gobierno central y locales.
Que se sepa, parece ser que una manada de lobos viene haciendo negocios con los gobiernos, por aquello de que los gobiernos suelen adelantar el 50% del monto de cualquier proyecto que se proponga hacer cualquier funcionario en el marco de darle cumplimiento a sus funciones.
Pero es bueno decirlo, porque a nadie hemos visto presentando cuentas claras por radio, prensa, televisión, ni páginas web, mientras si hemos observado el deterioro de lo que hacen. En la calle está todo visible y que tampoco se sepa, pese a que los resultados de esas contrataciones son malos, nadie exhibe una garantía o una póliza que permita que el Estado, el gobierno central y los gobiernos regionales, se cobren o recuperen el dinero invertido en determinada obra.
Las cosas por su nombre.
Han visto los ciudadanos de las distintas regiones de Venezuela la abundancia de tanquillas, alcantarillas, bocas de visita que se encuentran destartaladas y que requieren reparación cada tres o cuatro meses, porque quienes contrataron con determinado gobierno emplearon materiales de segunda y tercera calidad para supuestamente cumplir con el servicio.
Por ejemplo:
¿Cuánto han venido cobrando los que han contratado con determinadas instituciones para reparar o fabricar nuevas aceras? Si revisamos las aceras de diversas parroquias, vemos que están tan deterioradas como si cada día soportaran movimientos sísmicos y resulta, que no hay organización alguna que evalúe ni los materiales ni la calidad final del trabajo que ha sido contratado y, como si fuera poco, nadie exhibe una póliza que garantice la calidad del trabajo.
Hay que decir, que no solo ocurre con relación a la reparación de las calles, aceras y alumbrado eléctrico sino que sucede con cualquier servicio que las instituciones contraten con los particulares.
Es más, los gobiernos no deben estar obligados a exponer sus dineros dando un 50% de adelanto para resolver, diseñar y adelantar la construcción de cualquier tipo de proyecto. Y esta realidad ocurre mucho. Algunos funcionarios que administran suelen dar contratos a sus amigos o familiares, personas que carecen de financiamiento propio para hacer cualquier trabajo.
Lo ideal en estas circunstancias, es que quien aspire a un contrato con el gobierno central o los gobiernos locales, de hecho, no solo financie de sus bolsillos el trabajo que hará y además, presente una póliza en la que garantice que el trabajo a realizar será de calidad.
