El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ Ad al Hussein, pidió investigar a Venezuela por crímenes de lesa humanidad debido a las acciones del Gobierno nacional para contrarrestar los actos vandálicos de abril a julio de este año. A los detenidos los llaman "presos políticos". Sin embargo, en Colombia y España, recientemente, han ocurrido situaciones que ponen en peligro la vida humana a nivel global y de franca violación de derechos humanos que exigen su condena por parte de organismos internacionales.
En suelo neogranadino, en Tumaco, nueve campesinos que protestaban por la erradicación de sus cultivos fueron asesinados y dieciocho resultaron heridos por la policía de Colombia. Atacaron también una misión humanitaria enviada al sitio. A esto se suma que, en el período de 2016 hasta julio del 2017, 186 líderes sociales y defensores de DDHH han sido ultimados, según la Defensoría de Colombia, 52 de ellos en la primera mitad del año en curso.
En Cataluña, según el Departamento de Salud, hubo 893 personas agredidas físicamente por salir a ejercer su legítimo derecho al voto en el referéndum independentista catalán, donde 90% se expresó a favor de la soberanía de la región.
Ambos países, aliados de Estados Unidos, donde matan a afrodescendientes por solo serlo y promueven intervenciones militares en nombre de la democracia donde el oro negro es la verdadera causa; catalogan de ilegitima, o fraudulenta, a la Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de que 8 millones 89 mil 320 de personas votaron por ella, mientras, parcializados con la Unidad Democrática, piden la eliminación de la ANC y la salida negociada del mandatario nacional, como condiciones al diálogo en República Dominicana.
Finalmente, me pregunto: ¿la ONU desestimará estos escenarios e insistirá otra vez en Venezuela, o pedirá a Santos y Rajoy que se restaure el orden democrático donde gobiernan?
