En medio de la peor crisis financiera jamás vista en el país, nuevas autoridades municipales se disponen a asumir la administración de los menguados recursos existentes para satisfacer las demandas de sus comunidades, sumidas en un laberinto de problemas de vieja data. Los alcaldes fueron escogidos en un proceso electoral bajo condiciones muy favorables para los candidatos propuestos por el partido de gobierno PSUV. La participación de organizaciones políticas opuestas al orden establecido fue casi nula, una que otra candidatura lanzada a la aventura electoral, en un escenario controlado totalmente por las instituciones gubernamentales.
La Asamblea Nacional Constituyente cumpliendo su papel controlador, impuso, por encima de todos los poderes, los tiempos electorales, los métodos, y decidió qué partidos podían o no concurrir a la contienda. Caramba, ¿cómo apoyar esa actitud dictatorial que condiciona o suprime el derecho a la participación?
Acciones como esas refuerzan la idea de que esta Asamblea Constituyente se ha convertido en una herramienta eminentemente política para asegurar el poder y dictar órdenes irrefutables, que solo favorecen la permanencia del gobierno y la extinción de la disidencia. Esto solo puede tener un nombre: dictadura institucional.
Las precipitadas elecciones ocurridas el 10 de diciembre de 2017 dieron el resultado planificado y esperado, más de trescientas ocho alcaldías de 335 que existen en Venezuela, dominadas por el oficialismo. De acuerdo al CNE, más de 9 millones de electores sufragaron en el evento electoral municipal. Hasta ahora, hay dudas en sectores importantes de la población, respecto a tal cifra de participación. A lo largo y ancho del país, los centros electorales, ciertamente, lucían prácticamente vacíos, escasos votantes. Pero hay un dicho llanero lapidario: El que toca y canta, tiene la ventaja, y el gobierno, tocó y cantó.
Ahora bien, las cartas están echadas. Cada nueva autoridad, intentará, en medio de las dificultades de este tiempo presente que agobia y del venidero, que no luce promisorio, hacer honor a la palabra empeñada, a la promesa electoral ofrecida en el fragor de la campaña. Sin embargo, sería una magnífica oportunidad para evaluar la gestión de las autoridades salientes. Preguntarse, por ejemplo, cual ha sido el destino de tantos recursos económicos asignados que no se han traducido en beneficios tangibles para el pueblo. Llamar la atención ante la reiterada y evasiva actitud de los alcaldes y gobernadores salientes, que jamás rinden cuentas ante los organismos competentes como consejos legislativos y municipales. Quién denuncia?, Quién investiga?, ¿Dónde están los resultados de esas gestiones?
En el Estado Sucre, por ejemplo, antes de las elecciones para gobernadores, fue destituido el Dr. Luis Acuña Cedeño, pregunto: ¿Dónde rindió cuentas el exgobernador, al término de su mandato?. ¿A quién rindió cuentas el anterior gobernador y ex alcalde Enrique Maestre?, ¿ Cuándo rindió cuentas el exalcalde Rafael Acuña?. ¿Es que acaso, podremos esperar por la rendición de cuentas del saliente Alcalde David Velásquez? Los cumaneses sufrimos día a día las consecuencias de su pésima gestión municipal, me atrevería a decir que tuvo peor desempeño que los anteriores. Nos deja una ciudad fantasmal, insalubre, enferma, invivible y anárquica. Sin la menor duda, Velásquez destacó por su falta de identificación y sentido de pertenencia con la ciudad. Para él, los pobladores de Cumaná eran inexistentes. Frecuentemente, la gente se preguntaba si en Cumaná había autoridad. Lo más seguro es que como reconocimiento a su nefasta gestión, lo premian de nuevo con otra embajada.
¿Hasta cuándo vamos a permitir tanta lenidad? ¿En qué momento vamos a exigir la fiscalización oportuna de los recursos del país que se dilapidan con tanta voracidad en detrimento de los intereses del pueblo? Los gobernantes municipales y gobernadores del Estado Sucre, no pueden seguir saliendo con la cabuya en la pata.
