Publicado originalmente en Últimas Noticias sábado 01 de junio de 2002. Actualizado el 18 de Marzo de 2003
Mucho se ha hablado sobre el asilo diplomático concedido por la República de Colombia a Pedro Carmona, líder visible del golpe de Estado del 11 de abril en Venezuela.
Las consultas a las diversas conversaciones sobre la materia han sido constantes. Aquí es importante acotar que América Latina es pionera en la materia del derecho de asilo. En realidad nuestra región, tal vez por haber sido tan vapuleada, ha llevado la batuta en el derecho internacional humanitario. Recordemos el histórico Tratado de Regulación de la Guerra, entre Venezuela y España en 1820, por iniciativa de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre.
El acuerdo se selló con el abrazo, en Santa Ana de Trujillo, de los rivales Bolívar y Pablo Morillo. En plena guerra a muerte, los jefes enemigos hicieron una tregua para dialogar y llegar a acuerdos mínimos en bienestar de la gente. ¡Que gran lección histórica! Cuando aquí por muchísimos menos, y entre conciudadanos, hay quienes se niegan a sentarse en la misma mesa por el bien nacional y por el contrario parecieran disfrutar con la angustia de la población.
Fruto de la tradición humanitaria latinoamericana es el derecho de asilo, reglamentado en la Convención de Caracas de 1854 y en la VII Conferencia Internacional Americana de Montevideo en 1954. La convención fue suscrita por Argentina.
Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. A cualquiera de estos países podría recurrir una persona en busca de asilo diplomático o territorial.
El derecho internacional americano deja a criterio de cada Estado firmante la potestad de conceder o no el asilo, así tenemos que hay naciones con mayor tradición que otras en esta figura, como es el caso de Costa Rica quien ha guardado coherencia en sus afirmaciones positivas. La historia contemporánea muestra que los que recurren al asilo son, por lo general, políticos que se oponen a un régimen de gobierno no democrático; también es común el asilo de dictadores derrocados en países que los reciben para contribuir a bajar la tensión política de la nación de origen del asilado.
Pero no siempre esa discrecionalidad ha guardado coherencia.
Este es un motivo de polémica, pues de acuerdo a quien se le otorgue el asilo, surgen las interrogantes sobre el trasfondo de la decisión. En el caso particular de Colombia, los diarios de ese país iniciaron esta discusión, al sugerir que se podría interpretar que el gobierno neogranadino apoya a los golpistas. Algunos se formulan el supuesto de ¿qué pasaría si Venezuela otorgase asilo a un líder guerrillero? La prensa colombiana refuerza el argumento al citar el caso del asilo negado a un militar golpista venezolano en noviembre de 1992.
El último interrogante sobre el asilo político es la contradicción que hay al concedérselo a alguien que derroca a un gobierno legítimamente electo, con la Carta Democrática de la OEA, invocada por los países americanos para condenar el golpe de Estado en Venezuela.
Costa Rica y asilo a venezolanos:
Costa Rica, actuando soberanamente, acaba de otorgar asilo territorial a Carlos Ortega. No es la primera vez que lo hace con venezolanos. El expresidente Jaime Lusinchi y su esposa Blanca Ibáñez, pidieron asilo en ese país ante un juicio por corrupción abierto en el quinquenio de Caldera y que caduco bajo la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Cecilia Sosa.
En tiempos remotos otro "prócer" de la democracia puntofijista se refugió en esa nación: Carlos Andrés Pérez.
Vale decir que la resolución de la ONU sobre Asilo Territorial de 1967 deja claro que este no se concederá por delitos comunes y por actos opuestos a los principios de la ONU, en ese sentido dice:
"No podrá invocar el derecho de buscar asilo, o de disfrutar de éste, ninguna persona respecto de la cual existan motivos fundados para considerar que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos".
En realidad, consideramos que los juristas y diplomáticos de Costa Rica o no manejan el derecho de asilo o están siguiendo directrices superiores para proteger a Ortega, puesto que son muy evidentes los delitos de este ciudadano. Ni siquiera puede alegar Costa Rica desconocimiento, pues a diario en cadena de TV este señor dirigía una convocatoria a paro y a la destrucción de la industria estratégica de un país así como a actos delictivos como impedir el libre transito, no pagar impuestos, atacar empresas y comercios, entre otros.
Tal vez, la OEA, la ONU (¿?) deban revisar el derecho de asilo diplomático y territorial, para no convertirlo en concha internacional para guarecer criminales que de manera anticipada eligen el país en el cual enconcharse, trasladan sus fortunas allí mal habidas, realizan destrozan un país y luego con la mayor sangre fría le estrechan la mano a un embajador y le solicitan asilo.
