La historia política del mundo está llena de misteriosas muertes. En lo que respecta a Venezuela podemos referirnos a principios del siglo pasado al asesinato de Juancho Gómez, vicepresidente de la republica para entonces y hermano del “Benemérito” Juan Vicente Gómez. Nunca se conoció a ciencia cierta quien fue el autor material de este crimen ni los autores o el autor intelectual, aunque las evidencias señalaron a José Vicente Gómez, hijo del dictador. Tanto así que fue degradado y mandado al exilio por su mismo `padre.
Carlos Delgado Gómez. (Y no Chalbaud, como señalan algunos historiadores), según se ha dicho fue asesinado por Rafael Simón Urbina, un exguerillero que combatió contra el gobierno de Juan Vicente Gómez, y la autoría intelectual se dice fue de Marcos Pérez Jiménez, pero esto tampoco quedó muy claro.
Durante los gobiernos de adecos y copeyanos las muertes no aclaradas de políticos fueron de dirigentes opositores, como el caso de Fabricio Ojeda, al cual tuve el dichoso honor de conocer personalmente. De eso y de su supuesto suicidio hablo con más detalles en mi libro EVOCACIONES y en algunos artículos de prensa he relatado con suficiente bases mis dudas acerca del supuesto suicidio del líder guerrillero. Lo primero es que Fabricio nunca estuvo detenido en el palacio Blanco, fue recluido en el cuarto piso del palacio de la Guardia Presidencial, donde funcionaba el SIFA, luego su cadáver fue llevado al palacio Blanco porque allí si se podía crear indicios de su suicidio. Eso lo conversé también hace unos cuantos años con el periodista Earle Herrera en el aeropuerto de Barcelona. Para los que se hacen la lógica pregunta del porque aseguro esto les diré que entonces pertenecía yo a la escolta militar del presidente Raúl Leoni.
Pero lo de Fabricio fue noticia que transcendió como un suicidio y ningún medio internacional, OEA, ONU, ONG, ni nada parecido a los que ahora se escandalizan apenas se les toca una uña a algún opositor al gobierno bolivariano se hicieron eco de una investigación que aclarara esa muerte. Igual suerte corrió el asesinato de Jorge Rodríguez padre, a pesar que la autopsia reveló que le habían desprendido el hígado a golpes. MUERTE NATURAL, declaró a los medios el entonces ministro de relaciones interiores Octavio Lepage, mientras encendía nerviosamente un cigarrillo delante las cámaras de tv.
Recientemente durante las llamadas “guarimbas” que buscaron desestabilizar el gobierno revolucionario, un considerable y lamentable numero de ciudadanos fueron asesinados, la mayoría por los manifestantes “pacíficos”, veintinueve de ellos quemados vivos, siendo el más resaltante el del ciudadano Orlando Figuera, que fue perseguido prendido en llamas y luego apuñalado varias veces, tan solo por sospecharse que era chavista por su color de piel. Suceso este que fue filmado por distintos medios y que inevitablemente salió a luz publica. Pero no hubo, como en otros casos, ningún organismo de defensa de los derechos humanos que condenara el hecho, al colmo que la prófuga ex fiscal de la justicia venezolana tuvo el cinismo de declarar que eso había sido un montaje del gobierno. Igual destino tuvieron todas las muertes ocasionadas por esas protestas, solo las pocas donde se vieron involucrados funcionarios policiales y de la GNB se llevaron a juicio y un solo líder opositor, Leopoldo López por las irrefutables evidencias que lo condenan como autor intelectual..
Este cuatro de agosto pasado, el presidente Nicolás Maduro fue victima de un atentado milagrosamente frustrado. Se detuvieron a varias personas que públicamente, mediante videos, confesaron su participación en este hecho. Entre ellos figura el concejal Fernando Alban. Este ciudadano, según confesó, que la autoría intelectual del frustrado magnicidio corresponde a Julio Borges, que se encuentra autoexiliado en Colombia. Pero de repente aparece la noticia que Fernando Alban se suicidó estando detenido en la sede del SEBIN. Según reportan las autoridades el detenido pidió permiso para ir al baño y desde una de las ventanas se lanzó al vacio causándose la muerte. El fiscal general Tarek William Sabb declaró a los medios que la muerte del citado ciudadano se había producido, según la autopsia por el golpe recibido tras su caída. Pero los organismos como la OEA, los defensores de los derechos humanos y toda esas organizaciones financiadas desde Washington, se volcaron pidiendo una investigación más verosímil que la dada por el gobierno venezolano, en una clara acusación, como lo han manifestado algunos voceros, que esto no fue un suicidio sino un crimen del gobierno de Maduro. Lo raro es que estás organizaciones no se han manifestado ante el pedido que hizo Maduro durante su intervención en la ONU pidiendo la colaboración de incluso el FBI, para una investigación objetiva de este atentando en su contra.
No voy a colocarme en el lugar de defensor ni de acusador, pues no tengo elementos para hacerlo, pero me asalta una interrogante: ¿A quien beneficia esa muerte?, ¿al gobierno o a Julio Borges que ha sido señalado por el presunto suicida como autor intelectual del frustrado magnicidio contra Maduro?
Una de las cosas que nos enseñaron en el curso de seguridad a dignatarios, por cierto dictado por agentes del FBI, fue que cuando se llevara a cabo un magnicidio, frustrado o no, al agresor o testigos tenían que mantenerse con vida para llegar hasta el autor intelectual. Allí mis dudas que al gobierno le interesara la muerte de Alban.
