En artículo anterior (https://www.aporrea.org/actualidad/a291919.html) señalé las tres decisiones iniciales a tomar por el CNE recientemente designado por el TSJ. Convocar las elecciones de AN, depurar el REP y solicitar la observación internacional. También dije que la legitimidad de los órganos políticos venezolanos hoy, lamentablemente, no puede surgir de la Constitución y las leyes de la República. Estos instrumentos han sido tan prostituidos en los últimos años por el gobierno y la oposición, lo que los hace inutilizables en este aspecto, lo cual no quiere decir que cuando se pueda utilizarlos no se haga. Son los acuerdos políticos entonces los creadores de la legitimidad de las decisiones que se tomen en la actualidad. Mientras estos incluyan a un mayor número de sectores, mayor será su legitimidad.
Lo ideal hubiera sido que casi toda la oposición hubiera participado en las conversaciones iniciales para resolver la crisis existente y en las primeras decisiones tomadas, pero no se pudo a pesar de que se intentó. Santo Domingo, Noruega, Barbados y todo lo hecho en Caracas desde septiembre 2019 para acá, así lo demuestra. Nada más durante la cuarentena hubo más de una veintena de reuniones entre el gobierno y la oposición liderada por Guaidó, a las que hay que agregar las reuniones de la Mesa de Diálogo Nacional y los encuentros bilaterales entre los distintos grupos. Se logró sólo incorporar a AD, mediante una negociación que le dio un rector principal en el nuevo CNE. Las divergencias generadas después las tendrán que aclarar los dirigentes de ese partido, es un problema de ellos y de más nadie.
Pero el nuevo CNE no sólo es un instrumento para hacer elecciones. Es un organismo que debe iniciar el proceso de regreso a la vía electoral, como fórmula democrática, pacífica y soberana, de resolver las contradicciones y luchas en relación con la toma del poder político por los distintos grupos o partidos y la determinación de cuáles hombres deben dirigir el país en un período determinado. El deterioro nacional es tan grave en todos los sectores de la vida social, los enfrentamientos políticos son tan virulentos y la credibilidad de la población en sus líderes es tan reducida, que hace falta un acuerdo nacional para enfrentarlos en forma exitosa y al menor costo social posible. Pero esas mismas taras constituyen un impedimento para alcanzar el acuerdo necesario, por lo que su construcción sólo es posible en forma paulatina, incorporando cada vez más sectores al mismo.
Éste es el reto del actual CNE y del que nombre la Asamblea Nacional electa en diciembre venidero, para organizar todos los procesos electorales por venir. Iniciamos ese camino en este momento y nuestra meta es tener éxito en aumentar la participación electoral, tanto de las organizaciones políticas y sus representantes como de los votantes asistentes a los comicios. En esta tarea, las condiciones electorales juegan un papel vital en la credibilidad de la gente en los comicios y sus resultados. Uno de los primeros esfuerzos se refiere a la equidad en la participación de las organizaciones políticas, de tal manera que se evidencia una gran diferencia cualitativa con lo ocurrido en los procesos electorales anteriores. El ventajismo oficial, el peculado de uso por el partido de gobierno, deben finalizar o reducirse en forma apreciable.
La propaganda electoral será una atribución del CNE, dentro de su obligación de hacer conocer a la población las ofertas electorales y así lograr la mayor participación posible. El ente rector no sólo la financiará sino garantizará su uso equitativo por las distintas organizaciones participantes. El acceso a las radios y televisoras del Estado, así como a la red privada, en los distintos programas de opinión y en la propaganda elaborada para ser transmitida, debe ser equitativo durante toda la campaña electoral. Así mismo, la gran propaganda de vallas y similares, pancartas, pendones y murales será también distribuida equitativamente por el órgano rector. El CNE tendrá que garantizar que la actuación del gobierno sea los más comedida posible, en relación a las informaciones oficiales transmitidas en el período electoral.
Si estos objetivos se logran, habremos avanzado correctamente en el camino del rescate del voto y de la participación electoral ciudadana.
