En agosto del 2018 el Presidente Maduro puso en marcha un plan con un nombre prometedor que, si la memoria no me falla, fue llamado “Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”. Los trabajadores comenzarían a ganar un sueldo mínimo de 30 dólares mensuales, equivalentes a medio petro para entonces. La verdad es que, a pesar de las suspicacias iniciales que supuso la nivelación de los sueldos y salarios hacia abajo, el “plan” prometía ser un medio efectivo para contener la arremetida brutal contra los salarios de los trabajadores que, hasta ese momento, habíamos experimentado una caída en picada de nuestro poder adquisitivo. No tuvieron que transcurrir muchas semanas para que fuera quedando claro que, al menos para la clase trabajadora, no ocurría ninguna recuperación, ni crecimiento y menos aún la prosperidad anhelada por todos. En el marco de la implementación del “plan” ocurrió la liberación del control de cambio, política que durante más de 15 años mantuvo Hugo Chávez. Ello se justificaba para “permitir el libre flujo de la inversión que necesita el país”, en palabras del propio Presidente Maduro, al momento de solicitar en julio a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la aprobación de la derogación del Régimen de Ilícitos Cambiarios. Así el hasta entonces “dólar criminal” comenzó a jugar un nuevo rol en la economía del país. Mientras las aspiraciones de recuperación, crecimiento y prosperidad de la clase trabajadora se veían frustradas con la dolarización de los precios de mercancías y la proliferación de “bodegones” que suponían ese “flujo de inversión” necesaria, la situación de los trabajadores, a quienes por la vía de los hechos se le “congelaron los salarios”, se fue haciendo insostenible. Cualquier análisis que pretenda un mínimo de seriedad y de rigor de la actual realidad venezolana, no puede soslayar el impacto real de las sanciones económicas y financieras impuestas por EE UU a la República. Desde la partida física del Comandante Chávez (2013) muchas cosas cambiaron radicalmente, entre ellas el que dejara de entrar la renta petrolera en la magnitud que lo hizo durante la mayor parte del tiempo que gobernó Chávez, como consecuencia directa de la caída progresiva de los precios del petróleo. Hay indicios que apunta que ya en vida de Chávez se impusieron las primeras sanciones a la estatal petrolera PDVSA, pero para ser rigurosos tomemos diciembre de 2014, con la aprobación por el Senado de los EE UU de la Ley Pública 113-278, llamada Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, como punto de partida de la “arremetida imperial” que ha mantenido en constante amenaza de jaque mate a nuestro país. Es importante acotar que en dicha Ley se estableció la posibilidad de aplicar sanciones al Banco Central de Venezuela, así como a la estatal petrolera PDVSA. Pero además contempló aplicar medidas unilaterales de bloqueo y congelamiento a activos, fondos, bienes y propiedades venezolanas; así como la suspensión de ingreso, revocación de visas a funcionarios que desempeñen cargos públicos en la República Bolivariana de Venezuela. En el año 2015, basando en la Ley recién aprobada por el Senado, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama firma la Orden Ejecutiva 13692, en la cual se declara a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EE UU. Al año siguiente (2016) este Nobel de la Paz, extiende por un año la declaratoria de emergencia alegando que el gobierno venezolano “erosiona los derechos humanos y persigue a los dirigentes políticos opositores”. Pero con la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca, el acoso y hostigamiento a Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro recrudeció. La prueba irrefutable es que, desde que inició su gobierno, este Presidente ha firmado las Órdenes Ejecutivas: 13808, 13827, 13835, 13850, 13857 y la 13884, que junto a la de su antecesor Obama, conforman 7 órdenes ejecutivas contra Venezuela. Está claro que desde el 2019 impuso un “presidente interino” con la tarea de derrocar al gobierno venezolano y con la anuencia de muchos países y quebrantando el derecho internacional ha impuesto sanciones económicas y financieras que pretenden llevar al colapso absoluto de la economía de venezolana. ¿Quién, con honestidad, puede negar que todas estas medidas contra Venezuela no tienen una influencia considerablemente en la crisis que desde 2013 se vive en el país?. ¿Quién, que pretenda ser verdaderamente honrado en su opinión, puede negar que muchos de quienes tenían la responsabilidad de administrar la riqueza, después de la partida física de Chávez participaron en un descomunal desfalco de la riqueza de nuestro país? ¿Quién que pretenda ser franco, y verdaderamente autocritico, puede negar que la dirigencia de la revolución tiene responsabilidad en el desastre del quiebre de la industria petrolera, más allá de los apátridas de la oposición extrema que ha alentado la invasión y el robo de los bienes venezolanos en el exterior?. Ahora ya se tiene una Ley Antibloqueo, falta que quienes deben administrarla lo hagan como corresponde. Parece que más que la propia propuesta de Ley lo que podría estar ocurriendo es que muchos de los que apuestan aún a la Revolución Bolivariana vienen experimentando una progresiva pérdida de confianza en una dirigencia que ya lleva tiempo repitiendo promesas que no se terminan de cumplirse.