No cabe duda de que las medidas coercitivas unilaterales (o agresiones) alentadas por Guaidó y sus cómplices, e impuestas por el gobierno de Trump y sus aliados extranjeros en contra de los venezolanos, implican graves consecuencias y daños contra su economía e ingresos. Los trabajadores y los ciudadanos más humildes son quienes han padecido más estos graves daños; a pesar del esfuerzo del gobierno y las instituciones nacionales por atenuar los efectos de este plan criminal contra el pueblo. No ha importado a estos factores criminales la presencia de la pandemia global también en nuestro país; al contrario, han buscado -con su ataque- agravar el impacto de la enfermedad entre los venezolanos.

En este contexto, se ha adoptado una iniciativa de gran trascendencia para el país, la aprobación de una ley “Antibloqueo”, que busca proveer de medios especiales para hacer frente a la artera agresión antinacional y antipopular de sectores autoritarios y proimperialistas. En relación con esta iniciativa, se generó válidamente, y con la urgencia que amerita el caso, un significativo debate nacional, revelador de la existencia en nuestro país de una democracia con base popular. No debemos sino aplaudir el hecho de que este tipo de debates se haga y que además adquiera también expresión en una amplia y plural oferta electoral, a disposición de los electores y en general del pueblo venezolano. Precisamente, estos hechos deben ofrecer un desmentido a quienes aseveran la existencia en Venezuela de una dictadura y sirven, al mismo tiempo, para educarnos a todos en el ejercicio cotidiano de los principios y las prácticas de una verdadera democracia.

Los argumentos de unos y otros son de partida igualmente valederos, en el marco del ejercicio de los derechos que consagra nuestra Constitución y demás leyes nacionales; marco legal que, por voluntad del pueblo venezolano y sus instituciones, no pierde nunca vigencia, a riesgo de deslegitimar cualquier acto que pretenda contradecirlo, poniendo en riesgo la existencia misma del régimen democrático.

La adopción de una decisión que resuelva el diferendo inicial en esta materia es además expresión de la voluntad popular mayoritaria, traducida oportuna y válidamente en una mayoría institucional que actúa conforme a los mandatos legales y constitucionales. Tales actos están siempre expuestos al control legal y judicial.

En una democracia, la sociedad ejerce además controles periódicos, a través de consultas electorales que se hacen con las suficientes garantías, ofreciendo a todos los ciudadanos con derecho al voto, las posibilidades de expresarse, de manera abierta, sin presiones, encontrando opciones para expresar su opinión y asegurando que su decisión sea respetada.
El deber de todos y cada uno de los venezolanos es defender la existencia y prevalencia de tales condiciones, e incluso extender cada cierto tiempo las cotas alcanzadas en el ejercicio de la democracia, sirviendo de modelo permanente a las generaciones más jóvenes y también al resto del mundo.

La sociedad venezolana ha mostrado reiteradamente la confianza en sus instituciones democráticas para resolver sus diferencias y no ha acatado la incitación de factores fascistas, violentos, antipopulares y antidemocráticos que han intentado varias veces acabar violentamente con esta democracia.

Los responsables en implantar esta Ley deben ahora atender las necesidades del pueblo venezolano y en particular de los más humildes. Se espera que esta ley se traduzca entre otros logros en una pronta recuperación del ingreso de los trabajadores, el cual ha disminuido a unos niveles que son insostenibles e inconvenientemente bajos. Igualmente, esta ley debe servir para asegurar la reactivación de la economía y la recuperación de la calidad de vida de los venezolanos. Intereses que no son para nada contradictorios, sino que son, evidentemente, complementarios y constituyen la base para la evaluación popular del buen gobierno y la democracia. Estas metas, más que necesidades, son una urgencia nacional.

Este 6 de diciembre, el pueblo venezolano tiene la oportunidad de expresar directamente su opinión y defender su democracia. Una democracia que, para mantenerse viva, debe ser defendida y ejercida cotidianamente por su pueblo, como un hábito, una buena costumbre, una costumbre cívica; de lo contrario, sus intereses son permanentemente postergados a favor de los de todo tipo de grupos u oligarquías.

Este 6 de diciembre… Comadre, compadre, todos, vamos a votar. Defendamos nuestra democracia.