Hay temas que se adhieren a la gente, y muy especialmente a ciertos políticos y a sus partidos, y que no los abandonan con facilidad, a pesar de que la realidad les haya demostrado una y otra vez que es mejor olvidarlos o, por lo menos, analizarlos mejor, con mayor objetividad, sin que los afectos y los odios influyan en su apreciación. Una de estas obstinaciones es la derivada de creer que el país no aguanta un día más con tal o cual gobernante, razón por la cual hay que hacer todo lo posible e imposible por salir del mismo. Cualquier locura es válida, pues la premisa así lo impone. Ocurrió con Chávez desde sus inicios. El país sería destruido de inmediato si el Comandante eterno estaba un día más en el poder. Y eso se decía en 2001, cuando se convocó la primera huelga general indefinida, la cual por supuesto estaba condenada a un total fracaso. Nadie la siguió, ni siquiera sus apasionados convocantes.
Y luego vino el golpe de Estado del 12 de abril de 2002, pues la impaciencia derivada de la premisa señalada así lo impuso. Inicialmente tuvo éxito, Chávez fue derrocado, apresado y secuestrado por unas horas, pero a la postre termina regresando al poder victorioso y con un crucifijo en las manos. Pero los fantasmas continúan nublando mentes y se produce una nueva convocatoria a huelga general indefinida y al sabotaje y paro petrolero a finales de 2003. Este último, junto con el golpe, han sido las acciones más efectivas del extremismo opositor. Y todo porque el país no aguantaba ni un minuto más de gobierno chavecista. Viene el revocatorio presidencial de 2004 y la gente no revoca el mandato de Chávez, y la elección de la Asamblea Nacional (AN) de 2005, que iba a ser deslegitimada por el llamado a abstención opositor, lo cual precipitaría la caída de un Presidente recientemente ratificado en referendo. ¡Imagínense!
En 2015, luego de la derrota del gobierno en las elecciones de la AN, reaparece el fantasma inmediatista de los impacientes, que se expresa en múltiples propuestas, cada una más irreflexiva que la precedente. “El país no aguanta a Maduro hasta el 2018”, hay que hacer algo, dicen. Y prometen delante del confrontado que lo sacarán del poder en seis meses, creyendo quizás que con el triunfo electoral obtenido tenían a Dios agarrado por la chiva. “Maduro es colombiano” y por tanto no puede ser Presidente, afirman unos iluminados; “Maduro debe renunciar”, opinan otros; Maduro vete ya, ripostan distintos furibundos ansiosos. Y entonces declaran el abandono del cargo por el Presidente, quien todos sabían que seguía en Miraflores y mandando, y dentro de esta total confusión, la AN más adelante termina destituyendo al mismo Presidente que había abandonado el cargo.
En todo ese enredo, aparece la proposición de Capriles Radonski de convocar un referendo revocatorio presidencial, la cual termina aceptada por todos, pero a regañadientes por una buena parte de los involucrados, pues su posible éxito determinaba quien sería el próximo Presidente, lo que liquidaba a muchos aspirantes. Con ese plomo en el ala y el rechazo del gobierno a un instrumento electoral peligroso en ese momento para ellos, la proposición estaba destinada a fracasar, como en efecto ocurrió por medios ilegales e inconstitucionales, sin que sus proponentes de la Mesa de la Unidad Democrática se molestaran mucho. En el camino, habían dejado de lado, por no ser más importantes que la salida de Maduro, las elecciones de gobernadores, que eran el paso electoral siguiente establecido en la Constitución.
Hoy, los fantasmas continúan, aunque en menor grado. “No se puede esperar hasta al 2024 para ganarle a Maduro o a quien sea, porque no sabemos si existirá país para ese momento”. Afirman entonces que hay que revocar a Maduro en 2022, sin pasearse porque ello signifique tener que sacar más votos que los obtenidos por el Presidente en 2018 (6.245.862). No se piensa en la posibilidad de que salga triunfante del revocatorio, lo cual puede ser poco probable para muchos, pero posible es. Tampoco se analiza el efecto que un fracaso en el revocatorio tendría en las presidenciales de 2024, ni los vacíos existentes en un procedimiento que no tiene una disposición legal que lo regule, por lo que la discrecionalidad gubernamental es máxima. Este tema debe ser discutido con la mente abierta a cualquier decisión, una vez tenidos los resultados de las elecciones regionales.
