Sería reiterativo hasta el cansancio volver a enfatizar la necesidad perentoria del aumento salarial para los trabajadores venezolanos, ya que de todos hemos conocido y sufrido los efectos del brutal deterioro del salario, que ha condenado a la miseria a la gran mayoría poblacional venezolana.

Sin embargo es fácil decir que el gobierno debe decretar la subida salarial hasta cifras que permitan el sustento diario a todas las familias venezolanas, lo cual , sería contratante con la realidad, en cuanto al resultado que se esperaría de dicho decreto, ya que al día siguiente de ser emitido, se multiplicaría en la misma proporción las cifras de inflación. Ya desde hace bastantes años, en época de la llamada IV República, el malhadado ministro de finanzas Pedro Tinoco le quitó al Banco Central, la facultad de un control efectivo de la economía, para que consecuentemente con la "libertad de mercado" el país se plegara a la post modernidad económica, es decirse plegara al capitalismo neo liberal naciente en esa época (1989-1992), por lo cual, dada la poca producción del país en bienes de consumo, y su sustitución por la masiva importación de los mismos, el control monetario terminó por quedar en las manos del agiotista capital importador, capital importador este, que como intermediario entre el comercio expendedor y el público consumidor, infla en forma fraudulenta sus costos, para justificar los altos precios, en que vende sus productos importados al comerciante detallista expendedor. A su vez este último, sobrefactura los costos de lo que debe pagar al mayorista importador, a la vez que infla los precios de venta de dichos productos al público consumidor.

A lo anterior se une, la manipulación política encabezada por los Estados Unidos de Norteamérica, para devaluar aún más nuestra moneda, no solo desvalorizándola artificialmente a través de interpuestos, sino poniendo todos los obstáculos posibles en forma de sanciones, para impedir o dificultar la comercialización de nuestros productos del subsuelo, y en primer lugar el de nuestro petróleo.

Existen otras variables que sumadas a las anteriores, contribuyen a hacer inaccesibles u onerosamente accesibles para una abultada mayoría poblacional, la compra de productos básicos de consumo.

Algunos ejemplos de estas variables son: El cobro de peaje por la Guardia Nacional en cada una de las alcabalas por las que deben pasar los camiones que desde la región andina transportan alimentos al resto del país, factor este que contribuye a encarecer el costo de estos alimentos para el público en general.

No deja también de ser a su vez en contrasentido a lo antedicho, como los productos del campo producidos en nuestro país, tienen a su vez, que competir con una producción de alimentos a menores costos, importados de Colombia, dado el mayor desarrollo colombiano en el área de la producción agrícola, siendo que esta producción foránea ingresa al país sin control alguno por parte del gobierno nacional, lo cual golpea a nuestro sector campesino, con el consiguiente abandono del campo, obstaculizando así el desarrollo de nuestra agricultura tanto en la parte técnica como en la extensiva, con el encarecimiento de los costos para el productor autóctono, y consecuencialmente para el consumidor. Creándose así además, un vínculo de dependencia del país, a esas importaciones de productos necesarios para la supervivencia. Es decir la falta de incentivos para el desarrollo de una agricultura tecnificada, con la cual al multiplicarse la producción, abarataría substancialmente los precios a pagar por el consumidor, tal como se observa en todos los países con un desarrollo agrícola avanzado, con los EE.UU., a la cabeza.

Por otra parte los intentos del presidente Hugo Chávez, en cuanto a la adquisición directa por nuestro gobierno de bienes de consumo en el exterior, para así abaratar en las tiendas y mercados populares los precios al público de los mismos, chocó con la apetencia desenfrenada de quienes estaban encargados de adquirirlos, creándose así una red de importación dirigida en primer lugar, a favorecer los intereses particulares de los agentes gubernamentales encargados de dichas importaciones, quienes se han lucrado inflando las facturas por la compra de los mismos, en el mercado internacional. Dentro de este mismo contexto, es innegable, y azas conocido, las noticias de la existencias de empresas "de maletín", propiedad en este caso (a través de testaferros), de los mismos agentes delegados por el gobierno para la compra de estos productos de consumo en el exterior, empresas las cuales le venden con su porcentaje ganancial respectivo, los productos que sin pagar este peaje, dichos agentes importadores pudieran comprar directamente a los productores extranjeros.

Es difícil para el ciudadano corriente averiguar con certeza la noticia publicada en algunos medios, acerca de que a través de interpuestos, el mismo presidente Maduro se encuentra implicado en estos "chanchullos", ya que dichas acusaciones son de procedencia interesada, pero dada la profunda corrupción gubernamental, es dable mantener la fuerte sospecha, de que el contenido de dicha publicación puede ser cierto. Ejemplos, como la detención de dos periodistas por orden el fiscal general Tarek Saab, por el delito de "instigación al odio", cuando los mismos publicaron el hecho, público y notorio, de que en Lechería Anzoátegui, en plena pandemia del Covid 19, se efectuó una fastuosa y multitudinaria fiesta, para celebrar un doble matrimonio de miembros de la colonia Siria en nuestro país, al cual el mismo fiscal asistió. Evento este que provocó múltiples contagios a la población en general (se habla hasta de tres muertes). Pongo este ejemplo para darle contenido a lo que significa esta arbitraria ley "en contra de la instigación al odio", que en cualquier momento puede utilizar nuestro gobierno actual, para acallar cualquier denuncia que de alguna manera lo perjudique, o perjudique a sus funcionario, tal como sucedió en días pasados, con la detención del periodista José Gregorio Meza, por la publicación de un trabajo periodístico en el que vinculan al hijo del mandatario Nicolás Maduro con tres empresarios y hermanos, los Morón Sánchez. El hecho de no aclarar o presentar pruebas en contra de estas acusaciones públicas, por parte del gobierno o de sus funcionarios aludidos, sino reprimirlas basados en esta espuria ley, en vez de contradecir dichos señalamientos, tienden a reafirmar la veracidad de los mismos.

En tanto que los altos ingresos petroleros lo permitían, la profusa corrupción administrativa, aparentaba no afectar nuestra economía, es decir dicha corrupción podía ser asimilable, o mejor dicho soportable, para el día a día del desenvolvimiento económico del país.

El hacerse la "vista gorda" hacia el mal manejo de la administración pública, con su cuota de provecho personal para quienes la administran, era el precio a pagar por el llamado chavismo, así como en el día de hoy es el precio que paga el madurismo, para seguir teniendo apoyo (lealtad), de sus altos y medianos funcionarios administrativos, incluyendo en primer lugar a una buena cantidad de altos y medianos mandos militares.

La bajada internacional de los precios del petróleo, lo cual debía conllevar al esfuerzo de PDVSA para mantener la cuota de producción y exportación de crudo que dentro del marco de la OPEP corresponde a Venezuela, no pudo ser cumplida, ya que dicha cuota de producción venía disminuyendo progresivamente, dado el deterioro acumulado a través del tiempo, en el mantenimiento de nuestra empresa bandera (lo cual infructuosamente, tanto yo como otros, veníamos denunciando en diferentes artículos, desde años antes de la quiebra de PDVSA), siendo este deterioro principalmente motivado, en parte importante, por el robo de los dineros, correspondiente a los recursos direccionados a la manutención de equipos; así como a la utilización sin límites por el ejecutivo nacional, de los ingresos de nuestra principal empresa, a los fines del derroche populista y clientelar.

Todo esto a la larga tuvo su repercusión, representada por una ostensible disminución tanto en la extracción del crudo, como en la refinación de sus derivados, trayendo por lo tanto una baja en el volumen de exportación, así como posteriormente una baja en la producción para el consumo interno de los mismos, con las consecuencias que todos conocemos.

La ya problemática situación antes descritas, terminó por ser agravada gracias bloqueo económico estadounidense, al impedir la compra de los insumos necesarios para la sustitución en nuestras refinerías de las piezas y maquinarias que dada la falta de mantenimiento, habían por mucho, adelantado su ciclo de vida útil; a lo cual se agrega, todas las demás trabas implementadas por el gobierno estadounidense que dificultan la exportación de petróleo por nuestra nación.

Se calcula en 300 a 500 mil millones de dólares, los malgastados por el chavismo, incluyendo en esa cifra unos 120.000 millones pagados por servicios a la República de Cuba.

Es decir, en vez de invertir en obras reproductivas (sembrar el petróleo), las divisas obtenidas por la Nación de la exportación petrolera; el inmediatismo politiquero, conllevó a derrocharlas complacientemente, como la vía más corta para satisfacer los justificados anhelos de un alto porcentaje de la población que nunca se había beneficiado con la bonanza petrolera, no libre por cierto del contenido político o mejor dicho politiquero subyacente, direccionado, a ganarse las simpatías populares con fines electoreros. Innegable a este respecto el gran éxito obtenido por el chavismo con estas medidas populistas.

No niego el hecho de que durante el mandato de Chávez, por primera vez en la historia de nuestro país, el 60% de nuestra población sumido en la pobreza, incluyendo dentro de esas cifras un 20% aproximado hundido en la pobreza crítica, obtuvieron un fugaz beneficio que ningún otro gobierno les había brindado, pero dado las irregularidades administrativas, la falta de prevención, y el alegre manejo de los dineros públicos, en un tiempo histórico muy corto, ese beneficio se revirtió hasta hundirnos más aun en la miseria.

Para ser ecuánime en la repartición de las culpas, que en más o en menos a cada venezolano nos atañe, excluyendo por supuesto de ellas al sector más necesitado de la población que veían en las medidas del gobierno una solución a sus marcadas carencias; nos caben cuotas de culpabilidad, a los pertenecientes a la otrora denominada clase media, entre los cuales me incluyo, cuyo principal ejemplo fue, el regocijo con que acogimos la valoración al precio de 6,30 Bs (de la época), del llamado "dólar viajero", lo cual nos permitía poder comprar bienes de consumo en el exterior a precio de ganga, sin tener en mente que se trataba de un derroche de los dineros públicos. A su vez esta medida gubernamental, también fomentó, la aparición de un sector de "pájaros bravos," que con el afán de obtener divisas a bajo precio, armó toda una trácala delictual, consistente en acaparar grandes cantidades de tarjetas de crédito bancarias, con las cuales sacaban dinero en Dólares o Euros, en Bancos del exterior, pagando un ínfimo porcentaje de sus ganancias a los dueños de dichas tarjetas.

Detalles también en esa época, de dadivas del gobierno nacional a personas y entidades extranjeras las cuales de menor a mayor, podemos ejemplarizar con hechos, tales como: Erogarle 30 millones de dólares al artista norteamericano, Denis Glover a cuenta de un film que nuca se llevó a cabo. El viceministro de salud pública de Cuba Coordinador en Venezuela de la misión médica cubana, condecorado por Chávez con la orden del Libertador, desapareció repentinamente de nuestro país también con una suma similar o más, y al parecer, actualmente se encuentra en Cuba, "libre de polvo y paja".

Miles de millones de dólares gastados por PDVSA para la construcción de buques petroleros en el exterior, que nunca llegaron al país.

El plan de venta de petróleo a los países del Caribe a bajo costo y muy bajos intereses (Petro Caribe), con resultados onerosos para nuestra Nación: A Jamaica hubo que rebajarle la deuda a la mitad para poder recuperar al menos, algo de lo adeudado, peor en el caso de Nicaragua que nunca ha pagado ni creo que pagará dichas deudas con Venezuela, y estos solo son, algunos de los ejemplos que todos conocemos.

Como retribución política a esta última generosidad antes nombrada, los países anglo parlantes del caribe apoyan irrestrictamente a Guyana en el diferendo limítrofe con Venezuela, y hasta el gobierno cubano que por conveniencia política hoy mantiene una posición ambigua a este respecto, en el pasado por boca del mismo Fidel Castro (1985), condenó los esfuerzos de Venezuela en torno a la recuperación del Esequibo.

Esta onerosas y progresivas pérdidas para la Nación, que en apariencias no hacían peso en el día a día de nuestra economía, ya que eran cubiertas por los nutridos ingresos que por la venta del petróleo entraban al país, en el fondo ocultaban una cara altamente negativa, tal como lo fue, el ir dejando al país sin las reservas en divisas suficientes, para enfrentar cualquier emergencia que pudiese surgir dentro del espectro económico mundial.

Es decir, con unas reservas internacionales insuficientes, por los motivos antes expuestos, el país tuvo que enfrentar la crisis de la baja internacional de los precios del petróleo que comenzando en el año 2009 dio inicio al espiral del deterioro económico, que afecta hasta la miseria, a un 80 a 90 % de nuestra población, incluyendo también en este rango a los pensionados y jubilados.

Como si esto fuera poco, las sanciones económicas impuestas a Venezuela por los Estados Unidos de Norteamérica, y sus corifeos canallescos de la Unión Europea, e incluso el de varios gobiernos de países hermanos, han contribuido a hundir más al país en la miseria, nivelándonos por primera vez en la historia de estos últimos cien años, con países de crónica pobreza.

Desde mi punto de vista con respecto a nuestro actual gobierno, pienso que no existen soluciones viables; el denso entramado representado por esa mezcla inseparable, caracterizada por: la corrupción, el populismo, el nepotismo, la ineficacia, la impunidad, la extraña alianza militar con sectores de la delincuencia organizada; lacras estas representativas de la calidad humana de quienes nos gobiernan, hacen imposible el que se puedan encarar los retos, que implican la lucha por sacar al país del profundo abismo en donde se encuentra.

Pudiésemos decir que nuestro actual gobierno no es parte del problema, sino que es la génesis del problema en sí.

Ejemplos como, los cambios hechos por el gobierno de Maduro en la dirección administrativa de los restos que quedan de PDVSA, que en vez de solucionar, terminan por ser un retroceso dentro del retroceso ya existente; la última información que se dejó colar por la prensa, fue la venta de petróleo a crédito, a compañías piratas, cuyos gerentes están relacionados con los altos dirigentes gubernamentales al frente de PDVSA, con el resultado, de créditos impagos por 8.500 millones de dólares, a nuestra industria bandera, y por ende a la Nación, de los cuales, acorde a dichas notas de prensa, 3.000 millones de dicha deuda impaga, lo ha sido durante de la gerencia de Adán Chávez y Tarek Al Alsaimi, a quienes vinculan de ser propietarios de las compañías morosas que no han pagado a la Nación el petróleo exportado.

Acusaciones de los nuevos en contra los antiguos gerentes chavistas de PDVSA, y de estos en contra de los nuevos gerentes, terminan por dejar en el limbo las responsabilidades correspondientes.

La vuelta del país a la normalidad en etapas progresivas de tiempo, con resultados para nada inmediatos, debe estar signada por la toma del poder por verdaderos patriotas, que antepongan las necesidades del país, a sus necesidades y deseos personales.

Fácil de decir en la teoría, y plagado, de las tentaciones personalistas que el poder ofrece, sería indispensable si acaso llegasen al poder los patriotas por mi imaginados, que tuviesen conscientes de la idea de que ellos no son los dueños del tesoro público, sino los administradores del mismo; verdad de Pero Grullo esta, que en la Venezuela actual, es ignorada por quienes tienen alguna cuota de poder, en todos los niveles de la administración pública, los cuales por lo común, obvian su significado como inoperante.

Hay que expresar para ser justos, que esta idea del poder como botín de guerra, no es original del actual gobierno, ya Juan Vicente Gómez había acuñado la frase de "Venezuela era una isla perdida y yo me la encontré", Gómez que a través de su brillante ministro de Hacienda Román Cárdenas, había aplicado leyes jurídicas que de manera científica pusieron orden en la Hacienda Pública Nacional, no dejaba por eso de tener injerencia directa, en el manejo del Tesoro Nacional lo cual hacía a través de partidas especiales que así se lo concedían. Esa "sofisticación" legal, en el uso de la Hacienda Pública, a favor del antedicho dictador y sus adláteres, ha sido innecesaria para los gobiernos venezolanos a partir de Chávez, ya que la centralización fáctica por el Poder Ejecutivo de todos los demás poderes, le ha facilitado el uso discrecional de los dineros públicos sin ningún impedimento que lo obstaculice, solo le basta al Ejecutivo ordenar, para que le sea "legalmente "concedido.

Por otra parte, siempre permanece latente hasta en los más honestos de los administradores públicos, la idea de que a costa del tesoro público, se puede favorecer con "pequeñas y justificadas excepciones", a terceros, tanto en el orden partidista como en el familiar, rompiendo así en cuanto al manejo de los Bienes del Estado, tanto con las normas éticas, como las legales plasmadas en la Constitución y en las leyes; obviar, así sea con la mejor intención, dichas leyes, es un craso y trágico error, ya que al hacerlo, se está abriendo la llave de la corrupción, llave que, al abrirla, es imposible volverla a cerrar. El hecho de que una mínima acción a este respecto, pase desapercibida, y quede impune, será el acicate para volver a utilizar el poder para el uso discrecional de los dineros públicos, llegando el momento en que no existirán barreras que no se infrinjan, sin remordimiento ni peso de conciencia, justificándolas como necesidades colaterales a cumplir, propias de las funciones correspondientes al Aparato del Estado.

Recuerdo en forma vívida, cuando en uno de los gobiernos de Copei salió a la luz pública el desvío de fondos por parte del administrador de una empresa pública de uso masivo por la ciudadanía. Personaje dicho administrador, conocido dentro de su círculo social, por una conducta ética rectilínea, y una transparencia moral inobjetable. Pues bien, en función de su cargo como funcionario público, el personaje en cuestión antes nombrado, fue invitado a una entrevista por una televisora nacional, durante la cual surgió el tema, de la presunta desviación de fondos a favor de su partido; ¡que desastre para el!, lo que hubiese sido fácil eludir, para cualquier avezado politiquero en funciones de administración de los bienes del Estado (de aquellos que siempre han existido, y ahora existentes en un número mucho mayor), para este administrador de bienes públicos, que no estaba acostumbrado a mentir, aquellas preguntas sobre el escabroso tema, fueron para él un calvario, sudaba a mares, y tartamudeaba tratando de explicar. Al final, sus expresiones corporales y titubeantes palabras, terminaron por convencer a los televidentes, que las presunciones de desviación de fondos, para engrosar las finanzas de su partido, dejaban de ser presunciones para convertirse en una realidad. No sé si a motus propio, o por decisión partidista, este personaje nunca más volvió a ocupar un cargo público.

Actividades como: Negociados particulares con los dineros públicos, el cobro de comisiones por la compra de materiales e insumos para la Nación, o el cobro de comisiones por gestiones administrativas, ya sea para el otorgamiento de permisos, paso aduanal, tránsito terrestre, expendio de documentos legales etc… son actos criminales contra él conglomerado social, una de cuyas repercusiones más importantes es el agotar los erarios del Estado dejándolo sin el respaldo suficiente para combatir la inflación y por ende la posibilidad de sincerar los sueldos y salarios de los empleados y de los trabajadores en general. Podemos así resumir, el hecho de que en un país como el nuestro, poco productivo de bienes básicos de consumo, cuyos principales ingresos en divisas, dependen de la exportación en forma bruta de los productos del subsuelo, la cual a su vez depende por una parte: del óptimo funcionamiento de la maquinaria industrial que los extrae y refina, y por la otra, de las fluctuaciones de los precios de dichas materias primas en el mercado internacional; si no existe un estricto control gubernamental, en todo lo relacionado con las ganancias obtenidas por la nación por la explotación de dichos recursos naturales, esto terminará por afectar la inversión necesaria del gobierno para cubrir óptimamente las necesidades básicas de la población, lo que en términos económicos es una realidad ineludible, conocida por el más elemental de nuestros bodegueros.

Se dice del general Gómez, a quien la oposición a su gobierno consideraba como un analfabeto, que en la presentación de cuentas de su ministro de Hacienda, preguntaba: "Tinoco, cuanto ingresó esta semana en caja, a lo cual este respondía 6 millones mi general, muy bien, gaste 4 y guarde 2", lógica aritmética simple pero indiscutible. Ese Tinoco Ministro de Hacienda del gobierno de Gómez, fue el padre de ese otro Tinoco que como Ministro de Hacienda durante la IV Republica contribuyó a iniciar la depauperización del país al quitarle al Banco Central su control de la economía.

Recuerdo en ya mi muy lejana infancia, que cualquier ganancia por encima del 12% anual ya sea en intereses monetarios por prestamos entre particulares, así como en la ganancia neta, obtenida por la venta de cualquier producto al público, era considerado como usura, y por lo tanto podía ser penalizado por la ley. En esa época, uno de los estímulos a la producción era, el que las tasas de intereses por depósitos de ahorros, no podían ser mayores al 6% y esto como excepción, en el caso de que dichos depósitos fueran a plazo fijo, lo cual era calificado como "rentas de viuda".

Inversiones gubernamentales, tales como: Una educación gratuita de calidad al alcance de toda la población, sumada a una cobertura sanitaria también de calidad para todos los ciudadanos, así como las facilidades y estímulos gubernamentales, son las verdaderas inversiones indispensables para fomentar la producción industrial, tanto en lo referente a la producción agropecuaria, como la producción de otros bienes básicos de consumo, lo cual generaría miles de empleos bien remunerados, que a su vez se reflejaría en un auge de la economía en general.

Por lo contrario si esas divisas se empleen en la importación de todo tipo de productos, que pueden producirse en el país, además de erogar buena parte de ella en nutrir al populismo clientelar, con su adenda principal, representada por la ya antes descrita corrupción administrativa, nuestro país profundizará cada vez más, su dependencia a los vaivenes de la política exterior de las naciones industrializadas, y de su imposición de sanciones con la finalidad de plegar a su conveniencia los recursos de nuestra nación, a favor de sus propios intereses político-económicos.

Todo lo anterior me hace pensar en las medidas que un gobierno verdaderamente patriótico se vería obligado a tomar con el fin de sacar el estado de miseria en la cual está hundida nuestra mayoritaria masa poblacional.

Lo primero acorde a mi criterio, es el estricto control de las dos cabezas más importantes de la hidra de la corrupción, la venalidad de los funcionarios públicos y las acciones especulativas del sector comercial, lo cual se lograría dándole autoridad suficiente a la comunidad organizada para inspeccionar precios y ganancias de los comercios en cada zona municipal donde estos se encuentren, dotando también a estos grupos comunales de facultades fiscalizadoras, de manera que puedan llevar directa y públicamente los resultados de su inspección a las autoridades competentes.

Lo anterior viene al caso, porque ya hace algunos años, en una experiencia de índole parecida, pero sin la facultad de fiscalizar, grupos comunales del municipio Urbaneja del Estado Anzoátegui se dieron a la tarea de inspeccionar los comercios de la zona, levantando expedientes que fueron enviados a las autoridades competentes a los fines de que enviaran fiscales para corroborar los datos por ellos obtenidos. Sin recato alguno, y delante de los componentes de dichos grupos de vecinos, cada comerciante hizo una llamada telefónica al corrupto funcionario que los protegía. Demás está decir, que los fiscales que debían corroborar los datos obtenidos por los vecinos, jamás aparecieron.

Una medida ideal, aparte del fomento de la Industria nacional, sería la del Estado como único intermediario en la adquisición de productos de consumo, tanto de la producción interna, como de la importación, o al menos la adquisición correspondiente a los productos básicos; lo cual ameritaría en segundo lugar, controles estrictos a los funcionarios, encargados por el Estado para efectuar dichas compras masivas. Las ventajas para el consumidor serían: Precios prefijados en los envases de cada producto a consumir; lo cual a su vez se complementaría con el control del Estado en los porcentajes de ganancias brutas, correspondientes al comerciante expendedor, las cuales deben mantener un margen suficiente para que el comerciante pueda obtener una ganancia no especulativa, pero si satisfactoria para estimular su inversión, sumado a lo anterior dentro de las ganancias brutas se debe tomar en cuenta la reposición correspondiente del dinero empleado por el comerciante en la compra de insumos, así como la de otros gastos necesarios para mantener en funcionamiento adecuado los locales comercio, incluyendo también lo correspondiente al monto porcentual correspondiente al pago de los salarios de los trabajadores; y el pago de impuestos al Estado por la venta de los productos, que no sean básicos ni imprescindibles para el uso de la población.

Alimentos y medicamentos, deben continuar como ya lo están, exentos de todo tipo carga impositiva.

Además de lo cual, es absolutamente necesario indexar acorde a la inflación, el salario de los trabajadores.

Por supuesto, de aplicarse estas medidas, el Estado debe estar preparado sin titubeos de ningún tipo, a aplicar las sanciones necesarias, para contrarrestar la reacción que sin lugar a dudas surgirán de los dueños del capital importador, tales como: paros patronales, cierre de negocios, exportación del capital… etc…etc.

El arma más contundente del Estado en estos casos, tanto para enfrentar la presión interna, como externa, en contra de estas necesarias medidas a tomar, sería, la demostración con pruebas de las ganancias especulativas, que viene arrastrando como una constante, tanto del comercio mayorista como del comerciante al detal, lo cual incluye la insólita devaluación del dólar a nivel nacional. Una amplia difusión de las mismas, como contrapruebas a las críticas por estas sanas medidas, que puedan provenir tanto de los dueños del capital, como de las provenientes del gran capital foráneo, ondeado todos ellos la irrita bandera, de la violación de las "leyes del mercado", como sinonimia de la falta de libertad.

Con base a dichas pruebas, y para el enfrentamiento de las medidas retaliativas que pueden provenir de los dueños del capital, un gobierno patriótico y nacionalista como el aquí descrito, debe estar dispuesto a aplicar sanciones, que en orden de importancia pueden llegar hasta la incautación de comercios, bienes, y capitales.

Lo antedicho se quedaría corto, si el Estado no arremetiera "con todos los hierros", tanto contra la corrupción administrativa como contra la delincuencia común, lo cual necesariamente debe ser complementado con una revolución educativa, a la par que dirigida a la formación de buenos técnicos y profesionales productivos, fomentadora del desarrollo de la creatividad de los educandos, además de crear en ellos valores éticos inalienables.