La discusión sobre los problemas delictivos en La Universidad del Zulia ha tropezado nuevamente con el nudo gordiano de la autonomía universitaria. Sobre esto hay mucha desinformación en la opinión pública y en la propia comunidad universitaria. Generalmente se relaciona a la autonomía con la inviolabilidad del recinto universitario. Pero son dos cosas diferentes, tratadas en artículos distintos de la vigente Ley de Universidades.
El artículo 9 de la citada ley establece que las universidades disponen de autonomía en lo organizativo (dicta sus propias normas internas), en lo académico (determina sus programas de investigación, docencia y extensión), en lo administrativo (elige sus autoridades y nombra su personal) y en lo financiero (administra su patrimonio). Otro aspecto relacionado con la autonomía es la llamada libertad de cátedra (artículo 106), que otorga a los miembros del personal docente y de investigación “la completa independencia en la exposición de la materia que enseñan y en la orientación de sus trabajos”.
Con todos estos puntos tenemos absoluta coincidencia. Constituyen la garantía de que el conocimiento científico y humanístico no se subordine a poderes externos. Por cierto, son principios que el neoliberalismo dominante en el mundo globalizado ha puesto en entredicho. En muchas universidades de América Latina y los Estados Unidos el conocimiento científico ha terminado siendo un apéndice de los intereses de las compañías multinacionales.
La inviolabilidad del recinto universitario está contemplada en el artículo 7 de la Ley. Allí se establece que las universidades no podrán ser allanadas sino “para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los tribunales”. Pero al mismo tiempo, ese artículo 7° establece que son “las autoridades nacionales y locales” (es decir, gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías) quienes deben vigilar “las avenidas, calles y otros sitios abiertos al libre acceso y circulación, y la protección y seguridad de los edificios y construcciones situados dentro de las áreas donde funcionen las universidades, y las demás medidas que fueren necesarias a los fines de salvaguardar y garantizar el orden público y la seguridad de las personas y los bienes, aún cuando éstos formen parte del patrimonio de la Universidad”. Queda claro entonces que la presencia policial en la universidad no viola la ley ni la autonomía.
En los espacios internos de la universidad actúan bandas delictivas que están plenamente identificadas. El decano de Derecho afirma que dichas bandas tienen hasta nombres, y que si se denuncian toman represalias (Panorama, 04/05/03). Dejemos de lado esta manifiesta confesión de incapacidad para ejercer la autoridad que se supone tiene un decano, y centrémonos en la existencia comprobada de bandas de hampones que roban, violan, trafican con drogas y saquean dentro del recinto universitario. Son organizaciones con cierto poder de fuego, como se ha comprobado en numerosas oportunidades. Es completamente lógico que la desarticulación de estas bandas hamponiles corresponda a los cuerpos policiales, mediante una labor de inteligencia que se combine con la actuación directa al momento de la consumación de delitos. Por otra parte, como dice la ley, la protección de los bienes de la universidad también es obligación de las autoridades nacionales y locales. La discusión debe centrarse en cómo proteger a los edificios universitarios y evitar los continuos robos que están destruyendo nuestra labor académica.
(*)Director de Formación General. FEC-LUZ
