Nuestra constitución de 1999 reconoce el sufragio como un derecho fundamental. Se establece el ejercicio del mismo mediante votaciones libres, universales, directas y secretas.

Adicionalmente, la consagración amplia del derecho a la participación en los asuntos públicos de todos los ciudadanos y ciudadanas, que puede ser ejercida de manera directa, semi-directa o indirecta está contenida en la constitución de 1999.

Este derecho no queda circunscrito al derecho al sufragio, ya que es entendido en un sentido amplio, abarcando la participación en el proceso de formación, ejecución y control de la gestión pública y de los órganos del poder público. Como contrapartida el estado y la sociedad deben facilitar la apertura de estos espacios para que la participación ciudadana, así concebida, se pueda materializar.

Resultan trascendentes las formas en que el ciudadano puede participar en la formación, ejecución y control de la gestión pública, pues ella no se limita a la intermediación de los partidos políticos, sino que puede hacerse en forma directa, en perfecta sujeción al concepto de soberanía que en forma expresa prevé el artículo 5 del novísimo texto constitucional.

La legislación electoral vigente consagra a la VERIFICACIÓN CIUDADANA como eje fundamental de los procesos electorales.

En cualquier circunstancia es una obligación constitucional y legal del CNE, totalizar todos los votos, para respetar fielmente el principio fundamental de la soberanía popular (art. 5 constitucional), además de publicar los resultados electorales desglosados por mesa, municipio, estados y a escala nacional. Las copias de las actas de escrutinio que están en manos de los testigos de todas las organizaciones políticas deben corresponder a los resultados de las mesas.

El presidente del PSUV ha dicho que tiene en sus manos 100% de las copias de las actas de escrutinio. Factores de oposición han dicho que tienen más de 90% de las actas. El principio de complementariedad dialéctica y de reciprocidad de perspectivas (Georges Gurvitch dixit) no fallaría: hace falta cotejarlas y analizar el grado de consistencia o inconsistencia de las mismas

Ojalá todos los factores políticos (digo todos) pongan a disposición de la verificación ciudadana todas las copias de actas de escrutinio por mesa que tienen en sus manos, que puedan ser cotejadas y totalizadas por centro, municipio, estado y a nivel nacional para tener un cuadro completo del país.

No es un delito hacerlo como verificación ciudadanía y contraloría social, coherente con los principios de la democracia participativa y el pleno respeto a la soberanía popular contenidos en la constitución de 1999.

En este álgido momento del país, donde hay que reducir a cero la violencia y cualquier hecho que vulnere el pleno ejercicio de los derechos humanos, no basta solo la actuación del TSJ en ausencia de las obligaciones del CNE.

Es preciso que la sociedad en su conjunto se haga cargo de la defensa de la soberanía popular que es intransferible hacia cualquier poder constituido: contraloría social y verificación ciudadana. El poder ORIGINARIO reside en el pueblo.

Como se trata de la verdad de los resultados electorales, ya esto escapó al poder de los partidos políticos, como simple ejercicio de la dominación y de imposición de versiones en el natural ejercicio de la competencia política para acceder a cargos de representación popular.

Lo cierto es que hay procedimientos imparciales, prácticos, rigurosos y técnicos de verificación ciudadana para determinar la verdad de los resultados electorales.

El psuv puede colocar el 100% de sus copias de actas de escrutinio en un dominio en internet. Eso facilitaría el cotejo de actas, así como la consistencia o inconsistencia con otras copias de actas de otros factores políticos. Allí se pondría en práctica el principio de transparencia ciudadana.

No podemos desconocer por criterio de realismo político, que los actores políticos, como suele suceder, juegan a posiciones adelantadas con relación a los resultados electorales tratando de imponer sus versiones y narrativas sobre los hechos.

Sin embargo, los hechos pueden reconstruirse con el material electoral hoy existente. Necesitamos hechos, no narrativas para despejar las incógnitas y para asegurar la tranquilidad del país, rechazando cualquier agenda de provocación y violencia.

La agenda setting o "establecimiento de la agenda" y el "establecimiento del marco" (frame), sabemos, es la capacidad de los medios de comunicación y otros actores de poder para influir en la importancia relativa de los temas en la opinión pública y en el modo como los interpretamos y comprendemos, implantando sesgos cognitivos y emocionales.

Básicamente, esta teoría sugiere que el establecimiento de agenda y marco destacan ciertos temas: foco y marco de interpretación. Así se modela y construye la esfera de la opinión a partir de diversos ecosistemas mediáticos y de comunicación pública. Muchas veces las operaciones de propaganda generan desinformación y pretenden distorsionar los hechos.

Como se trata de la verdad de los resultados electorales, ya esto escapó a las pretensiones de cada factor de poder como simple ejercicio de la dominación y de imposición de versiones-narrativas. Hay procedimientos imparciales de VERIFICACIÓN CIUDADANA para determinar la verdad de los resultados electorales.

A pesar de todas las declaraciones sobre el respeto a la soberanía, hay un procedimiento universal no eliminable en la democracia que debe ser respetado por todos los actores nacionales e internacionales: "Establecer de forma transparente un escrutinio con garantías para todos."

Ante fallas o interferencias sobre la transmisión de datos, no hay nada más certero que utilizar la evidencia electoral disponible para reconstruir los resultados de forma transparente y confiable para todos los actores.

Ninguna retórica diplomática basada en el reconocimiento del derecho público internacional puede escapar a eso, si se trata de defender la constitución de 1999 y la democracia participativa en ella contenida. Aquí, la propuesta, por ejemplo de Jürgen Habermas, de una ética de la comunicación y de la resolución de conflictos tiene mejores argumentos para disipar la bruma de pos-verdades o bulos.

Las universidades públicas y autónomas del país podrían jugar un papel estelar en el cotejo y reconteo del 100% de las actas de escrutinio que están en manos de todos los actores políticos. La búsqueda de la verdad es parte de su misión fundamental.

Propongo que sea una comisión dirigida por expertos y técnicos de las universidades nacionales, públicas y autónomas, de cara al pueblo de Venezuela, la que dirija y supervise la VERIFICACIÓN CIUDADANA, cumpliendo estrictamente con todos los principios contenidos en la legislación electoral vigente.

Proponemos soluciones racionales, prácticas y factibles para la búsqueda de la verdad y resolver problemas fundamentales del país.

Los órganos del poder electoral deberían garantizar la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales.

Lo que nos mueve a proponer estas ideas para solucionar las incógnitas hoy existentes se corresponde con lo establecido en el art. 132 constitucional:

"Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social."

La expresión de la soberanía popular mediante el sufragio es un derecho fundamental. Los resultados electorales deben corresponder fielmente a la soberanía popular.

Nunca podemos dejar de lado que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.

Los órganos del Estado que ejercen el Poder Público emanan, de una manera u otra, de la soberanía popular y a ella están sometidos.

Que éste último enunciado sea el pilar de la defensa de nuestra democracia participativa con protagonismo del pueblo.