La explosión ocurrida en el Complejo MUSCAR, el pasado 11 de noviembre, es un hecho grave, por sus consecuencias inmediatas sobre la industria petrolera y porque refleja el profundo daño causado a la misma, luego de más de 8 años de persecución a sus trabajadores, su militarización y las sucesivas intervenciones, su desmantelamiento, abandono y la entrega de PDVSA.
El Complejo Operativo MUSCAR, es una instalación estratégica de procesamiento gasífero ubicada al norte del estado Monagas, cerca de la población de Punta de Mata, entre los campos petroleros de Musipán y Carito. Este Complejo constituye la base de todas las actividades de manejo de gas, desarrolladas en el Distrito Norte de la División Punta de Mata de PDVSA. Su principal función es la recepción, tratamiento, acopio y distribución del gas producido en dicha área, tanto para atender el mercado interno, como para su reinyección en los yacimientos y soportar la producción de petróleo del norte de Monagas.
Además, su influencia abarca el procesamiento del gas asociado al crudo de las unidades de explotación Furrial, Carito y Pirital, así como, la segregación óptima de gas destinado a la Planta de Extracción de Líquidos Santa Bárbara.
El Complejo MUSCAR es, además, el centro de recepción y distribución más importante de gas en Venezuela, puesto que, en sus instalaciones, se manejan y se despacha aproximadamente el 80% del total de gas que se produce actualmente en el país, es decir, que en el mismo, se maneja todo el gas del oriente venezolano.
La explosión e incendio ocurrido en MUSCAR, no sólo paralizó el Complejo, sino que, también destruyó el múltiple y afectó el tubo troncal de transmisión de gas MUSCAR–Anaco. Este tubo es clave, pues conecta el gas procesado con el centro de distribución nacional en Anaco, desde donde se envía gas a Guayana y las empresas básicas, a Margarita, la Región Capital, la Central, la Centro-Occidental y parte de la Costa Oriental del Lago.
Sin el tubo troncal, no hay forma de transportar el gas hacia los centros de distribución, lo que afecta su disponibilidad en Margarita, Guayana y otras regiones, impactando centrales termoeléctricas y la extracción de líquidos necesarios para producir GLP (gas licuado de petróleo) , lo que agrava la crisis de cilindros de gas doméstico.
La explosión y suspensión de las operaciones en MUSCAR, obligó al cierre de pozos en los Campos de Furrial, Carito y Pirital, por motivos de seguridad, lo que representa una pérdida de alrededor de 120,000 barriles diarios de crudo.
De este total, aproximadamente, 50,000 barriles diarios, son destinados como diluyentes para procesar crudo extrapesado en la Faja, lo que afecta la producción de 125,000 barriles de crudo Merey-16, principal producto exportable de Venezuela. La afectación directa e indirecta por el incidente, alcanza cerca de 195,000 barriles diarios de producción y 125.000 barriles días de petróleo para la exportación.
Como resulta obvio, la explosión de MUSCAR es un hecho muy grave, que amerita, de parte del gobierno, una explicación seria al país, sobre sus causas y consecuencias, además de la información real de cuándo será restablecida la operatividad de este Complejo y las operaciones en el Norte de Monagas.
Pero evidentemente, no ha sido así. El gobierno y las autoridades del Ministerio de Petróleo y PDVSA optaron por el silencio, a pesar de que las imágenes mostraban que se trataba de un evento mayor. Nadie del gobierno dijo nada, como si no fuera con ellos. Sin embargo, las explosiones sucesivas ocurridas en la Instalación y la magnitud de las llamas, además de la alarma entre las poblaciones aledañas, daban cuenta de una situación que no podía ser ignorada. Pero, ni la Ministra de Petróleo, ni el presidente de PDVSA, persona absolutamente desconocida en el sector, dieron la cara al país. Nadie dijo nada, ninguna información seria, veraz, se imponía el mutismo.
Luego, la Ministra-vicepresidente —y de allí en adelante, todo el gobierno—, salió con la fantasiosa acusación de que, un hecho de tal magnitud, se produjo por la acción terrorista de uno de sus ex-amigos, Erick Prince (fundador del grupo mercenario BLACKWATER), a quien la misma vicepresidente recibió y le ofreció una cena privada en el año 2019. De allí en adelante, un hecho tan grave se diluyó en la diatriba de las teorías conspirativas y "ataques del imperialismo", que son la excusa preferida del gobierno para distraer incautos, tapar sus incapacidades y esconder sus políticas.
Repite la Ministra el argumento de su antecesor, también Ministro-vicepresidente y estrella del gobierno, Tarek El-Aissami —hoy defenestrado—, que cuando se producía uno de los recurrentes incidentes en nuestra desmantelada PDVSA, recurría rápidamente al argumento del "ataque terrorista", tal como sucedió con la explosión del gasoducto que conecta el Centro Operativo El Tejero con MUSCAR (marzo 2021), cuando señaló como responsables del "atentado terrorista" a grupos "paramilitares colombianos"; o cuando, en octubre de 2020, explotó la Unidad de Alto Vacío de la Refinería de Cardón y el mismo ministro dijo que se trató de un "ataque terrorista con un Dron". Todo esto sucedía, mientras entregaban a sus "amigos" empresarios y militares, 23 mil millones de dólares en petróleo, que jamás regresaron al país.
Pero, aunque sean argumentos inverosímiles y gastados, de inmediato la maquinaria de propaganda, e incluso los jerarcas de la represión del gobierno, lo usaron para acusar y meter en un mismo saco a cualquiera que haga oposición política al gobierno o denuncie este desastre, sea Chavista o de la oposición tradicional, o cualquiera que interponga —en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva— un recurso legal solicitando la aplicación de la Constitución, para ser señalado de cualquier cosa en el ejercicio de la "Judicialización de la Política" o "lawfare", instrumento de percusión política preferida del gobierno.
Pero a pesar de estas tácticas propagandísticas del gobierno —que nadie le cree—, el país sigue sumergido en el caos, mientras, el mismo remata PDVSA, el petróleo y el gas, entrega la economía y bienes del país a sus socios privados de Fedecámaras y Conindustria, que como ellos mismo han anunciado, "recibirán" más de 250 empresas estadales que el gobierno y su Ministro de Industrias han decidido entregarles, tal como pretenden hacer con Monómeros en Colombia. Si no fuera por los empresarios o la denuncia del Presidente Petro, en Venezuela no nos enteramos de la ola privatizadora, porque el gobierno no dice nada y utiliza a Erick Prince para desviar la atención.
Mientras tanto, el caos se profundiza. La Isla de Margarita, ha sufrido un "racionamiento" de energía eléctrica (originado por la explosión en MUSCAR) de hasta 16 horas diarias desde el 12 de noviembre, así como una escasez de gasoil, que tienen a la población al borde de la desesperación. No hay luz, pero de inmediato, nuevamente, el gobierno dice que es culpa de "Erick Prince", evadiendo su responsabilidad, tanto en lo ocurrido en MUSCAR, como en la gestión del sector eléctrico en el país. Pues Margarita, si bien es cierto que recibe gas del oriente a través de un gasoducto (que no sabemos si hoy día funciona o no), también lo es que existe un cable eléctrico que lo suministra desde tierra firme —que opera parcialmente— y dos termoeléctricas que pueden funcionar con gas o diesel, que están por el suelo. Sin embargo, es más fácil echarle la culpa "al imperialismo" o meter preso a cualquier desafortunado que consigan.
La realidad es que la industria petrolera sigue cayendo y desmoronándose, entre la incapacidad y la entrega. El "modelo Chevron", no funciona para el país, sólo satisface, con creces, a las transnacionales y a la nueva "burguesía revolucionaria" que se ha apoderado del sector, mientras el pueblo sigue sumergido en la desesperanza y la pobreza.
Desde que el madurismo asaltó PDVSA, persiguiendo y encarcelando cientos de trabajadores y gerentes (que continúan presos sin que a nadie le importe la violación de sus Derechos Humanos), y se repartieron y militarizaron la empresa, la producción de petróleo ha caído de una manera catastrófica, en un colapso que llegó al 80%.
En 2013 tuvimos una producción promedio de 3 millones de barriles día de petróleo, nivel que se mantuvo desde la derrota del Sabotaje Petrolero, hasta la muerte del Presidente Chávez y nuestra salida del sector petrolero. Estos niveles de producción y nuestra política de Plena Soberanía Petrolera, nos permitió sostener la economía del país y las conquistas del pueblo. Nadie abandonaba Venezuela.
Pero a partir del 2015 y, sobre todo, luego de la militarización con el General Quevedo en 2017, la producción cayó hasta 1,15 millones de barriles día (enero 2019) y luego llegaría a 330 mil barriles diarios con Tarek El-Aissami. A partir de la entrega de la producción a Chevron, desde enero del 2023 se ha incrementado en 200 mil barriles día, un volumen que no paga regalías, ni impuestos; es decir, es un negocio de la transnacional y del madurismo.
Si vemos la gráfica de la caída de la producción de petróleo del país durante el gobierno de maduro, junto a la cantidad de Ministros y presidentes de PDVSA presos e inclusos muertos en prisión, podremos concluir que el problema de la industria petrolera, el problema de PDVSA, está en Miraflores. Lo que ha sucedido en PDVSA, el colapso de su producción, el caos operacional, explosiones, derrames, desmantelamiento y la entrega del petróleo y el gas a las transnacionales, es responsabilidad única del gobierno, de la cúpula madurista, que tiene un control absoluto de la empresa y del país, el país del miedo.
