Venezuela, se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Nos recuerda el Texto Fundamental que el Gobierno Venezolano y el de sus entidades políticas, son y serán siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.

Es por ello que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Por tanto, todos los ciudadanos y ciudadanas y los órganos del Poder Público están sujetos a la magnificencia de la Constitución de la República Bolivariana.

Por lo que, reafirmar que la democracia es el sistema político más eficiente y más humanos, que garantiza a plenitud el cumplimiento de los derechos del hombre, impone interrogantes, pues la transformación del sistema político no sólo asigna la búsqueda de una democracia participativa y protagónica, sino también la consolidación de una democracia económica y social al servicio del pueblo. Un sistema económico puesto al servicio del pueblo y no al servicio del sistema de producción. En consecuencia hay que luchar por el imperio de la Ley para ésta y las futuras generaciones.

UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SANEADA DE VICIOS Y CORRUPTELAS

Por tanto, para el logro de la mayor suma de felicidad posible, como lo advirtiera el Padre de la Patria, el Libertador Simón Bolívar, debemos erradicar para siempre todo aquello que revele una actitud prepotente en los servidores públicos, que muchas veces el administrador cree que conceden dádivas o favores a los particulares, y éstos a su vez no tienen derechos ni tampoco como reclamar las malas actuaciones de los funcionarios que son aplastados por la administración pública.

Hay que cambiar, en derecho y por el derecho, esa actitud y mentalidad prepotente, contraria a los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Es necesario proyectar una Administración Pública al servicio del pueblo y para el pueblo, sin exclusiones.

Debe hacerse una revolución administrativa, transformando la informalidad administrativa en procedimientos enmarcados en las leyes, expedita y eficiente, sin dilaciones, pues es inconcebible la impotencia de los administrados ante posturas indeseables de los trabajdores públicos, lo cual genera impotencia y sujeción en el pueblo, pese a que existe legalmente una situación colmada de garantías y derechos –todo un arsenal jurídico--, que, sin lugar a dudas, es una respuesta satisfactoria a la gestión transparente de los administradores de la cosa pública.

ACCIÓN-PARTICIPACIÓN

Entendemos la acción-participación no sólo como la simple actuación, sino como una acción que conduce al cambio social erradicando lo viejo, para reemplazarlo por lo nuevo, debe ser una acción-participación continua, en ejecución, sobre la realidad abordada no sólo para conocerla, sino para transformarla; toda vez que, en la medida que haya mayor reflexión acerca de la realidad, mayor calidad y eficacia transformadora se tendrá.

Estos planteamientos no son especulativos, pues si colocamos como referencia el Preámbulo de la Constitución de la República de Venezuela, toda vez que nos da la razón al articular que debemos:

"…refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones"; donde, además, se "asegure el derecho a la vida, al trabajo, la cultura, a la educación, la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna".

Este es el camino del pueblo venezolano y en él sus gobernantes y administradores de la cosa pública, incluyendo al erario nacional. Es posible que haya poca voluntad para sacar adelante el Estado Venezolano, pero el que no espera vencer está vencido y ojalá que la flaqueza aunada a la pereza no siga imponiéndose de la mano con el saboteo.