La Casa Blanca bajo el control del expresidente Donald Trump fue advertida de que las duras sanciones contra Venezuela podrían acelerar el colapso económico de este país y acelerar el éxodo de millones de migrantes a naciones vecinas, según tres funcionarios actuales y anteriores del gobierno estadounidense.
La Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional entregó las evaluaciones clasificadas —parte de un examen más amplio de cómo la implosión económica de Venezuela podría afectar la migración en América Latina— al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y a los dos principales funcionarios del DHS en al menos cuatro informes entre 2017 y 2019, dijeron las personas.
Sin embargo, el gobierno de Trump impuso a Venezuela algunas de las sanciones económicas más duras de la historia de Estados Unidos. Las sanciones son defendidas ferozmente por sus impulsores, que dicen que fueron una respuesta necesaria.
Sin embargo, hoy el presidente Nicolás Maduro sigue gobernando Venezuela, lidiando con las sanciones económicas contra el país y el aumento de la inmigración venezolana ha surgido como un punto de conflicto. La preocupación entre los funcionarios de Trump sobre los posibles efectos de las sanciones, incluso sobre la migración, era más amplia de lo que se creía anteriormente, según entrevistas con más de dos docenas de funcionarios estadounidenses actuales y anteriores.
"Este es el punto que planteé en ese momento: Dije que las sanciones iban a reducir a polvo la economía venezolana y tendrían enormes consecuencias humanas, una de las cuales sería la emigración", dijo Thomas Shannon, quien se desempeñó como subsecretario de asuntos políticos en el Departamento de Estado durante la presidencia de Donald Trump. "Las sanciones ayudaron claramente a generar una emigración más rápida", dijo Shannon. "Y sabíamos que sólo sería cuestión de tiempo antes de que estas personas decidieran migrar al norte".
Las sanciones han aumentado en las últimas dos décadas y están en vigor de alguna forma en casi un tercio de todos los países. En el caso de Venezuela, los funcionarios estadounidenses estaban –y siguen estando– profundamente divididos por la andanada financiera.
Los defensores de las sanciones, como John Bolton, ex asesor principal de Trump, defienden las sanciones como un esfuerzo crucial, aunque infructuoso, para expulsar a Maduro o, al menos, limitar los fondos a su disposición.
Pero otros exfuncionarios de Trump, particularmente en los departamentos de Estado y del Tesoro, dicen que está claro que las sanciones estadounidenses agravaron una situación ya de por sí grave y que no tienen muchas ventajas claras. La economía de Venezuela se contrajo un asombroso 71 por ciento entre 2012 y 2020 —la mayor caída de este tipo en la historia moderna para un país que no está en guerra—, ya que Estados Unidos obstaculizó su industria petrolera y restringió el acceso a los mercados internacionales.
Algunos funcionarios federales estaban preocupados por ese riesgo antes de que se impusieran las sanciones, aunque múltiples factores, incluidos los efectos de la pandemia, han llevado a los venezolanos a Estados Unidos, y su número solo se disparó después de que Biden asumió el cargo.
Las consecuencias en Venezuela ponen de relieve las dificultades de la guerra financiera estadounidense, que obliga a los funcionarios a encontrar un equilibrio entre intentar castigar a los malos actores en el extranjero y limitar el daño a los civiles inocentes.