La República Bolivariana de Venezuela promueve el fortalecimiento de los vínculos geográficos, culturales e históricos, entre los pueblos y gobiernos suramericanos a través de la integración, concertación y cooperación latinoamericana. Muestra de ello, fue la reciente visita del presidente Hugo Chávez Frías a la ciudad de Manaos, Brasil, donde se celebró el III Encuentro Empresarial Venezuela-Brasil.
El Presidente en sus intervenciones ratificó que la integración provechosa para los pueblos latinoamericanos requería de la unión, no sólo económica y comercial de los países de la región, sino de una unión más integral, antes que nada política e incluyente de los pueblos, ya que “la política es la democracia y la participación de los pueblos. Los indígenas, los estudiantes, las mujeres, los empresarios, los intelectuales, los escritores, los pensadores, los militares, los civiles, los cristianos, los ateos, los católicos; todos unidos...”
En este contexto, la integración debe fortalecer los nexos políticos entre los países latinoamericanos, empezando por los países del Sur. Es necesario e imperativo el empuje del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), dentro de una mayor dimensión política. Por eso, el Presidente recibió con agrado la invitación a la reunión de MERCOSUR: el camino a la integración provechosa para los pueblos requiere de una verdadera unión sudamericana, capaz de hacer frente como bloque a otros procesos con países y bloques consolidados, cuya fortaleza es muy amplia en materia tecnológica y de desarrollo.
En este sentido, Venezuela ha propuesto la conformación de un Fondo para la Integración en América Latina, con el objetivo de consolidar una integración más profunda, en un modelo de integración donde prevalezcan los intereses de los pueblos y naciones, por encima de los intereses puramente economicistas del mercado. Para esto es necesario conformar y robustecer los mecanismos de cooperación entre los países de la región, pues desde este tipo de integración las naciones latinoamericanas podrán conseguir vías alternas para generar un bienestar social integral. La cooperación internacional no sólo puede basarse en ayuda humanitaria, tiene que orientarse a la cooperación productiva, generadora de empleo y promotora de inversiones que estén en sintonía con las necesidades de los pueblos.
Sólo después de consolidada la integración suramericana, la región estará en posición de negociar en condiciones más equitativas con cualquier país o bloque del mundo, pero si no se corrigen las grandes desigualdades tecnológicas y económicas, así como el problema de la injusticia y exclusión social -evidenciadas en los altos niveles de pobreza y desigualdad de la región-, cualquier proyecto integrador que no contemple las necesidades de los pueblos y los diferentes desarrollos de las naciones no podrá favorecer a las mayorías.
Desde esta perspectiva, los cuestionamientos a la actual propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), no significan un rechazo arbitrario por parte del Gobierno Bolivariano de Venezuela a la misma, sino un llamado de alerta frente a un marco jurídico que profundizaría las desigualdades de la región y potenciaría en mayor mediada la vulnerabilidad externa que ya agobia a la mayoría de los países latinoamericanos. Se trata que desde los mismos espacios del ALCA, se discutan los problemas de la región, para que sean tomadas en cuenta las profundas desigualdades e inequidades entre los países participantes de esa propuesta.
El ALCA, tal como está planteado en la actualidad, significa una pérdida de soberanía para los países como Venezuela, que tratan de impulsar y dinamizar su propio desarrollo productivo en la actividad económica. Con el ALCA, resultaría imposible utilizar las compras del Estado como mecanismo impulsor de la actividad económica; empresas como Pdvsa tenderían a ser privatizadas; la participación de Venezuela en la OPEP sufriría consecuencias; en el marco de las liberalizaciones y la preponderancia del mercado, las licitaciones públicas serían totalmente abiertas a inversionistas extranjeros, los cuales competirían “como iguales” con los nacionales, cosa que en términos reales, no es cierto. No se trata de consolidar un proteccionismo, pero sí de medir las diferencias e inequidades entre los países participantes, pues tal como lo indican las cifras de organismos multilaterales como el Banco Mundial, o de ayuda al desarrollo de la región como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), América Latina es la región del mundo con mayores niveles de desigualdad social y económica.
Los servicios públicos consagrados en la Constitución Bolivariana de Venezuela, de carácter gratuito y obligatorio, como la salud y educación quedarían con el ALCA a merced del mercado, pues resultarían simples mercancías cuyo precio sería producto de las fuerzas del mercado, resultando que quienes no puedan pagar para obtener estos servicios, no podrían gozar de ellos.
La soberanía alimentaria que desea alcanzar Venezuela -dado que la mayor parte de los productos consumidos en el país son de origen importado- sería difícil de lograr con el ALCA, pues los productores internos tendrían que competir “como iguales” con productores extranjeros, cuya tecnología y desarrollo terminaría por desarticular y destruir el tradicionalmente golpeado aparato productivo nacional. De esta manera Venezuela, así como otros países de la región, quedarían más vulnerables ante las fluctuaciones de los mercados internacionales de alimentos.
Los agricultores venezolanos estarían en desventaja frente a las grandes transnacionales agrícolas, sobre todo las estadounidenses, pues el sector agrícola de ese país recibe anualmente en subsidios alrededor de 110 mil millones de dólares, subsidios que para países como Venezuela no sería posible de suministrar a sus productores, ya que los mismos quedan expresamente prohibidos en los borradores de la propuesta del ALCA. Así, la negociación en este proceso no es realmente “entre iguales” y por esto se torna difícil el beneficio y provecho para los pueblos de los países menos desarrollados.
Bajo el contexto actual del ALCA, el papel del Estado se reduciría a servir de garante del cumplimiento de legislaciones nacionales e internacionales favorables a grandes transnacionales concentradoras de recursos y ganancias; es decir, se centraría en resguardar los intereses privados de estas corporaciones, más que en lograr el bienestar de los pueblos. En este sentido, los Estados no tendrían ninguna capacidad de acción autónoma para impulsar el desarrollo y desenvolvimiento de sus países.
En el caso de Venezuela, la Constitución Bolivariana impide tales procesos desintegradores, pues la Carta Magna venezolana, una de las más amplias y pluriculturales del continente, contempla aspectos diversos que van desde la participación protagónica del pueblo en su ejercicio soberano, el alcance de un desarrollo integral armónico social y económico, la protección ambiental y de la diversidad biológica, hasta la negación de la patente del genoma humano. Dentro del contexto de la Constitución Bolivariana, la integración, la cooperación y la autogestión son procesos fundamentales del desarrollo, nuevas formas organizativas avaladas por estar en pro del bienestar integral de la sociedad.
El ALCA, tal como está planteado, es más que un área de libre comercio: consiste en la institución de un marco legal sobre un área territorial, cuyas leyes se impondrían sobre las legislaciones internas y los Estados mismos, bajo la consigna de los beneficios del libre comercio. Estas leyes favorecerían, en ultima instancia, a las transnacionales que buscan colocar sus productos, monopolizar los recursos naturales, y desarticular las formas alternativas de producción y consumo al sistema capitalista. Aunque las diferentes reformas implementadas en América Latina han querido mostrar al libre comercio como motor fundamental del desarrollo, para llegar a una fase tan liberalizada de intercambio comercial, es necesario haber fortalecido las bases de la producción.
Venezuela impulsa un modelo integrador diferente, con mecanismos cooperativos que fomenten, más que la sola capacidad comercial y negociadora de los países, la producción y desarrollo de los sectores de las economías nacionales, a través de los encadenamientos productivos. Venezuela plantea la conformación de un modelo integrador alternativo, el ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas.
Con el ALBA se pretende salvar las dificultades estructurales y las desigualdades en el desarrollo latinoamericano y caribeño, no a través de la competencia desmedida, sino de mecanismos de cooperación continental que mejoren las condiciones de vida de los pueblos.
