La población venezolana ha sido testigo, estos últimos días, de la reafirmación y reiteración de la campaña desplegada, por parte de los medios de difusión masiva, en la cual afirman que "el revocatorio va, lo quiera o no el Presidente", es decir, según ellos, el Gobierno nacional, se resiste al referendo revocatorio.

Es conveniente recordar que para el 8 de noviembre del pasado año, fecha de instalación de la Mesa de Negociación y Acuerdos, el gobierno señaló que si la aspiración de las fuerzas de oposición era el término del mandato del Presidente Chávez, la Constitución vigente proporcionaba la forma de hacerlo, cumpliendo unos requisitos previos: el referendo revocatorio. Asimismo, el Gobierno aclaró que cualquier salida que se adoptase debe necesariamente inscribirse en el marco constitucional.

La oposición en cambio sostuvo que las condiciones del país "exigían" un cambio rápido, que no se podía esperar hasta agosto. Por esa razón, la Coordinadora Democrática convocó a un "Firmazo", una especie de referéndum consultivo con la pretensión de darle mediáticamente un carácter vinculante. Cinco meses después, el principal punto del Acuerdo firmado en la Mesa de Diálogo y Negociación, fue exactamente la propuesta llevada a la mesa de conversaciones por la comisión gubernamental: realizar un referendo revocatorio.

¿Busca verdaderamente la auto calificada Coordinadora Democrática salidas democráticas como la realización de un referendo revocatorio?

No se puede olvidar, por más que se lo intente, que el sector opositor al Gobierno adelantó el año pasado un golpe militar, interrumpiendo la legalidad vigente. Esa situación fue superada gracias a la decidida acción de la mayoría civil y militar del país que se volcó a las calles a exigir el debido respeto a la institucionalidad que se había dado hacía dos años en ejercicio de su poder soberano.

Para forzar la renuncia del presidente legítimo por vías no constitucionales, las fuerzas opositoras también han organizado paros indefinidos y hasta han saboteado la industria petrolera.

Hoy, mientras intentan paralizar la Asamblea Nacional para obstaculizar el nombramiento de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirman que el Gobierno quiere impedir la realización del referendo revocatorio. Si tanto desean llevar a cabo el revocatorio, deberían facilitar el nombramiento de la directiva del Consejo en vez de entorpecerlo, y dedicarse a recoger las firmas necesarias para que el CNE pueda convocar la consulta popular.

Más que cuestionar si el presidente facilitará o no el camino al revocatorio, es necesario preguntar qué ha hecho la oposición por abrir el camino a la tan ansiada consulta de acuerdo a lo contemplado por la Constitución y las leyes.

¿Qué objeto tiene, para cumplir los canales constitucionales que permiten la realización del revocatorio, "recalentar la calle" con el "Catiazo", el "Petarazo" y llamar ahora, con la carga de violencia que ha implicado en esas ocasiones la actuación de la Policía Metropolitana, a manifestaciones en Acarigua, Valera, Cumaná y Barquisimeto?


Si realmente desearan revocar el mandato presidencial, en vez de llamar a marchas que se orientan a despertar mayores divisiones entre los venezolanos -por motivos raciales o de nivel económico- buscarían las firmas necesarias como lo establece la Constitución.

La creación de un clima mediático de violencia o "ingobernabilidad", facilita la intervención de la OEA u otros organismos internacionales: no favorece a la realización de un referéndum revocatorio.

En su afán de manipular lo que pasa en Venezuela para conseguir su propósito, la última maniobra ha sido acusar internacionalmente al gobierno de lo que ellos hacen: saltarse los mecanismos democráticos establecidos en la constitución. Para ello han enviado un documento a la OEA,ONU, Centro Carter y el Grupo de Países Amigos, en el que afirman que es el gobierno el que viola el acuerdo alcanzado e intenta impedir el referéndum revocatorio. Para ello alegan:

- Que respetar el cronograma para iniciar procesos revocatorios ya solicitados a Gobernadores y Alcaldes para luego organizar el revocatorio presidencial -si logran recabar las firmas y cumplir los requisitos constitucionales establecidos-, es para ellos " desconocer el derecho de la oposición a convocar el revocatorio".

- Afirman que la reforma del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional es "irregular e írrito", desconociendo a la mayoría parlamentaria que lo aprobó y silenciando sus ausencias y otras artimañas para sabotear la aprobación de leyes y la elección de la directiva del CNE, como los "shows" montados recientemente.

- Dicen que la discriminación racial y la politización de los medios comerciales de difusión masiva en Venezuela no existen, sino que "son promovidos por el Canciller Roy Chaderton", quien denunció estas prácticas en la última Asamblea General de la OEA.

- Según la oposición, la ley que por motivos de seguridad de Estado reglamenta las manifestaciones en determinadas zonas del país, calificadas por motivos estratégicos como zonas de seguridad, constituye una "regulación el derecho a manifestar", sin decir que existe todo un territorio en el que desde hace 5 años han manifestado públicamente.

- Alegan que la Ley que busca garantizar un mayor control social sobre los medios de difusión -tanto públicos como privados- y garantizar la responsabilidad ulterior por los contenidos de los mensajes difundidos por éstos, constituye "una violación a la libertad de expresión", libertad que en Venezuela como en otros países no es plural sino que ha sido cooptada por los dueños de los canales de difusión privados.

- Cuentan en el exterior que es la Fuerza Armada Nacional la que reprime manifestaciones, sin mencionar la actuación de la Policía Metropolitana, órgano policial que ha generado descontento y violencia por sus intervenciones que causan muertes y heridos en las filas de quienes defienden la constitucionalidad que ellos tratan de violar, usando inclusive armas largas que están prohibidas para tales manifestaciones públicas. A sus víctimas, insisten en catalogarlas de "círculos del terror", quitándole su status de ciudadanos.

- Los triunfos internacionales conseguidos por Venezuela en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reflejado en el reconocimiento legal y legítimo de esta organización a otros actores sindicales y empresariales alternos a la CTV y Fedecámaras (tales como Unete y Empresarios por Venezuela), según ellos constituyen "una violación a la libertad sindical" porque "perturba el ejercicio de la representación que le corresponde legítimamente a la CTV".

- Por último, la detención ordenada por un Juez de quienes, en el marco de un golpe de Estado en abril de 2002, en el estado Táchira atentaron contra la primera autoridad regional legal y legítimamente constituida, y por ello son acusados del delito de rebelión, es para ellos una prueba de "terrorismo judicial contra los opositores.

Con estos precedentes, la gran mayoría de los venezolanos espera que en la oposición se separen los sectores democráticos de los golpistas para que se respeten los canales institucionales, las vías democráticas y la voluntad del pueblo. La experiencia de lo vivido recomienda a los verdaderamente demócratas velar por ello aún después del acuerdo logrado en la Mesa de Negociación y Acuerdos, y sobre todo a las fuerzas que apoyan el proceso revolucionario estar alertas ante la amenaza fascista a la paz y la democracia.