El embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), señor Jorge Valero, en entrevista concedida a la televisión venezolana, ha realizado un resumen de las relaciones de su país con ese organismo. Ha sido un análisis tranquilo pero cargado de verdades.
Para los venezolanos, la OEA es tal vez el organismo de cooperación internacional más conocido. Ello es debido al protagonismo que ha cobrado desde abril de 2002 luego del golpe de estado. Por otra parte, se opinaba con insistencia sobre la Carta Democrática Interamericana que esa institución había aprobado en septiembre de 2001. Lo cierto es que luego de haberse mostrado dubitativa, en las primeras de cambio del golpe de estado, recibió un empujón por parte del Grupo de Río que se reunía en ese momento en San José de Costa Rica. Fue entonces cuando la OEA aplicó por vez primera (y única) la Carta Democrática a Venezuela, pero no al gobierno de Hugo Chávez, sino el régimen de facto que apenas duro 48 horas.
Desde ese momento, la OEA ha venido actuando, a través de su Secretario General César Gaviria, en Venezuela. Unas cinco decisiones sobre el país han reconocido la legitimidad del Presidente de la República; la supremacía de la Constitución Bolivariana de 1999, como Ley superior de la República e instrumento que debe guiar la resolución de los conflictos internos; y últimamente, en mayo de este año, mediante la facilitación de Gaviria, del Centro Carter y del Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la OEA notificó al mundo la firma de un acuerdo entre el gobierno nacional y los sectores de la oposición en la llamada Mesa de Negociación y Acuerdos.
Sin embargo, algunos voceros de la OEA, como los relatores de Derechos Humanos (el tristemente celebre Santiago Cantón, quien reconoció a un canciller de facto) y de Libertad de Expresión no han estado a la altura de su institución y han demostrado una sospechosa parcialidad. Esto se evidencia en la premura en juzgar al gobierno central sin una debida investigación de los hechos o de declarar a precipitadamente a favor de los medios de comunicación privados sin considerar que en la actualidad existe una marcada confrontación entre éstos y el gobierno nacional que más que una cuestión de información o expresión, es sencillamente una pugna política, en muchos casos subida de tono, por tanto debe verse como eso: un debate político en el cual los concesionarios y dueños de medios de comunicación están participando. Quien se incursiona en política no debe quejarse si es tratado como político.
Pero la mayor evidencia de la parcialidad de los relatores mencionados está la completa omisión que han hecho sobre el caso del desalojo de la televisora comunitaria Catia TV, en el oeste de Caracas, por parte del Alcalde Mayor, Alfredo Peña, en una actitud similar a la del Gobernador del Estado Miranda, Enrique Mendoza, quien clausuró la televisora VTV (canal 8) el 11 de abril de 2002.
Contra el cierre de Catia TV se han pronunciado diputados europeos, organizaciones de Estados Unidos, de Europa, México, la Asociación Mundial de Medios Comunitarios, catedráticos e intelectuales de varias partes del mundo, organizaciones de derechos humanos y un sin fin de solidaridades a Catia TV y condenas a Peña. Sin embargo, ni la Comisión de Derechos Humanos de la OEA ni su relator para la Libertad de Expresión han emitido opinión alguna sobre un hecho público y notorio en contra de la libertad de información, opinión y expresión cometido contra una pequeña emisora local ¿Por qué?
Hoy, cuando se discute en el país una Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión es obvio que la OEA puede hacer un aporte sustancial a través del análisis comparado de las varias leyes que existen en toda la América, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, y en situaciones como la acontecida en Catia TV, no se entiende una nueva dubitación como la del 12 de abril de 2002. América necesita un foro político a la altura del dinamismo que experimentan sus sociedades. Es fundamental que los funcionarios de la OEA lo entiendan así.
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