Luego de la ilegal aprobación de la candidatura presidencial del ex dictador y actual presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt, por parte de la Corte de Constitucionalidad, en una espuria maniobra que tuvo el valor de un "golpe de Estado técnico", las voces de protesta no se hicieron esperar. Fue así que, a partir de algunas masivas movilizaciones populares, el asunto comenzó un curso de idas y venidas judiciales.
Producto de esas medidas, la inscripción como candidato presidencial por su partido Frente Republicano Guatemalteco -FRG- (actualmente en el poder) se vio detenida, entrando el trámite en una fase de interminables manejos legales que no auguran, al menos en principio, un feliz desenlace para el obcecado dictador, que intenta por tercera vez acceder a una elección, la que se le niega justamente en virtud de una ley que prohíbe la postulación a cargos públicos de quienes quebraron el orden constitucional (Ríos Montt fue presidente por vía de un golpe de Estado durante 18 meses, entre 1982 y 1983). Ante ello su respuesta no se hizo esperar.
A una semana de haberse firmado entre los diversos partidos políticos un acuerdo de no agresión en torno a la campaña electoral recién iniciada con miras a las elecciones generales del 9 de noviembre, el FRG amenazó, sin el más mínimo empacho, con que si no se hacía lugar a la inscripción del ex general como su candidato, "no se podía responsabilizar de las respuestas que sus bases pudieran dar". La incitación a la violencia fue clara, palmaria. Y el jueves 24 se desató.
A través de una monumental orquestación de los ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) -grupos paramilitares creados durante la guerra civil que tuvieron un papel fundamental en la estrategia contrainsurgente desplegada por el Estado, y que llegaron a reclutar de forma nada voluntaria a cerca de un millón de efectivos, actualmente manipulados por el FRG- y centenares de encapuchados armados con machetes, palos, piedras y algunas armas de fuego, se tomó virtualmente la ciudad de Guatemala en una muestra de poderío y desafío a las instancias judiciales que han detenido la inscripción del ex general.
Se produjeron violentas manifestaciones frente a la Corte de Constitucionalidad, frete a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Supremo Electoral, así como la intimidación a numerosos medios de comunicación que viven denunciando los actos de corrupción y manejos dictatoriales del FRG. Las consignas de los manifestantes apuntaban a "exigir sin miramientos la inscripción de Ríos Montt para las futuras elecciones".
Inmediatamente el partido de gobierno negó todo vínculo con estos hechos.
De manera irresponsable las fuerzas de seguridad no actuaron para contener los disturbios, acatando órdenes superiores para no hacerlo. De hecho el Ministro de Gobernación y el Jefe de la Policía Nacional Civil, por una cuestión de dignidad personal, han presentado sus renuncias. Al momento se reporta un periodista muerto.
Las turbas produjeron innumerables desmanes en varios puntos de la ciudad capital, y la emprendieron igualmente contra algunos connotados empresarios, que según el gobierno, son quienes se oponen a una reelección del FRG y a la candidatura de Ríos Montt.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales repudiaron enérgicamente este atentado a la legalidad del país, que lo retrotrae a la época del terrorismo de Estado de décadas pasadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, expresó su preocupación por el "persistente deterioro del Estado de Derecho en Guatemala" y "considera que la participación de Ríos Montt como candidato presidencial es una grave amenaza a la consolidación del Estado de Derecho, a la estabilidad democrática y a la efectiva protección de los derechos humanos en Guatemala, iniciada con la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en diciembre de 1996", dijo en un comunicado.
En este momento es incierto valorar el escenario inmediato que abrirán estos hechos, pero no hay ninguna duda que el país ha entrado, de la mano del FRG y de su líder, en una fase de descomposición política muy grande que puede augurar el peor pronóstico
