La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró con lugar, hasta sentencia, la acción de amparo cautelar introducida por la Federación Médica Venezolana contra el convenio de cooperación en materia de salud firmado entre el Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas (CMDMC) y el Municipio Libertador, por supuesta violación de los derechos constitucionales a la vida y a la salud y por ilegalidad, por supuesta contravención de las disposiciones de la Ley de Ejercicio de la Medicina. Dicha medida ordena la suspensión de los efectos de las cláusulas sexta, séptima, octava y novena del Acta Convenio, mediante el cual las y los médicos cubanos prestan sus servicios a las comunidades más empobrecidas de Caracas, en el marco del Plan Integral de Salud “Barrio Adentro”. Asimismo, se ordena suspender de sus actividades a éstos(as) profesionales de la salud y sustituirles por personal venezolano, o extranjero con reválida de sus títulos en una universidad venezolana y que cumplan los requisitos que exige la ley que regula el ejercicio de la medicina. El fallo se produjo en la acción de nulidad del convenio.
¿Qué pensarán las comunidades de esta decisión?
La Federación Médica Venezolana, en opinión de su presidente opinina que la Corte en cuestión “administró justicia y nos dio la razón porque no había otra manera de ver la situación”. Sin embargo, habría que preguntarle a las gentes de las comunidades si esto es cierto. Las comunidades cada vez más activas y participativas de los barrios caraqueños suelen tener una visión de las cosas radicalmente distinta a la visión de los grupos de privilegiados.
Lamentablemente, la ausencia de democracia comunicacional e informativa en el país, impide que esas voces sean escuchadas por el colectivo nacional e internacional.
Se equivoca el presidente de la FMV al exigir a la instancia judicial que tome medidas para hacer acatar la decisión de la citada Corte ante un supuesto “rechazo” a la misma atribuido al “oficialismo”, ya que el proceso de empoderamiento de las comunidades organizadas y en general de los sectores populares -que tanto temen los grupos oligárquicos-, es la fuente más genuina de rechazo a cualquier injusticia cometida en detrimento de su dignidad y de su bienestar colectivos.
Comentamos a continuación los argumentos y posturas de la Federación Médica Venezolana y las opiniones de su presidente, el señor Natera, quien por demás es miembro prominente del partido Acción Democrática, fiel ejecutor de los lineamientos desestabilizadores de su partido, y que estuvo en el acto de usurpación del poder del dictador Carmona Estanga el 11 de abril del pasado año:
Primero. Se alega “violación de los derechos constitucionales a la vida y a la salud”. Sin embargo, el Plan obedece a la necesidad de garantizar el cumplimiento de esos derechos; ¿Por qué guardó silencio la FMV cuando el alcalde golpista Alfredo Peña suspendió arbitrariamente los servicios médicos ambulatorios para apoyar el “paro cívico” que pretendió chantajear al pueblo negándole los servicios básicos para derrocar a un gobierno legítimamente constituido?
Segundo. Se alega una supuesta “discriminación”, “porque en el país hay suficientes galenos que podían cumplir con las funciones del Convenio Barrio Adentro”. Sin embargo, ¿Dónde estaban esos(as) galenos(as) y sus gremios durante los 40 años de “democracia formal” en los cuales se deterioraron drásticamente los servicios sanitarios en el país?; ¿Dónde estaban cuando el Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas les instó reiteradamente a incorporarse al Plan?
Tercero. Se exige que “se incorporen a ese Plan -profesionales de la salud venezolanos(as)- bajo la condición de que se les asegure su integridad física, salario justo y estabilidad laboral”. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿está realmente dispuesta la FMV a auspiciar un cambio en la mentalidad clasista y racista imperante entre una considerable proporción de las y los médicos venezolanos?; ¿Estará dispuesta a auspiciar el trabajo de voluntariado o la modalidad del (de la) médico(a) de la comunidad y/o de la familia en los contextos y circunstancias existentes en el país?; en definitiva, ¿Estará en disposición la FMV de inculcar y practicar el valor de la solidaridad social?
Cuarto. Se exige dotación adecuada de insumos a los ambulatorios que existen en los barrios de Caracas. Sin embargo, ¿Qué ha hecho la FMV para coadyuvar en el rescate de los ambulatorios asumido por el Gobierno Nacional para recuperarlos del abandono y el desmantelamiento al cual fueron sometidos durante años?; ¿Por qué la FMV no denuncia al alcalde mayor Alfredo Peña por su política de desatención de los ambulatorios caraqueños con fines políticos?
Quinto. Se alega que el Convenio incurrió en “traición al gremio médico y a la patria”. Sobre semejante argumento, dejamos a la consideración de las y los lectores -y muy especialmente de las comunidades beneficiadas por la ejecución del Plan- su adecuada respuesta. La ley del ejercicio de la medicina es clara respecto a los deberes y a la ética que compromete a la comunidad médica. Una primera respuesta ya ha sido adelantada por cientos(as) de médicos(as) agremiados(as) en el Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas (CMDMC): “los verdaderos traidores son los que intentan secuestrar la esperanza de un pueblo hambriento de justicia”.
Génesis de la crisis sanitaria en Venezuela.
La profundización de la crisis de los servicios públicos de salud en el país se remonta 20 años atrás, iniciándose con el impacto negativo de la “crisis de la deuda”, cuyo estallido se ubica al inicio del gobierno de Luis Herrera Campíns (1983-84) que conllevó una creciente desviación de los recursos financieros del Estado para el pago de la deuda externa y de sus onerosos intereses, en detrimento de la inversión en servicios públicos, entre ellos el del sistema de salud pública. Posteriormente, otro impacto demoledor sobre la salud del pueblo venezolano fue la imposición del “Plan de Ajuste Estructural” de signo neoliberal iniciado por el gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989), mediante el cual se planificó el quiebre de los servicios de salud pública con el fin de prepararlos para su “inevitable” privatización.
El deterioro de los servicios de salud en el área metropolitana de Caracas obedece, a los elementos estructurales e históricos mencionados, aunados a la complicidad, irresponsabilidad y falta de ética de un gremio médico parcialmente secuestrado por el partido Acción Democrática. Pero surgen nuevos elementos que agravan la situación: la incompetencia de la Alcaldía Mayor -con la complicidad de la Federación Médica Venezolana-. Veamos: las y los concejales y miembros del Cabildo Metropolitano de Caracas solicitarán a la Asamblea Nacional que se investigue en qué se invirtieron los recursos otorgados al alcalde mayor Alfredo Peña, luego que la mayoría del Cabildo aprobó sin discutir la memoria y cuenta presentada por este funcionario. La comisión de contraloría del Cabildo advierte en su análisis financiero de la gestión de Peña que unos 160 mil millones de bolívares están sin ejecutar, por lo cual se denunciarán supuestas irregularidades ante la Comisión de Salud y de Contraloría de la Asamblea Nacional. Cabe destacar que la aprobación del mencionado documento contó con la complicidad de concejales(as) que transgredieron su obligación legal de someter a discusión una memoria y cuenta antes de su aprobación o negación.
Mientras ello ocurre en el Cabildo, el día de ayer, el alcalde del municipio Libertador exigió la cancelación de lo correspondiente al Situado Constitucional, ante la estrategia del alcalde mayor, Alfredo Peña, de represar ilegalmente dichos recursos (cerca de 21 millardos de bolívares) que por derecho le corresponden a la Alcaldía caraqueña. Gran parte de esos recursos financieros oscuramente “administrados” por el alcalde mayor servirían para solventar la crisis de la salud pública en la Gran Caracas.
Acciones del Gobierno Bolivariano.
Al momento de asumir el Gobierno Bolivariano (2 de febrero de 1999), una de sus primeras decisiones es la de afrontar el gravísimo problema de salud pública que padecía el pueblo venezolano (altos índices de morbilidad y mortalidad, proliferación de epidemias -algunas de las cuales ya habían sido erradicadas en el país-, desnutrición, estancamiento de la esperanza de vida, entre otros indicadores negativos) mediante la ejecución del Plan Bolívar 2000, llevando a través de los recursos de las Fuerzas Armadas Nacionales la atención médica directa al pueblo, recorriendo las poblaciones urbanas más segregadas y las poblaciones rurales más remotas del país. Se trataba de una emergencia social que debía ser atendida por una acción coyuntural.
Simultáneamente a la acción cívico-militar del Plan Bolívar 2000 (consistente en diagnósticos preventivos, intervenciones quirúrgicas, inmunizaciones y otros servicios médicos), el Gobierno Bolivariano creó el Fondo Único Social para financiar la ayuda social requerida por la población más necesitada, entre otras la referente a la atención a la salud, principalmente a personas de bajos recursos económicos con dificultades para acceder a la salud, subsidiando tratamientos médicos costosos, prótesis, lentes correctivos, muletas, sillas de ruedas, botas ortopédicas, medicamentos costosos, gastos de hospitalización etc.
Actualmente se avanza en el Convenio de salud con Cuba, que incluye viajes a ese país de miles de venezolanos y venezolanas para recibir atención médica gratuita y de calidad (tratamientos médicos avanzados, no contemplados por la medicina venezolana o inaccesibles para la inmensa mayoría de la población, al estar limitados a los costosísimos y algunas veces impagables servicios privados de salud). Los programas de becas para estudiar medicina en Cuba -nación que ha sido reconocida internacionalmente por su excelencia en el área- y la transferencia de conocimientos y experiencias de la medicina cubana a Venezuela forman parte de la cooperación binacional. El Plan Integral de Salud “Barrio Adentro” es una de las expresiones de dicho Convenio de cooperación.
En abril pasado el Gobierno Bolivariano puso en vigencia este Plan, e instaló en algunos barrios empobrecidos de los municipios Libertador y Sucre de Caracas centros de atención coordinados por médicos y médicas cubanos, quienes cuentan con vasta experiencia en esa modalidad de atención médica directa y preventiva en las comunidades, gracias al desarrollo de la salud pública cubana y a la cooperación dada por ese país a numerosos países del mundo para atender emergencias y/o situaciones críticas en materia sanitaria. Más de 400 de estos(as) profesionales brindan atención directa a las comunidades, junto a médicos y médicas venezolanos concientes y comprometidos(as) con la restitución de la salud en el seno del pueblo. La labor realizada transcurre las 24 horas de cada día, ya que éstas personas residen en las casas de la salud dentro de las mismas comunidades.
Esta iniciativa gubernamental se desarrolla actualmente en el Distrito Capital y en el estado Miranda, mientras que en el estado Zulia se ha iniciado el Plan en una comunidad, y se espera extenderla a todo el país, en la medida en que las y los médicos venezolanos se capaciten en la modalidad de atención médica implementada por el Plan y se incorporen nuevos contingentes. Sin embargo, quienes adversan al proceso bolivariano no escatiman esfuerzos en su resistencia a los cambios necesarios; el insistente e indiscriminado sabotaje que hacen de todas las iniciativas del Gobierno Bolivariano no se detiene en consideraciones tales como que producto de tal “estrategia”, se ocasionen severos daños a los sectores populares beneficiados con dichas iniciativas gubernamentales.
