El interés real de la oligarquía ya no puede ser ocultado

La agenda oculta de sectores de la “oposición” tras el afán de “salir del señor Chávez” queda develada en el rechazo que estos sectores han expresado respecto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un recuento histórico de los ataques perpetrados contra el texto constitucional evidencia que el problema de fondo no es “el señor Chávez” sino el marco jurídico bolivariano y su aplicación concreta.

Por iniciativa del Movimiento Bolivariano Revolucionario y demás organizaciones políticas y sociales comprometidas con el cambio social en Venezuela, fue impulsado desde el año 1992 un Proceso Constituyente, el cual fue desplegado por las calles y campos de todo el país, en un esfuerzo por incorporar información desde las bases; asimismo, fue adelantado un esfuerzo de elaboración de ideas entre los sectores intelectuales y entre una gran diversidad de organizaciones sociales. Ante ello, los sectores oligárquicos reaccionaron desatando una sistemática persecución contra quienes avanzaban la propuesta constituyente en espacios forzados a la clandestinidad.

Dicha persecución contra ciudadanos y ciudadanas que se organizaban en torno al Ideario Bolivariano de manera pacífica, participativa y protagónica, puso en evidencia una verdad incuestionable que ya se iba comprendiendo cada vez más, pero que aún no había sido asumida en toda su magnitud: en Venezuela no imperaba una democracia, sino una dictadura bipartidista y corrompida que había traicionado todas las esperanzas del pueblo desde su misma instauración, mediante el fatídico “Pacto de Punto Fijo”, el cual implicó una antidemocrática repartición del poder entre determinados partidos políticos, cuyos intereses representaron y siguen representando a los sectores oligárquicos.

Durante la campaña electoral del año 1998, la propuesta fundamental de la opción político-electoral bolivariana fue la de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, concebida como el centro de la Propuesta Bolivariana de cambio para el país. Para entonces, la oligarquía y sus partidos políticos otra vez reaccionaron con el argumento de que el país “no necesitaba” de una nueva Constitución, ya que la vigente -promulgada en 1961- la consideraban “perfecta”, y sólo había que hacerle “algunos pequeños cambios”.

Tal excusa evadió el hecho de que la tendencia contemporánea de los Estados latinoamericanos estaba orientada a la necesaria e insoslayable actualización jurídica, debido a la necesidad de incorporar los importantes avances en materia de derechos humanos, que dejan para los anales de la historia la preeminencia de la visión liberal. Asimismo, se intentó ocultar algo que ya era inocultable: el estruendoso fracaso de la tristemente célebre Comisión para la Reforma del Estado (COPRE), organismo partidocrático adeco-copeyano que tardó muchos años en producir algunas pocas innovaciones jurídicas, absolutamente insuficientes para la envergadura del verdadero cambio que requería el país.

Cuando el Presidente Hugo Chávez triunfa ampliamente en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998, lo hace impulsado por la fuerza popular constructora de cambios sociales y orienta su esfuerzo en función de dar cabida desde el Estado a esa exigencia popular. Es así como al asumir el cargo el ciudadano Presidente en febrero de 1999, su primera decisión es la de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), iniciando así una nueva fase del proceso constituyente iniciado de manera incipiente en el año 1992.

A mediados de aquel año se elige la ANC; en su seno convergen como nunca antes -en contraste radical con la modalidad del “Pacto de Punto Fijo”-, todas las fuerzas sociales del país (partidos políticos, ONG’s., organizaciones comunitarias, organizaciones de mujeres, de pueblos indígenas, obreras, cooperativistas y de pequeños y medianos empresarios, ecologistas, etc.). La ANC implicó una experiencia de participación social y política sin precedentes en la historia venezolana.

Se comenzaba a quebrar el viejo orden impuesto, signado por la exclusión social, política y económica de las mayorías y por inhumanas prácticas segregacionistas. Una vez culminada la labor de las y los constituyentistas, se sometió el proyecto de Constitución a Referendo Aprobatorio, convirtiéndose en la “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, que es la primera refrendada por el pueblo soberano en Venezuela y en este Continente.

Una vez más, la reacción de la oligarquía consistió en defender “sus intereses” desde dentro de la ANC, que asumieron como un mal menor, ante la posibilidad de quedar fuera de esa instancia. Sin embargo, aún habiendo participado en igualdad de condiciones con el resto de las y los constituyentistas, enfilaron todos sus esfuerzos en promover el NO en dicho Referendo, opción electoral que resultó también contundentemente aplastada por la voluntad popular.

Algunas de las terribles “profecías catastrofistas” anunciadas por la oligarquía y sus partidos y gremios, se referían a la supuesta desintegración territorial de Venezuela “porque Chávez le va a dar la independencia a los indios para que creen sus propias repúblicas”; o del fin de la democracia “porque Chávez quiere llevar a Venezuela al comunismo y al fundamentalismo islámico”; e incluso del presunto fin de la propiedad privada “porque Chávez va a mandar a que les quiten sus casas, y sus tierras, y sus joyas a la ‘gente decente y trabajadora de este país’, que ‘con tanto esfuerzo se los han ganado’, para dárselos a los pobres”; en fin ..., cualquier invento, por insólito y retrógrado que fuera, les resultó “válido” para emprender una brutal guerra sucia contra el legítimo proyecto constitucional, amparándose para ello en sus medios de información masivos y en los miedos históricos (basados en el egoísmo y en la ignorancia) de algunos sectores de la población, principalmente de las “clases medias”.

Una vez aprobada la nueva Constitución la oligarquía procedió a “tejer los hilos” para evitar que se aplicara y que se avanzara en la elaboración de las leyes que iban a desplegar en concreto los mandatos constitucionales. Es así como se oponen tenazmente a las Leyes Habilitantes, principalmente a la Ley de Tierras y a la Ley de Pesca, así como también a otras leyes elaboradas en la instancia legislativa, tales como la Ley de Seguridad Social y la Ley de Hidrocarburos, entre otras. Este desarrollo e implementación de leyes es visto, por los sectores que históricamente han expoliado al país, como un escollo para sus apetencias de seguir enriqueciéndose mediante la “apropiación de los recursos del Estado”, que por definición son los recursos de todo el pueblo venezolano.

El Proceso Bolivariano propugna desterrar la privatización del Estado y acabar con las diversas formas de exclusión social. Ello no es aceptado por la oligarquía; de ahí su oposición al Ideario Bolivariano, al orden constitucional y a la creciente organización del pueblo en defensa de sus necesidades y proyectos más vitales. “Salir de Chávez” no es más que un discurso tramposo que pretende ocultar un interés de fondo.

Estos son los intereses que persigue la oligarquía:

Erradicar el Ideario Bolivariano, y volver a un pasado en el cual Simón Bolívar fue endiosado como una figura “heroica” a la vez que se vaciaba de significado su condición humana, así como su pensamiento libertario y profundamente anti-imperialista; Simón Rodríguez, pensador insigne de la República, precursor de ideas propias, surgidas de estas tierras, para la emancipación del ser humano, fue reducido a la simple condición de “maestro de Bolívar”, y Ezequiel Zamora, guerrero defensor del campesinado y del federalismo auténtico, bajo el grito de “Tierras y hombres libres”, simplemente no existió nunca para la “Historia Oficial” del puntofijismo.

Erradicar la Constitución de 1999, que reconoce los poderes creadores del pueblo y le da las herramientas para su Emancipación, a la vez que sienta las bases del desarrollo económico y social en el marco de una República soberana e independiente, abierta a la cooperación internacional y a la integración igualitaria con otros países hermanos.

El proyecto de país basado en equilibrios políticos, económicos, sociales, territoriales e internacionales de la República ha encarnado popularmente como proceso social irreversible, y es ese el verdadero “dolor de cabeza” de la oligarquía criolla y de sus aliados internacionales.


Con el propósito de hacer efectivos los principios y disposiciones de la Constitución Bolivariana de Venezuela, el Gobierno Bolivariano materializa en obras el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social en sus cinco eje de Equilibrio.

El objetivo es impulsar el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano mediante la aplicación integral de los derechos garantizados constitucionalmente y el desarrollo de los objetivos del proyecto político nacional, instaurando un Estado de Derecho y de Justicia basado en el ejercicio de ciudadanía responsable, participativa y protagónica.