Apuntando hacia la rectificación en varias áreas sensibles de la sociedad venezolana, se han instrumentado un plan de abastecimiento, como nuevas iniciativas en la seguridad ciudadana, materias pendientes en la gestión del gobierno bolivariano. Causas objetivas y subjetivas han generado desabastecimiento, en productos de la canasta básica, afectando a los consumidores.

Como un hecho objetivo es la escasez de los productos lácteos, es el alto precio internacional de la leche, producto de la alta demanda de este rubro a nivel internacional, la necesidad de revisar algunos costos de producción, para nivelar los precios en el mercado, como la ganadería, la producción de aves y huevos, el café, legumbres, hortalizas y otros productos de la agricultura.

Hechos subjetivos que han incidido en el mercado alimentario, son la especulación, el acaparamiento de mercaderías, el contrabando hacía Colombia, la manipulación de las cadenas de distribución privada, con un claro objetivo de crear malestar en la población, como elevar los índices inflacionarios de Venezuela.

La actitud de las grandes empresas privadas de alimentos, están enmarcadas en una actitud opositora política, refrendada en la actitud de la organización empresarial FEDECAMARAS, que jugo un papel en el golpe de estado, como en el paro empresarial en 2002. La misma actitud política ante la propuesta de Reforma Constitucional, con amenazas de desestabilizar el país si ganaba esta propuesta, ha caracterizado a este gremio, enmarcado en un plan dirigido a desabastecer al país, para crear un descontento en la población.

La nueva iniciativa del presidente Chávez, de crear mecanismos de distribución, la compra de rubros deficitarios en el exterior, controlar los precios, evitar el contrabando, apoyar a los productores nacionales, revisión de costos de producción, como garantizar la existencia de mercadería en lo lugares de venta. La concretización de este nuevo plan, necesita el concurso de las instituciones, para realizar un seguimiento a la venta de alimentos, evitar la especulación, el desvió de los mismo a redes paralelas, el sobre precio, como su desvío hacia Colombia.

Otro mecanismo oportuno para fiscalizar el cumplimiento de la iniciativa gubernamental, son la redes sociales, los consumidores, ellos deben alertar y denunciar las irregularidades, apoyar a los entes involucrados, para lograr estabilizar el mercado interno en productos alimentarios.

La seguridad ciudadana y la lucha contra violencia delictiva, son factores prioritarios en la sociedad venezolana.

Los altos índices de inseguridad en la sociedad, ameritan la necesidad de una acción policial integral, entre las policías municipales, la Guardia Nacional, policía judicial y cuerpos de seguridad DISIP. La decisión del gobierno bolivariano, de enfrentar decididamente a las bandas de criminales, la depuración de los cuerpos de seguridad, de elementos vinculados a la delincuencia, como la presencia de para militares colombianos, son de extrema prioridad, para los ciudadanos venezolanos que sufren el azote de una violencia desbordada.

La presencia de constantes controles en amplios sectores de Caracas, como en la distas regiones del país, van marcando un importante cambio, no solo en la acción directa sobre las bandas de criminales, sino en la necesidad de crear un método preventivo, de organizar redes de inteligencia entre los cuerpos de seguridad y la población.

Los barrios de Caracas creados en más de 6 décadas de marginalidad, han conformado bastiones inexpugnables para la acción policial, millones de venezolanos, viven en cerros, con accesos intrincados, callejones, vías imposibles de transitar en vehículos, con insuficientes alumbrados. En estos lugares conviven los habitantes, con bandas de maleantes, narcotraficantes, elementos desclasados, que amedrentan a la población, donde la ley es del más fuerte.

Para lograr un plan efectivo de seguridad en estos barrios, es imprescindible la participación ciudadana, ellos conocen a estos elementos anti sociales, conocen sus guaridas, los centros de distribución de estupefacientes, con su información y su apoyo, se podría concretar un plan cívico-policial, capaz de implementar el plan de seguridad ciudadana.

El gobierno bolivariano ha tomado iniciativa de priorizar en el 2008 las demandas urgentes de la sociedad venezolana.

Las últimas intervenciones del mandatario venezolano, hacen hincapié en priorizar las “áreas mas sensibles de la sociedad”, enfocan claramente que el gobierno avanzo en un proceso vertiginoso, con nuevas iniciativas. Pero se fueron postergando muchas necesidades, se debe disminuir el ritmo, para dedicarse a resolver el abastecimiento, la seguridad personal, la salud, la educación, la infraestructura y las redes viales.

La necesidad de crear una administración eficiente, de gobernaciones y alcaldías comprometidas con su trabajo ciudadano, también deben ser una prioridad impostergable, también en estas áreas, se debe ejercer una eficaz contraloría, en un trabajo de la fiscalía. Porque sobre estas estructuras gubernamentales, se asientan los planes de un cambio en la sociedad, ellos deben ejecutar y garantizar que la nuevas iniciativas, no queden en una propuesta, estos funcionarios deben postergar sus ambiciones políticas, sus posturas grupales o sectarístas, porque forman parte de un solo gobierno, cada error u omisión repercute en la acción del gobierno venezolano.

La rectificación para avanzar en el cambio, no solo puede estar sustentada en el presidente Chávez, en una responsabilidad de todas las estructuras del gobierno nacional, regional y comunal. Se pueden identificar los errores, se pueden trazar los objetivos para avanzar en los cambios, pero si no hay ejecución de las mismas, sino hay un compromiso político, con los valores de la nueva sociedad, no podremos enfrentar los nuevos desafíos.

Los avances importantes en estos nueve años de proceso bolivariano, en el área política, en la estabilidad y desarrollo económico, en áreas de salud social en los barrios, en éxitos educacionales en la erradicación del analfabetismo, en nuevas centros de estudios y universidades, como misiones de educación, en la elevación de salarios y en la creación de empleos, como la seguridad social y pensiones, entre otros logros. Son una demostración tangible, que con voluntad política y compromiso político, asumiendo las instituciones un compromiso de servidores públicos, con una contraloría y fiscalía, haciendo su trabajo de control y lucha contra la corrupción, se puede avanzar y hasta erradicar las deficiencias, para construir un modelo de sociedad sustentable.

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