Tal como lo propugna el Gobierno Nacional desde el Proceso Constituyente, así como desde la Mesa de Negociación y Acuerdos facilitada por la OEA y el Centro Carter -tras el intento de una coalición de civiles y militares para derrocarlo a través de un Golpe de Estado-, la nueva Institucionalidad constitucional y democrática impone: El pueblo, gracias a la figura del Referendo Revocatorio -instrumento de participación política “Bolivariano”-, podrá decidir por la vía electoral y pacífica, la continuidad o revocación de más de 40 cargos públicos, que abarcan desde el Presidente de la República, hasta gobernadores (as), alcaldes (as) y diputados (as) a la Asamblea Nacional.
Sin embargo, la nueva institucionalidad debe enfrentar todavía algunos obstáculos, pues siguen activas las tendencias golpistas-terroristas y anti-institucionales que buscan preparar escenarios de inestabilidad política para frenar los procesos de cambio que vive Venezuela:
· A través de los medios privados de difusión masiva se observa la tendencia creciente a desacreditar al Consejo Nacional Electoral (CNE) como ente confiable. Esta estrategia pareciera responder al gran apoyo popular que mantiene el presidente Hugo Chávez. Se prepara el camino desde ya, para convertir ante la opinión pública el fracaso de la vía electoral para revocarlo, en un supuesto “fraude”, del que, por supuesto, responsabilizarían al Poder Ejecutivo, para así tratar de continuar generando un clima de inestabilidad política que obstaculice la gestión gubernamental. No puede olvidarse que los actuales opositores NO han aceptado la voluntad de las mayorías, expresada en 7 elecciones que han legitimado al actual gobierno. ¿Estarán dispuestos ahora a respetarla si resultan derrotados?
· Mientras la oposición usa a los medios para tratar de desacreditar al CNE, paralelamente mantiene un discurso de “apoyo” a la figura del referendo revocatorio. La contradicción entre el discurso “de respeto a los canales democráticos” y la práctica de la coalición opositora, se devela al preferir acudir a irregularidades en la entrega de los recaudos para solicitar el revocatorio presidencial, lo cual ameritó la suspensión de dos funcionarias del CNE que estuvieron involucradas y hace más urgente todavía la necesidad de depurar internamente a un organismo corrompido durante años.
· La estrategia contra la institucionalidad del Estado incluye también fortalecer a los Medios, principales ejecutores de la misma. A pesar de que ya se ha hecho evidente la campaña mediática para descalificar nacional y internacionalmente al Presidente Hugo Chávez, los dueños de la radio y la televisión privados, agrupados en la Asociación Internacional de Radiodifusión (A.I.R) -cuyo presidente ha sido el venezolano Eladio Lárez (RCTV) desde 2001- en su próxima asamblea general se dedicará a continuar la estrategia comunicacional que intentará demostrar que en Venezuela “se viola la libertad de expresión y de prensa”, tal como se anuncia hoy en El Nacional.
· Mientras esta estrategia avanza, continúan actuando las tendencias golpistas. Rhona Ottolina (a quien un Tribunal le prohibió la salida del país), aparece involucrada en un ataque terrorista contra la Guardia de Honor del Presidente de la República, sólo días antes que el CNE estableciera el reglamento para la realización de los referendos para revocar los mandatos obtenidos por elección popular. De acuerdo a versiones divulgadas por el diario Vea, en dicho atentado contra el Jefe del Estado, supuestamente participaron también Gustavo Cisneros (dueño del canal de TV Venevisión), Monseñor Baltazar Porras (presidente e la Conferencia Episcopal Venezolana), y los militares conjurados para el golpe de Estado de abril de 2002, Medina Gómez, Carratú Molina y González González.
En todo este contexto, se continúa fracturando la oposición. Además de la separación de Acción Democrática y de Henrique Salas Feo, de la Coordinadora Democrática y de su actual líder, Enrique Mendoza, ahora Edgar Quijano (Unapetrol), en declaraciones publicadas ayer miércoles por el diario vespertino El Mundo, catalogó de “malagradecidos” a los políticos de la oposición por su “apático” apoyo a los ex trabajadores de PDVSA que fueron despedidos por su participación en el sabotaje a la industria petrolera, organizado en el marco del paro nacional convocado por la coalición opositora en diciembre pasado, para obligar por vías no constitucionales la “renuncia” del Presidente legal y legítimamente electo por la mayoría. Estos ex petroleros actualmente se hallan en calidad de invasores de propiedades del Estado, usufructuándolas ilegalmente.
La nueva institucionalidad que se está creando Venezuela, a través de la cual se expresa la soberanía popular, enfrenta aún el reto de superar un poder mediático que día a día es utilizado para debilitarla con el objetivo de abrir camino a quienes pretenden frenar los cambios en las estructuras y relaciones de poder en el país y América Latina.
