Así titulan las agencias de noticias del mundo al referirse a los recientes conflictos entre campesinos y obreros con el gobierno de González Sánchez Losada. La primera fue el paro de la Federación de Trabajadores Campesinos en febrero que fue atacada por la policía y el ejército dejando un saldo de unas 30 personas muertas. En ninguno de estos casos hubo pronunciamientos ni mucho menos la presencia de la OEA ni las organizaciones internacionales de Derechos Humanos ni de los funcionarios del Departamento de Estado. Esta conducta lleva a varias interrogantes ¿Por qué el caso boliviano no preocupa a esos organismos? ¿Será por qué el Presidente de ese país, es un fiel ejecutor de los postulados neoliberales?
Bolivia ha sido obligada por sus gobiernos a aplicar política privatizadoras desde principio de 1990. Todos los servicios, hasta el del agua fueron traspasados al sector privado internacional. Ahora se pretende entregar el gas natural a las empresas transnacionales sin pensar en el desarrollo del país. En las últimas elecciones, ante el avance del dirigente indígena Evo Morales, la embajada de Estados Unidos intervino directamente en la campaña electoral y advirtió que si Evo resultaba electo sería una amenaza para su país. Morales quedo de segundo, pero el movimiento campesino e indígena siguió creciendo.
Esta semana, la Confederación de Trabajadores de Bolivia, reconocida como la mejor organizada de América, ha llamado a una huelga general indefinida a la que día a día se suman sectores varios de la economía y recibe el respaldo de varias organizaciones políticas. El gobierno minimiza la huelga, haciendo referencia sólo a los llanos centrales (Santa Cruz de la Sierra, la zona más pujante del país).
El gobierno del Presidente Sánchez Lozada, como mínimo deberá echar para atrás la medida de exportación de gas por Chile, un asunto que irrita a los bolivianos a los que perdieron su salida al mar tras la guerra con el país austral en 1883.
Pero el conflicto interno boliviano lo encabeza una población con 70 % de indígenas y campesinos, llevada por el neoliberalismo a una pobreza crítica. Es la movilización real del pueblo que no requiere de radio, televisión o prensa escrita para expresarse y lograr la conquista de sus derechos. Los indígenas han denominado el conflicto como una “guerra civil”. Nadie desea estos extremos, pero lo cierto es que es una guerra contra las reformas estructurales impuestas por el Consenso de Washington. Una guerra que libra gran parte de la humanidad y que está dando victorias a pulso como la de Cancún 2003.
Lo que sucede en Bolivia hoy, no son trancas matutinas de autopistas con imágenes de TV o marchas en circuito con grandes banderas y apoyo logístico. Allá son las mayorías históricamente relegadas que alzan su voz las 24 horas del día. Como pasó en Venezuela en 1989, y el 13 de abril de 2002, en Ecuador y Argentina en el 2001. Es la gente buscando alternativas posibles.
