Todo sistema democrático debe implementar las medidas necesarias para que se imponga la Justicia, para resarcir los daños provocados a la colectividad y al interés nacional por elementos perturbadores y criminales, y para evitar la reincidencia de tales daños, combatiendo los factores que los generan.

Bajo tales premisas y esgrimiendo las consignas “Ni olvido ni perdón...”, “¡Juicio y Cárcel a los Golpistas!”, “¡No a la impunidad!”, diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales de la Gran Caracas se manifiestan hoy 26 de noviembre contra la impunidad, mal social históricamente imperante en el sistema de Justicia venezolano, que salvo notables excepciones, está sumido en complicidades, omisiones y negligencias, puestas al servicio de intereses particulares, vicios que desdicen de su apego a la Constitución y las leyes de la República y a sus fundamentos éticos y de sensibilidad social.

En tal sentido, se inicia un Plan de Campaña, Movilización y Articulación contra la Impunidad de los Golpistas, que es invisibilizado por los medios privados de difusión. Para contribuir con el equilibrio informativo, a continuación se exponen los Motivos de una Campaña Justiciera de amplio enfoque, que busca recabar pruebas y consignarlas ante las instancias competentes:

Entre las iniciativas impulsadas, se exige a los organismos competentes acciones expeditas y contundentes, en cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que les confiere e impone la Constitución, frente a la impunidad de los autores y responsables del Golpe de Estado del 11 de Abril de 2002 y de los crímenes, delitos y violaciones subsiguientes; del paro-sabotaje petrolero y económico iniciado el 2/12/02, que afectó gravemente la economía y privó al pueblo de servicios públicos, incluyendo los servicios sanitarios, educativos y de transporte. Asimismo, cabe destacar otros delitos como los asesinatos de líderes campesinos, el desabastecimiento de bienes de consumo básicos, los llamados a la rebelión, insurrección y desobediencia civil, la incitación a cometer delitos fiscales, a la violación de la soberanía y la comisión de delitos electorales.

La manifestación contra la Impunidad de los Golpistas, hace su recorrido por calles y avenidas de Caracas y, finalmente, se dirige a los despachos de las instancias públicas con competencia en materia de impunidad -Defensoría del Pueblo (DP), Fiscalía General de la República (FGR), Asamblea Nacional (AN), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Procuradora General de la República (PGR) y Contraloría General de la República (CGR)-, a los fines de consignar un documento jurídico en el cual se expresan las inquietudes de millones de venezolanos y venezolanas ante la impunidad, que atenta contra el sistema democrático y la calidad de vida de la población.

Las organizaciones participantes, junto a ciudadanos y ciudadanas defensores de los derechos constitucionales, humanos y democráticos otorgados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asumen el rol participativo y protagónico, generando protestas y propuestas ante la persistencia de las diferentes formas de impunidad institucionalizadas en el país. Se involucran en un proceso fundacional y constituyente, conformando un Comité Asambleario Nacional Contra la Impunidad y por la Defensa del Proceso Revolucionario, cuyo accionar será de ámbito nacional, disponiendo de Comités Regionales, integrados por equipos de juristas, las comunidades y el sector obrero, cuyos objetivos serán los siguientes:

· ejercer la contraloría social para difundir y contribuir a garantizar los derechos ciudadanos de ser informados de las acciones de gobierno;
· hacer solicitudes del desarrollo de las investigaciones y el seguimiento de los casos denunciados;
· participar en la planeación, ejecución, control y evaluación de los programas y a la petición de los mismos;
· contribuir a prevenir irregularidades, actos de corrupción y subutilización de recursos;
· fomentar la comunicación y corresponsabilidad entre el gobierno y la ciudadanía;
· propiciar la rendición de cuentas claras y contribuir a elevar la confianza y la credibilidad en el gobierno.
· hacer planes de movilizaciones, concentraciones, campañas y medios contra la Impunidad.

Entre las primeras iniciativas emprendidas está la solicitud ante el Fiscal General de la República de enjuiciamiento de los gobernadores involucrados en el Golpe de Estado, quienes al amparo de la impunidad, siguen realizando acciones desestabilizadoras. Los delitos de los cuales se les acusa son: Agavillamiento, vilipendio contra el Presidente, conspiración, instigación a delinquir, apología del delito, peculado doloso, peculado de uso.

En un documento elaborado por el Comité Asambleario Nacional Contra la Impunidad y por la Defensa del Proceso Revolucionario el 15 de noviembre del corriente, se destacan los siguientes aspectos:

· Apoyar las actividades referidas al revocatorio de los/as Diputados/as Golpistas.
· Promover el impulso de la Constituyente Petrolera.
· Proponer ante la AN un Proyecto de Ley de las Contralorías Sociales.
· Difundir los documentos contra la impunidad.
· Repudiar el exagerado aumento de sueldo que se asignaron los diputados y diputadas de la AN.

Entre las Resoluciones acordadas se destacan:

· Repudiar a los medios privados de difusión masiva promotores del golpismo, esta vez dirigido al intento de fraude que se pretende hacer durante el “reafirmazo” de la oposición y, ante el fracaso esperado, impulsar el plan B, centrado en la intervención extranjera.
· Repudiar el intervensionismo del gobierno de Estados Unidos de (Norte) América en Venezuela.
· Repudiar el Plan Colombia y sus implicaciones en Venezuela: el arribo permanente y eventualmente masivo de personas desplazadas de procedencia colombiana y los asesinatos de dirigentes campesinos venezolanos en la zona fronteriza.
· Expresar solidaridad con las víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y del paro insurreccional y sabotaje económico-petrolero de diciembre-enero.
· Exigir medidas y promover la contraloría social ante la corrupción en las instituciones de la Administración Pública Nacional, Regional y Municipal, que distorsiona y corroe las bases del proceso revolucionario bolivariano.
· Promover la Alerta Activa ante la continuidad de los planes fascistas que se expresan en las acciones conspirativas contra las instalaciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), embajadas, cierre de empresas, saboteo bancario, especulación y desabastecimiento de productos alimenticios.
· Saludar al Ejecutivo Nacional por su decisión a cumplir con las indemnizaciones a los/as familiares de las víctimas asesinadas en febrero de 1989, durante la rebelión popular contra las medidas neoliberales del gobierno genocida de Carlos A. Pérez.
· Dirigir comunicaciones al Presidente Hugo Chávez, a Alí Rodríguez, presidente de Pdvsa y al ministro de Energía y Minas con el objeto de solicitarles una jornada de información al Pueblo de Venezuela, accionista primario de la industria petrolera, sobre el Plan de Negocios de Pdvsa 2004-2009, debido a la críticas expuestas por parte de compatriotas de larga trayectoria en el campo de la lucha social y demostrada lealtad y compromiso con el proceso de cambios necesarios en el país.

La pertinencia de estas iniciativas populares obedece a que no se ha hecho justicia en relación con los hechos mencionados, que rompieron el hilo constitucional en el año 2002, ocasionaron gravísimas violaciones de los derechos humanos y democráticos y afectaron profundamente al patrimonio nacional. Estas son las evidencias de la impunidad:

· las investigaciones y acciones judiciales referidas a los autores e involucrados en los delitos relacionados con el mencionado Golpe de Estado y con el Gobierno de Facto instaurado al día siguiente como consecuencia del mismo, no han arrojado hasta ahora ningún resultado satisfactorio que permita concluir que se haya hecho justicia.
· la cuestionada sentencia del TSJ del 14 de agosto de 2002, pese al exabrupto de negar el enjuiciamiento de los altos oficiales militares que públicamente encabezaron los hechos señalados, no los exime de responsabilidades penales, administrativas, civiles y militares, y sin embargo, siguen conspirando contra la democracia, la paz y la integridad física y moral del colectivo nacional, amparados en un sistema de Justicia incapaz de dictaminar las necesarias medidas cautelares, los juicios y las inhabilitaciones políticas a que haya lugar.
· durante los días 11, 12, 13 y 14 de abril de 2002, las acciones conspirativas y golpistas trajeron como consecuencia asesinatos, allanamientos y detenciones arbitrarias, delitos de lesa humanidad, gravísimas irregularidades en el uso de recursos de gobernaciones y alcaldías y en la movilización de fuerzas policiales.
· los autores e involucrados en el paro-sabotaje petrolero y el llamado “Paro Cívico”, con el objetivo de forzar la salida abrupta y anticonstitucional del gobierno del presidente Hugo Chávez, tampoco han sido enjuiciados ni sujetos a sanciones judiciales, a pesar de la flagrante violación de la Constitución y de las leyes de la República, y a pesar de los inmensos daños causados a la población y al patrimonio nacional, valorados en miles de millones de dólares.
· Se trata de hechos de conocimiento público y general, en los que se vieron involucrados militares sediciosos, dirigentes políticos, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, altos dirigentes empresariales (Fedecámaras) y sindicales (CTV), propietarios y altos ejecutivos de medios masivos de difusión, jerarcas eclesiásticos y directivos de organizaciones no gubernamentales, vinculados con la oposición al Gobierno Constitucional.
· las instituciones cuyas atribuciones constitucionales les obligan a velar por los derechos democráticos y humanos e impartir justicia, no están informando sobre el estado de las investigaciones o procesos judiciales referidos a los sucesos mencionados.

Más allá de los aspectos estrictamente judiciales, a aquellos circunscritos a las demás instituciones del sector público, o al quehacer de los ciudadanos y ciudadanas comunes, en cualquier caso vinculados a la conspiración golpista, existen otras expresiones de la impunidad, propias del sector privado.

La Impunidad Patronal, que impulsa paros ilegales de carácter insurreccional, fuga masiva de capitales, viola los derechos laborales -inamovilidad laboral, reenganches-, y cierra fraudulentamente empresas para generar desocupación artificial, constituye una vieja práctica, reactualizada ahora con fines desestabilizadores. Asimismo, la Impunidad Mediática recurre a la desinformación, mediante la propaganda y la mentira, y a la inversión de valores, mediante programaciones dirigidas a la desestabilización y a incrementar los niveles de violencia social y política; la beligerancia política de los medios ha exacerbado la polarización sociopolítica del país, generando fobias sociales mediante la criminalización y la estigmatización de amplios sectores políticos y sociales. Por otra parte, la Impunidad Eclesiástica, en flagrante transgresión de su razón de ser, utiliza las actividades de culto para hacer proselitismo político e inculcar emociones negativas, tales como el miedo y el odio contra quienes son erróneamente percibidos como “adversarios políticos” de la Iglesia Católica, por el hecho de no respaldar los escandalosos privilegios ostentados históricamente por las cúpulas de esa institución religiosa.

En definitiva, la exigencia ineludible del pueblo a las autoridades competentes es la administración eficiente, imparcial e integral de Justicia, como corresponde a los principios, valores y normas del Estado de Derecho y de Justicia contemplado en la Constitución y las leyes de la República. En tal sentido, es necesario que:

· se mantenga informado al público sobre el avance de las investigaciones y se otorgue celeridad a las mismas.
· se proceda a presentar las respectivas acusaciones.
· se de respuesta oportuna a las denuncias de hechos delictivos, algunos de los cuales fueron y siguen siendo públicos y notorios y de carácter reincidente.
· se proceda a abrir las causas judiciales contra los elementos implicados en la conspiración contra el sistema democrático.
· se habilite un tribunal especial por parte del TSJ y una comisión de fiscales del Ministerio Público que se avoquen a estos casos.

Para lograr el objetivo planteado es preciso situar a la Justicia más allá de sus formas institucionales, imbricándola con la Libertad. Cuando el pueblo venezolano exige Justicia, en el fondo de esa exigencia se haya la conciencia libertaria del colectivo, históricamente expresada en las luchas contra la Opresión, la Explotación y la Exclusión, por la Justicia Social y la Igualdad.

Una democracia incapaz de administrar Justicia con celeridad e imparcialidad, incapaz de afrontar los abusos, corruptelas, delitos, crímenes, fraudes, genocidios y traiciones cometidos a diario por los poderosos, es tan sólo una falsa democracia, puesta al servicio de las oligarquías.

La movilización contra la Impunidad de este 26 de noviembre es expresión de la participación y el protagonismo popular, escenario propicio para la articulación de esfuerzos por la instauración de una nueva institucionalidad en la Justicia; pero además es una invitación a quienes se resisten con violencia a los cambios legítimos y necesarios impulsados por el Gobierno Nacional con amplio apoyo popular, para que respeten las normas de la Democracia, aceptando sus responsabilidades, deslindándose definitivamente de los sectores fascistas y golpistas y denunciándoles públicamente. Sólo así podrán construir una auténtica oposición política, necesaria para el funcionamiento del sistema democrático y merecida por el pueblo venezolano, que desplace a los sectores que hasta ahora han impuesto por la vía del chantaje y el dinero su peso preponderante en la agenda de una pretendida “oposición” de naturaleza conspirativa, antidemocrática y antinacional.