Análisis de Noticias/ 9 de Octubre de 2002

En los titulares de algunos periódicos se da como un "hecho"
la "renuncia" del presidente constitucional de la República Hugo
Chávez Frías después de la marcha de mañana, dejando ver una clara
posición sesgada y golpista que, sin embargo, no es compartida ni
respaldada por una gran parte del país.

En estos medios sólo se observa una versión parcializada de la
realidad: quieren hacer creer que una marcha justifica el "carácter
democrático" -eso sí, con la intervención forzosa e ilegítima de la
FAN- de una supuesta y esperada por ellos "renuncia" de un Presidente
que goza de legitimidad, aunque ellos se han encargado de ocultarla y
censurarla.

La convocatoria a un paro nacional y a esta marcha, cuyo único
objetivo, de acuerdo a los titulares de la prensa de hoy y las
continuas declaraciones públicas de sus organizadores, es nuevamente
forzar la "renuncia" del Presidente, rompiendo así el hilo
constitucional, ha sido rechazada categóricamente por la mayoría de
los representantes sindicalistas del sector petrolero, eléctrico,
salud, transporte, mineral, textil, y empleados públicos, por
considerar que tales iniciativas responden realmente a intereses
conspirativos, y constituyen una incitación para un nuevo golpe de
Estado, en lugar de buscar alternativas concretas para solucionar los
problemas del país por la vía democrática.

Igual rechazo han manifestado organizaciones populares, de mujeres,
estudiantiles, de trabajadores, sectores productivos y de militares
en condición de retiro.

Sin embargo, los medios construyen y reflejan un panorama diferente,
orientado por las antidemocráticas declaraciones de cuestionados
personajes políticos como Luis Miquilena: "Cuando lleguemos al punto
de ebullición Chávez renunciará" (El Nacional); Andrés
Velásquez: "Contundencia de la marcha obligará a renunciar al
presidente y sino tendrá que salir a la fuerza" (2001); Rafael
Poleo "Los militares dirán su palabra" (El Nuevo País).

Esta diferencia entre el sentir de una gran mayoría de los
venezolanos y lo que se refleja en la prensa de hoy, sólo demuestra
que desde algunos medios de difusión se está propiciando un escenario
similar al del pasado 11 de abril, cuando estos mismos sectores que
llaman a la marcha y hoy aparecen en la primera página de los
diarios, utilizaron la desesperación sembrada deliberadamente en un
conjunto de venezolanos, que no llegaban a representar a la mayoría
del país, pero que marcharon a manifestar su descontento (y luego
algunos de ellos tuvieron que morir expuestos en una emboscada), para
justificar la intervención de algunos sectores minoritarios de la
Fuerza Armada para dar un golpe de Estado, desconocer la vigente
Constitución, disolver los poderes públicos e imponer a dedo a todos
los venezolanos un presidente en forma fascista, dictatorial e
inconstitucional.

Llama la atención que deliberadamente - ya que sería demasiada
casualidad- El Nuevo País repita hoy el mismo titular que utilizó el
día anterior a la marcha del pasado 11 de abril de 2002: hoy dice
Rafael Poleo "Los militares dirán su palabra", y el 10 de abril
decía: "Los militares tienen la palabra". Así desde los medios se
instiga a la FAN a actuar una vez más de forma inconstitucional.

Mientras la mayoría de los venezolanos realmente quiere paz y
democracia, a través de estos medios se leen y escuchan continuos
llamados de algunos sectores opositores para que la Fuerza Armada
intervenga, en "extraña" coincidencia de objetivos entre medios de
difusión y sectores golpistas. De nuevo el golpe es mediático.

Graves denuncias como la realizada por el inspector general del
Ejército, Gral. Melvin López Hidalgo, según la cual "grupos armados
se infiltrarían en la marcha opositora que se realizará mañana, con
el propósito de disparar contra los funcionarios de la Guardia
Nacional, provocar su reacción y, en definitiva, crear un caos de
consecuencias impredecibles", son minimizadas por los mismos medios.

Ante constantes rumores de golpe y llamados explícitos a la
intervención de la FAN, en estos medios extrañamente no se habla
sobre la existencia de una Constitución Nacional aprobada y
legitimada mayoritariamente por el pueblo en 1999, en la cual se
establecen los auténticos caminos democráticos para la confrontación
política y los mecanismos para que legítimamente se exprese la
soberanía popular.