Un nuevo debate se ha instalado en la realidad política venezolana, con la promulgación de 26 leyes, al final del proceso habilitante, donde se cumplieron con todos los requisitos, tanto de envío al Tribunal Supremo Justicia (TSJ), así como la presentación en Consejo de Ministros. El Vicepresidente de la República, Ramón Carrizales, informo que "estas leyes promulgadas están apegadas a la Constitución", a lo que agrego que “el Jefe de Estado sí está facultado para dictar leyes orgánicas, cumpliendo el requerimiento de enviarlas a la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La oposición refuta la legalidad de las leyes, aduciendo que muchas de ellas son similares a las presentadas en la reforma constitucional, vuelve a plantear la ilegitimidad del gobierno del presidente Chávez. Al manifestar que intenta legalizar “un golpe de estado”, argumentos similares a los planteados en el referéndum de diciembre del 2007. La falta de argumentos políticos de la oposición, las continuas campañas de mentiras, como las que usaron en diciembre, sobre la desaparición de la propiedad privada o que se quitaría la patria potestad a los padres venezolanos, son parte de una continua campaña sucia.

Un proceso apegado a la legalidad

El tratamiento de un decreto con rango, valor y fuerza de ley, al cual el Presidente de la República le confiere carácter orgánico, deberá remitirse antes de su publicación en la Gaceta Oficial a la sala Constitucional del TSJ a los fines que ésta se pronuncie sobre la constitucionalidad de tal carácter, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución de la República.

De esa manera la actual promulgación de estas 26 leyes cumple los requisitos constitucionales, así como las 67 leyes que se han emitido durante este lapso, (como el decreto que promulgó la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia y el decreto que la derogó). El Vicepresidente venezolano, indicó que “en 2007 se publicaron 20 leyes, muchas de éstas a la espera de la propuesta de reforma constitucional, que al no darse se tuvieron que reformular las legislaciones de manera que se mantuvieran dentro del texto constitucional vigente”.



En su columna el periodista José Vicente Rangel se refiere a la Ley Habilitante

Nos pareció interesante tomar alguna de sus reflexiones, en las que manifestó por ejemplo: “Estuve tentado a titular este artículo de manera distinta, por ejemplo, "Ley y revolución", pero me pareció desmesurado. La revolución es un proceso que se da en el tiempo y atraviesa por diversos momentos”.

Aseveró Rangel “En Venezuela en mi punto de vista, vivimos cambios intensos, mas no una revolución. Todavía hay muchas cosas del pasado, mucho lastre, que no logramos superar. La trama heredada opera como controlador del proceso y tardará tiempo para que sus logros se perciban con nitidez y se consoliden. Pero estamos viviendo tiempos de cambio. Estos se están dando, y quizá sea éste el rasgo más significativo, en libertad y en democracia, con arreglo al Estado de derecho consagrado en la Constitución de 1999”.

También el periodista se refirió a que “esos cambios tropiezan a cada instante con poderosos obstáculos. Obstáculos que colocan en el camino grupos económicos, poderes transnacionales, viejos hábitos políticos y, en general, un pasado cargado de negatividad, de revanchismo y la voluntad de garantizarse, a como dé lugar, que las cosas sigan siendo como eran”

Por último Rangel se refirió a estas leyes, al afirmar que “La facultad del Parlamento de habilitar al Jefe del Estado para dictar decretos con fuerza de ley siempre estuvo consagrada en el ordenamiento constitucional venezolano y la ejercieron los gobiernos en diferentes etapas de nuestra historia. No es una novedad y, menos aún, un golpe de Estado o una violación de la Carta Magna, como algunos lo plantean”. Afirmó también que “lo que sucede es que ahora se legisla con otro signo, con otra orientación. Pero los 26 decretos leyes aprobados por Chávez, en el marco de la habilitación que le otorgó la Asamblea Nacional, son inobjetables. La otorgó, con la mayoría requerida, la representación popular y la ejerce un Presidente electo por el pueblo”.

La oposición recurre a la misma historia

El politólogo de oposición Manuel Felipe Sierra consideró que el paquete de leyes decretado por Chávez "va en el mismo diseño de los proyectos de 2001, con las leyes habilitantes que estaban destinadas a una mayor injerencia del Estado y además lesionar la propiedad privada". Sierra advirtió que "aquí el problema no es el control del Estado de las instituciones, es la confiscación, la ocupación de los espacios sociales y por eso se habla de un neototalitarismo, que es distinto a la dictadura política".

Además agrego que “que el mandatario venezolano, tras decretar la semana pasada leyes que fueron rechazadas en el referendo de 2007 sobre una reforma constitucional, inició nuevos pasos para implementar el socialismo en el país y lograr la reelección continua”. En coincidencia con sectores de la oposición, Sierra dijo que Chávez consumó en la práctica un golpe de Estado, con la promulgación del llamado "paquetazo" de normativas, dictado al amparo de la Ley Habilitante que le permitía legislar por decreto.

GLOBOVISIÓN, publica en su espacio de Internet declaraciones del denominado Movimiento 2D, (en referencia a la derrota de la reforma el 2 de diciembre) Citamos algunas de ellas para corroborar el mismo discurso de toda la oposición, al decir que “El Presidente de la República, con la participación del Tribunal Supremo de Justicia, han desconocido la Constitución vigente. Han pisoteado el estado de derecho; han impedido el derecho a la participación; han aplicado una sistemática estrategia de desinformación; han actuado de manera arbitraria, ilegal y contra el interés y la opinión del país”.

Aseverando en sus declaraciones que “26 leyes que el gobierno aprobó en las últimas horas, aprueban las mismas cosas y peores a las que el pueblo venezolano dijo NO el 2 de diciembre. No es otra cosa que la instauración de una dictadura. Lo que el pueblo dijo NO en las urnas, ha sido decretado por el Presidente de la República, y ha sido suscrito, violando la Constitución vigente (no me cansaré de repetirlo) por el Tribunal Supremo de Justicia.

La legalidad en los procedimientos, desenmascara la farsa de la oposición

Nuevamente los partidos políticos y voceros de grupúsculos de la oposición, sufren una derrota legal, recientemente en el tema de las inhabilitaciones de candidatos para las elecciones regionales y municipales. Ahora con intentar de mostrar un proceso viciado, en la promulgación de leyes, intentado colindar estos procedimientos, con un proceso de totalitarismo o concebir al sistema como una dictadura.

Los constantes procesos eleccionarios, han mostrado la legalidad de la elección del presidente Chávez y de la Asamblea Nacional, como también ha sido legal la separación del Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral (CNE), muchas de estas instancias han sido refrendadas por organismos internacionales. El aceptar la derrota en el referéndum de diciembre, mostró el carácter democrático del presidente Chávez, hechos que demuestran la falsedad de un gobierno antidemocrático.

Lo lamentablemente de la oposición es su falta de propuestas políticas, la falta de acuerdos de unidad entre sus fracciones, la elección a dedo de sus candidatos. El uso de campañas difamatorias, apoyados en la prensa privada, son los únicos argumentos que muestran sus propuestas, cada día más alejadas de las necesidades populares.

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